En teoría, la correlación de fuerzas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 3 a 2, a favor del chavismo, con la designación del hasta ahora contralor general, Elvis Amoroso; la exsecretaria del Parlamento de 2020, Rosalba Gil, y el ratificado Carlos Quintero como rectores principales.
Los rectores relacionados con la oposición son Aimé Nogal (Un Nuevo Tiempo) y Juan Carlos Del Pino (Acción Democrática).
Organizaciones dedicadas a la veeduría electoral como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), consultadas por Efecto Cocuyo, señalan que el artículo 296 de la Constitución establece que el CNE «estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos» y que no basta con renunciar unos días antes a un partido porque se sigue siendo simpatizante y el vínculo y los «intereses» permanecen.
«Se vuelve a hablar de un 3 a 2 como el CNE de 2021 y los cinco rectores (principales) tienen que ser imparciales, eso es un pecado original que se arrastra desde hace un tiempo, los rectores no pueden estar parcializados ni a favor del gobierno ni de la oposición para que puedan ser neutrales en la organización de un proceso electoral. Al final el CNE que resultó no es lo mejor para el país», sostuvo el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Avalos.
«No genera confianza»
Tras un proceso que duró poco más de dos meses, este 24 de agosto, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 designó a los cinco rectores principales y suplentes del ente comicial. Como rectores suplentes fueron nombrados Antonieta D´ Stefano, Tulio Ramírez (postulado por el Foro Cívico), Ana Julia Niño, Leonel Parica, Gustavo Vizcaino (director del Saime), Francisco Garcés, Conrado Pérez (disidente de Voluntad Popular) y Aura Hernández al igual que Imad Saab Saab y el general Fabio Zavarse.
Para el sociólogo, la designación de Amoroso, quien ha ejecutado las inhabilitaciones políticas contra aspirantes a Miraflores como María Corina Machado y Henrique Capriles, «busca» lo contrario a generar confianza en el electorado venezolano.
«La señal (con designación del CNE) es equivocada e inadecuada para el electorado venezolano, no contribuye a la solución de la crisis que es muy grave, para que pueda ser resuelta mediante elecciones y haya convivencia social, que las autoridades que se deriven de los próximos procesos electorales sean aceptadas y gobiernen para todos», expresó.
Señaló que la oposición tiene ante sí el reto de lograr la unidad y la organización necesarias para acudir a las elecciones presidenciales de 2024 como lo hizo en las parlamentarias de 2015, cuando lograron la mayoría de la AN, a pesar de los obstáculos que se encuentren en la ruta. Indicó que una de las claves es estar presentes en cada fase del proceso electoral, antes, durante y después con testigos y miembros de mesa suficientes y bien preparados.
«Inconstitucional e ilegal»
La coordinador nacional de contraloría electoral de Súmate, Nélida Sánchez, recalcó que el nombramiento del nuevo CNE es «inconstitucional e ilegal», porque no solo se pasa por alto la independencia partidista que deben tener los miembros del ente comicial, sino por otras irregularidades ocurridas antes y durante la designación.
La integrante de Súmate advirtió que el rector Carlos Quintero fue postulado por la sociedad civil, pero fue designado en representación del Poder Ciudadano, mientras que con Gil fue al revés. También fueron designados por un sector distinto al que postuló Aura Hernández, Imad Saab Saab, Fabio Zavarse y Gustavo Vizcaíno.
Hernández fue postulada por el Poder Ciudadano pero designada por el sector universidades, mientras que Saab Saab y Zavarse fueron postulados por sector sociedad civil y nombrados por el del Poder Ciudadano, lo cual viola además del artículo 296 constitucional y los artículos 24 al 26 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), según Súmate.
Elvis Amoroso también fue designado por el sector de la sociedad civil, al igual que Aimé Nogal. De acuerdo con el artículo 296 constitucional, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi), que son instancias claves del organismo, deben ser presididas cada una por un integrante postulado o postulada por la sociedad civil, que son los casos de Amoroso, Gil y Nogal.
Sánchez recuerda como «tradición» que un rector vinculado con la oposición presida la Copafi, cargo que ostentaba el hasta ahora rector y vicepresidente del CNE, Enrique Márquez
«Si bien este CNE es inconstitucional e ilegal queda en su desempeño la legitimidad, debe permitir la apertura del Registro Electoral por ejemplo y que no solo sea un CNE que actúe como brazo del Ejecutivo» añadió.
¿Comité de Postulaciones hizo un buen trabajo?
Tanto el OEV como Súmate alertaron sobre una serie de omisiones en los que habría incurrido el Comité de Postulaciones Electorales para «apurar» la conformación del nuevo CNE, vulnerando artículos de la normativa electoral. El pasado 10 de agosto, la instancia entregó a la plenaria una lista de 104 elegibles, con lo que demoró solo 56 días en evaluar las postulaciones, comparado con 99 días que se tomó el Comité para el CNE de 2021.
El artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) señala que dentro de los 20 días continuos al vencimiento del lapso de postulaciones (27 de julio, con prórroga de nueve días incluida) el Comité debe verificar que las postulaciones cumplan con los requisitos de ley y publicar en dos diarios de circulación nacional los nombres de los candidatos al CNE.
La única lista de postulados al CNE que publicó el Comité en las redes sociales del Parlamento y en su página web tiene fecha 31 de julio y está compuesta por 153 nombres, que luego bajaron a 132 para 1 de agosto: posteriormente a 121 nombres el 4 de agosto y finalmente a 104 candidatos para el 8 de agosto. No se supo quiénes iban quedando excluidos del proceso.
El 4 de agosto, el vicepresidente de la instancia, José Gregorio Correa, indicó que ya había culminado la fase de entrevistas a los aspirantes al CNE y que la lista sería reducida a 45 postulados, lo cual no ocurrió.
El artículo 27 de la LOPE establece que publicada la lista de elegibles hay 6 días continuos para las objeciones, mientras que el 28 indica 6 días más para que el objetado tenga derecho a la defensa. Súmate advirtió que estas fases no se podían hacerse de forma simultánea.
«¿Cuándo transcurrieron las fases de objeciones y de descargos? ¿Dónde se publicó el formato establecido para las objeciones? ¿Cómo se comunicaron horarios y lugar para consignar las objeciones? No fue lo suficientemente informado a la opinión pública cómo, cuándo y dónde ejercer esta parte del proceso», dijo el OEV, entre otras objeciones al proceso.
