El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ordenó esta semana una serie de destituciones y relevos de cargos militares en órganos vinculados a su oficina y una amplia reforma de los comandos policiales.
Lo hizo como respuesta a la demora de policías y militares en reaccionar al asalto de las instituciones que llevaron a cabo seguidores radicales de su predecesor, Jair Bolsonaro, el 8 de enero en Brasilia.
Hasta el jueves fueron despedidos 46 militares que trabajaban en la coordinación de la administración del Palacio de la Alvorada y en el departamento de la residencia oficial.
La acción de Lula también es significativa teniendo en cuenta que la primera dama, Rosângela da Silva (Janja), denunció a principios de este mes el mal estado en el que se encontraba el palacio que dejó vacante Bolsonaro.
Esta semana también se despidió a 38 militares del GSI (Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia), un organismo con rango ministerial encargado de la seguridad del jefe de Estado y de asesorar en materia de inteligencia.
El presidente afirmó la semana pasada que la invasión del Palacio del Planalto había sido orquestada por efectivos de la policía militar y de las fuerzas armadas.
“Simplemente perdí la confianza. Cuando la recupere, vuelvo a la normalidad”, declaró al diario O Estado de Sao Paulo.
El líder brasileño también ordenó reformas en la Policía Federal (PF) y la Policía Federal de Carreteras (PRF) en varios estados, no necesariamente vinculadas al asalto de Brasilia.
Se relevó a los superintendentes de la PF en 18 estados y a los jefes de la PRF en 26 estados.
Pero, ¿qué efectos tendrán estos cambios?
La investigadora Adriana Marques, del Instituto de Relaciones Internacionales y Defensa de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), sostiene que es fundamental un proceso de desmilitarización no solo en el Palacio de la Alvorada y el GSI, sino en el gobierno en general.
Y también la reforma en la policía, aunque cree que no basta con los despidos y relevos.
«Uno de los requisitos de una democracia saludable es que los militares no tengan papel alguno en la política ni realicen más funciones que las especificadas», afirma.
«Pero estas medidas no son suficientes. Este proceso de radicalización de los militares, que se han involucrado en la política en los últimos años, no comienza con el expresidente Bolsonaro», concluye la experta.
En el caso del PF y el PRF, indica Marques, no basta con un cambio de liderazgo. Según la profesora, para revertir la radicalización política de las Fuerzas Armadas se necesitan una serie de medidas que ayuden a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Entre las medidas que puede tomar el gobierno, opina, está volver a debatir la política de defensa.
«¿Cuáles son los cometidos de las fuerzas armadas? Deben circunscribirse de tal modo que los militares se alejen de funciones que no les corresponden», asevera.
«Después de estos diez años de crisis política y con los militares asumiendo muchas funciones en el gobierno de Bolsonaro, lo que vemos es que esto ha creado en las jóvenes generaciones castrenses la idea de que tienen un horizonte profesional que va más allá de las funciones militares».
Nada nuevo en el frente
Marques descarta que haya una reacción importante a la reforma hecha por Lula, tanto en la PF como en la PRF y el ejército, porque el cambio ya se esperaba.
«Estos despidos, usando un término de finanzas, ya estaban descontados. Sabían que no iban a poder mantener sus cargos, especialmente en el caso de los nombres más vinculados al bolsonarismo», expone.
«Pero los militares mantienen la influencia sobre otras cosas, como la elección del ministro de Defensa», agrega.
La designación de José Múcio Monteiro Filho para el cargo por parte de Lula complació a los militares.
Tras un cambio de gobierno son de esperar ciertos cambios en la Policía Federal y la PRF, y Lula no fue mucho más allá de lo previsto.
El inicio de mandato, cuando el ejecutivo aún no ha sufrido desgaste, es según los analistas el momento ideal para hacer esos cambios.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, afirma, «el alto mando hasta ahora no ha dado ningún indicio de que pretenda dar un golpe de Estado» y las destituciones no han reducido la enorme autonomía que tienen los militares en Brasil, mucho mayor que en otras democracias.
Además, explica la académica, «el hecho de que las Fuerzas Armadas fueran muy suaves con los golpistas tuvo una consecuencia negativa en términos de opinión pública».
El retorno
Aunque muchos de los militares empleados en cargos civiles por Bolsonaro eran de la reserva, otros puestos fueron ocupados por militares activos y, tras las destituciones llevadas a cabo por el ejecutivo, deben volver a sus despachos originales.
Y ese es un tema problemático, considera Marques.
«Volverán al ejército y, entonces, ¿cómo será ese regreso?», pregunta la investigadora. «¿se encuadrarán estas personas dentro de las normas democráticas?»
Uno de esos casos es el del teniente coronel del ejército Mauro Cid, asistente de Bolsonaro y muy cercano al expresidente.
Tras ser destituido de la oficina presidencial por Lula debe regresar a su puesto en el ejército, pero sus fuertes inclinaciones políticas podrían comprometer su trabajo en la institución, evalúa Marques.
Cid fue imputado por la Policía Federal por fabricar desinformación que difundió el expresidente Bolsonaro.
Marques explica que supervisar que los militares cumplan con las normas democráticas no es función exclusiva del ejecutivo.
«La justicia, y sobre todo el poder legislativo, necesitan analizar con urgencia este tema. Su tarea es volver a debatir el nivel de autonomía y las prerrogativas que tengan los militares en la actual república brasileña», sentencia.
