La acusación constitucional por peculado contra el presidente Guillermo Lasso, que fue la única que aprobó la Corte Constitucional, hace referencia al manejo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) una de las empresas públicas más grandes, que tiene el monopolio del transporte del crudo ecuatoriano. En 2021, la Contraloría encontró una serie de irregularidades cometidas en el gobierno de Lenin Moreno, que no habrían sido corregidas por Lasso a pesar de denuncias públicas.
La posibilidad de que Guillermo Lasso haya facilitado un peculado por omisión, al no haber intervenido a tiempo en el manejo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) en donde se había denunciado un contrato de asociación con navieras internacionales que perjudicaría al Estado, fue la única causal que la Corte Constitucional consideró creíble en el pedido de juicio político que adelanta la oposición en la Asamblea Nacional.
Las denuncias del ex gerente de la Flopec, Jhonny Estupiñán, quien habría sido removido de su cargo, ya en esta administración, por intentar terminar un contrato que sería lesivo para el país, firmado en tiempos de Lenin Moreno, no habrían sido atendidas oportunimente por este Gobierno y ello podría conducir a la responsabilidad política de Lasso.
Uno de los elementos que se han presentado como prueba de que se ha cometido un perjuicio contra el Estado, por lo menos desde 2018, con el manejo de los buques de la Flopec, es un informe emitido por la Contraloría en noviembre de 2021, en donde se consigna un examen especial realizado a las operaciones de la Flopec con navieras internacionales y brokers del extranjero, para la contratación de buques bajo el esquema conocido como fletamiento por tiempo (en inglés time charter) que consiste en arrendar buques tanqueros para el transporte de petróleo y derivados, que no necesariamente forman parte de la flota propia de la Flopec.
Según la página web de la Flopec, actualmente cuenta con cinco buques propios: el Zaruma y el Pichincha, de tipo Aframax, el Zamora y el Santiago de tipo Handimax (más pequeños que los anteriores) y el Aztec, del tipo intermedio Panamax. Estas cinco naves no serían suficientes para el volumen de crudo y derivados que maneja el país, por lo que han justificado el arrendamiento de 14 naves más.
Además, la Flopec contrató también naves del tipo Medium Range (MR) que son más pequeños que los Aframax y pueden transportar hasta 80 mil toneladas de combustible.
El informe, que comprendió el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, analizó los montos que pagaba la Flopec por el uso diario de buques tanque de gran tamaño, y encontró algunas irregularidades entre las tarifas del mercado y las que había pagado la Flopec. Además, analizó la firma de un adendo con una empresa off shore conocida como Amazonas Tanker, en el cual se regulaban las ganancias por el transporte de petróleo y el arrendamiento de barcos. Según la Contraloría, una renegociación que había tenido lugar en ese año significó un perjuicio de por lo menos USD 6.1 millones para el Estado, que es el propietario de la totalidad de las acciones de la Flopec.
El informe de la Contraloría analizó básicamente los contratos de arrendamiento de 14 barcos tanqueros de gran calado, así como la creación del pool Amazonas Tanker y la forma en la que Flopec se asoció con inversionistas y navieras extranjeras, que según un reporte del portal Periodismo de Investigación, están asociados realmente a la empresa de origen ruso Grunvor, una de las multinacionales cercanas al régimen de Vladimir Putin que actualmente sufre sanciones internacionales al igual que otros capitales rusos.
Una herencia del estatismo de la dictadura militar
Creada en 1972 durante la dictadura de las Fuerzas Armadas, la Flopec es una herencia de la época del estatitismo militar. Es una empresa cuyo fin es el monopolio estatal del transporte del petróleo ecuatoriano hacia el exterior, que en cierta época dependió totalmente de la Armada del Ecuador. Desde marzo de 2012 es una empresa pública civil y su sede principal está en Esmeraldas, donde se encuentra el terminal petrolero de Balao.
Durante el año 2020, que fue examinado por la Contraloría, la Flopec manejó por lo menos USD 71´ 050 786,19, de los que USD 38´329 698,30 correspondieron a los contratos de arrendamiento de buques bajo la modalidad de time charter, y USD 32´721 087,89 fueron usados en gastos relacionados con la asociación conocida como Amazonas Tanker, una empresa off que no tiene presencia física en el Ecuador.
La Contraloría observó el contrato pero el actual gobierno lo mantuvo.
