La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó, la semana pasada, el pedido de Venezuela de “responder a la respuesta de la Fiscalía al Recurso de Apelaciones hecho por el Estado” y fijó para los próximos 6 y 7 de noviembre una inédita audiencia para escuchar a las partes exponer sus argumentos.
La Sala utilizó la potestad que le da la normativa de la Corte, para realizar, por primera vez, una audiencia oral donde la representación del Estado y también los de las víctimas tendrán oportunidad de exponer sus alegatos durante el proceso de apelación.
Alí Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y codirector de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, señala que las convocatorias a estas audiencias son la parte más interesante de la sentencia que emitióla Sala de Apelaciones de la CPI.
“Más allá de que el Gobierno -una vez más- perdió una solicitud ante la Sala, será la primera vez que en una audiencia oralmente las partes expresen su opinión”, sostuvo Daniels durante entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.
El abogado resaltó que en el caso venezolano está pendiente la presentación del informe de las víctimas de violaciones de derechos humanos que se ejecutará la semana próxima, y este sería el último paso para culminar el proceso de apelación.
Daniels expresa que durante estas audiencias, que se celebrarán en el mes de noviembre, las partes deben ser más precisas, a pesar de que no tendrán limitaciones de tiempo.
A diferencia de los informes escritos en las audiencias orales, las partes deben explicarles a los jueces de la manera más resumida cuáles son sus argumentos, y esto puede hacer que la Sala tenga más claridad de cuáles son las posiciones del Gobierno, de la Fiscalía y de las víctimas.
Participación de las víctimas
“La Sala dijo que en esa audiencia van a poder participar las víctimas a través de representantes legales; es decir, no es que van a hablar las víctimas directamente, sino que será a través de un representante; eso es muy importante porque será la primera vez que en un proceso de apelación las víctimas se dirijan cara a cara, porque lo han hecho, pero a través de escritos”, afirma.
Explica que incluso los jueces pueden preguntarle directamente a las víctimas o a sus representantes legales. “Por eso le estamos dando tanta publicidad, es una situación inédita en favor de las víctimas, que por primera vez van a poder contarle las cosas a los jueces en una audiencia”, reitera.
Lo que viene en la CPI
Daniels señala que antes de Venezuela hay dos casos parecidos, en el sentido procesal, que se llevaron a la Corte (Afganistán y Filipinas). En ambas situaciones los gobiernos de esos países, al igual que el de Venezuela, apelaron a la decisión de la Sala.
Durante el proceso penal de Afganistán, la Corte dictó sentencia de manera ordinaria e hizo pública la decisión mediante un escrito; durante el proceso de Filipinas se convocó a una audiencia para hacer pública la sentencia.
Daniels deja claro que, aunque las audiencias que se celebrarán en noviembre son un hecho novedoso en la historia de la CPI, no quiere decir que la Corte esté haciendo algo incorrecto o que se esté inventando algo; las reglas de prueba del organismo internacional permiten que cuando la Corte lo considere pueda convocarse una audiencia.
“La audiencia es totalmente apegada a la normativa, lo que pasa es que nunca había ocurrido y es lo novedoso, dándole más voz a las víctimas”, comenta.
Qué busca la Corte con estas audiencias
Para el abogado, la CPI quiere que públicamente se sepa cuáles son sus argumentos y las dudas, ya que ha habido planteamientos amplios y diversos tanto por parte del Gobierno como de la Fiscalía.
Durante el proceso la Sala puede plantearles sus dudas a las partes y también puede preguntarle al Estado que aclare situaciones que se hagan públicas. Puede preguntarle a la Fiscalía que aclare cosas a las que alude y del mismo modo puede preguntar a las víctimas.
“Entonces eso puede facilitar, dado que en esa audiencia se van a explicar mejor las cosas que se plantean por escrito, eso podría dar lugar a que la sentencia pueda darse mucho antes de lo que esperásemos, porque ya la Corte va a tener una idea mucho más clara luego de la audiencia, sobre cuáles son las razones de las partes y poder estar en capacidad de dictar una sentencia más prontamente de lo que hubiese sido normal en otra circunstancia”, añade.
Aunque se desconoce si la audiencia será pública, Daniels, señala que durante el proceso en Filipinas la convocatoria fue pública y espera que las audiencias de Venezuela también sean de carácter público.
Qué pidieron las ONG
Daniels agrega que defensores de derechos humanos pidieron que durante la presentación haya traducción al español, ya que la barrera del idioma es uno de los grandes problemas que se tienen con la CPI.
“Los idiomas de trabajo de la CPI son inglés y francés, cosa que respetamos, pero creemos que en este caso la audiencia debería contar con un servicio de traducción simultánea vista la trascendencia de lo que se va a hablar allí y de la importancia que tiene el caso para una población que no habla inglés y que tiene derecho a saber en tiempo real que fue lo que allí se dijo”, agrega.
