La primera de las dos audiencias públicas e inéditas de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso Venezuela, en la que se investigan los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país durante la gestión de Nicolás Maduro, se desarrolló este 7 de noviembre.
Durante el proceso, las autoridades del gobierno venezolano afirmaron que comenzaron a investigar estos casos, mientras que la Sala Penal de la Corte afirma que tales procesos no se han llevado a cabo.
Esta audiencia pública , que se realiza por primera vez en la historia de la CPI, se debe a la apelación de Venezuela contra la decisión previa de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que en junio de este año autorizaron la reanudación de la investigación en Venezuela.
En esta audiencia oral se encuentran la Fiscalía de la CPI, los representantes del gobierno de Venezuela y la Oficina del Defensor Público para las Víctimas.
En Efecto Cocuyo te dejamos una recopilación de los alegatos de la Fiscalía, el Estado y las víctimas durante este primer día de audiencia.
➡️Gobierno dice que Fiscal de la CPI no proporcionó información
Durante las intervenciones, que se realizan en La Haya (Países Bajos), la defensa de Venezuela aseguró que el Estado tiene el derecho de investigar internamente y que, según el abogado defensor que designaron para esta audiencia, el fiscal de la CPI, Karim Khan, no proporcionó información sobre los crímenes que investiga.
Afirmaron que la notificación enviada a Venezuela en el año 2021 no contaba con información suficiente, no incluía fechas, número aproximado de las víctimas y los grupos responsables de estos casos.
“No había información suficiente para que Venezuela diera una respuesta acorde”, sostuvo la defensa del Gobierno de Venezuela.
Añadieron que los crímenes que la Fiscalía propuso investigar y los mencionados en la notificación de 2021 no son los mismos. Para el defensor del gobierno resulta insostenible una respuesta por parte de Venezuela cuando solo ha recibido “un listado de los crímenes que se pretenden investigar”, dijo el jurista ante los jueces de la Corte.
Los representantes del Estado indicaron que, tras la falta de información detallada, no se ha podido establecer un diálogo entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte. Indicaron que en el año 2021 la Fiscalía anunció que ya habían tomado una postura “sin haber entablado un diálogo con el Estado”.
“El Fiscal, luego de su primera visita, anunció que cerraban la investigación preliminar e iniciarían una investigación formal”, dijo la representación del Estado.
Ante los cuestionamientos de la parte acusada, una representante del panel de jueces preguntó si en el país se han realizado las investigaciones para determinar si se han cometidos crímenes sistemáticos y generalizados que podrían considerarse como de lesa humanidad.
La respuesta por parte de Venezuela fue que el Estado “ha investigado a profundidad” los crímenes señalados por el Fiscal de la CPI.
➡️Fiscalía desmiente argumentos de Venezuela en la audiencia
Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía de CPI refutaron los señalamientos en su contra y replicaron que la situación no es como la describe la defensa del Estado venezolano.
“La notificación debe tener información suficiente sobre los parámetros de la investigación, pero no detalles sobre los casos investigados”, sostuvo la Fiscalía ante los argumentos del gobierno.
Sustentó que la información suministrada al Estado venezolano no eran suposiciones, sino información muy específica a la que pudo dar respuesta, de fechas, alcance geográfico y tipos de crímenes de lesa humanidad.
Las representantes de Khan añadieron que el objetivo de la notificación es proporcionar los parámetros generales para que el país pueda solicitar un aplazamiento.
“Es el Estado quien debe demostrar que están realizando las investigaciones de los crímenes indicados”, especificaron.
La Sala no solicitó a los representantes de Venezuela identificar a los sospechosos de perpetrar presuntos crímenes de lesa humanidad.
“Se notó que había varios sospechosos sin identificar y se tomó como un indicio de si Venezuela había iniciado sus investigaciones”, explicaron.
Durante la audiencia, los jueces preguntaron a la Fiscalía y a la Defensa de las Víctimas cuáles eran los fundamentos legales ante ambas posturas y la Fiscalía respondió que existe jurisprudencia, citando al caso de Filipinas, donde se establece que las notificaciones solo deben proporcionar información general, aun cuando tenga como propósito informar a la comunidad internacional, porque dar información específica pone en riego a las víctimas.
“Se hacen evaluaciones periódicas para determinar si las investigaciones realizadas por el Estado son equiparables, de no ser así la investigación es realizada por la CPI”, mantuvo la Fiscalía.
➡️Defensa de las víctimas dice que Venezuela no investiga ni investigará
Las víctimas tuvieron su representación por parte de la Defensa Pública de la CPI, que alegó que no es necesario que la Fiscalía suministre en la notificación información detallada, porque surgirá a medida que se realice la investigación.
Tras los argumentos de la representación de los afectados, una de las jueces preguntó cuáles eran los temas que consideraban que Venezuela no había investigado debidamente.
La Defensa de las Víctimas enfatizó que “Venezuela no investiga ni investigará” los crímenes hacia sus familiares y amigos.
Insistieron que durante esta etapa de la investigación, el Fiscal solo debe identificar grupos y no individuos.
“Los procedimientos en esta etapa no requieren una simetría entre los casos notificados y los investigados. Solo es necesario que sean el mismo tipo de crímenes. Venezuela sabía cuál era el alcance de las investigaciones del Fiscal y entendió que debían iniciar las investigaciones”, alegaron.
Recordó que durante esta etapa de la investigación el Estado venezolano debe mostrar información tangible sobre las investigaciones que ha realizado y debió responder con información sobre las acciones tomadas, no de las acciones que según ellos van a tomar.
La Defensa Pública de las Víctimas sostuvo que Venezuela realizó investigaciones limitadas y que el Estado debió demostrar que las investigaciones que sus indagaciones internas equivalían a las que realizaría el Fiscal de la CPI.
“Las víctimas consideran que los elementos contextuales son vitales para determinar los crímenes de lesa humanidad. Si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas”, indicaron.
➡️ Quién representó al gobierno
Además de contar con un bufete de abogados especialistas en la CPI, el gobierno de Nicolás Maduro estuvo representado en la audiencia por el canciller, Yván Gil; el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe y y Karen García de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
El abogado que defendió a Miraflores fue el británico Ben Emmerson. Infobae destaca que tiene 25 años de experiencia en derecho internacional europeo, derecho público internacional y derecho penal.
En el pasado defendió a quien era considerado el líder espiritual de Al Qaeda,Abu Qatada; y al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Su carrera incluye seis años como relator especial de la ONU para los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo entre 2011 y 2017.
