El fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, imputó a 14 militares venezolanos por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014, a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de Derechos Humanos.
VOA | Carolina Alcalde
Venezuela vivió, por varias semanas a inicios del 2014, multitudinarias protestas antigubernamentales que fueron reprimidas con “uso brutal de la fuerza”. Decenas de personas “que no estaban armadas” e incluso “transeúntes”, fueron detenidas y muchas sufrieron “abusos que incluyeron golpizas violentas, descargas eléctricas, quemaduras” y/o fueron obligadas a mantenerse “arrodilladas, sin moverse, por varias horas”, precisa Human Right Watch (HRW).
La causa fue abierta con base en el principio de la jurisdicción universal que, según Naciones Unidas, “confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima”.
Es considerada una de las herramientas “primordiales” para garantizar la prevención de las “graves violaciones” del derecho internacional humanitario o la aplicación de “sanciones penales pertinentes”, en caso de que ocurran, de acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“De conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949, los Estados partes tienen la obligación de buscar a los infractores sospechosos de violaciones graves independientemente de su nacionalidad y del lugar donde tuvo lugar la presunta infracción, y deben hacerlos comparecer ante los propios tribunales o entregarlos a otro Estado parte para que se los juzgue”, precisa el CICR.
A finales de junio la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”. El gobierno del presidente Nicolás Maduro formalizó la apelación de la decisión
¿Quién es el fiscal que abrió la causa?
Stornelli es un abogado de 63 años con veinte años al frente de la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional Federal número 4 de Argentina, que entre el 2007 y el 2010 fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Ha presidido investigaciones judiciales contra la ex mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno, y también se vio involucrado en un escándalo de presunta extorsión.
¿Quiénes son los militares?
El diario El Clarín de Argentina publicó los nombres de los catorce efectivos militares investigados, entre ellos un ex gobernador oficialista.
-Mayor General Justo José Noguera Pietri, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014
Hasta el 2021 fue gobernador del estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Fue comandante general de la Guardia Nacional entre el 2013 y 2014. Posteriormente pasó a situación de reserva activa (retiro), pero ha ocupado “importantes cargos” en la región de Guayana, precisa la Asociación Civil Control Ciudadano, dedicada a la contraloría de sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá lo han sancionado por ser presuntamente responsable del “deterioro de la situación en Venezuela” y por ser considerado “de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
-General de Brigada Arquímedes Herrera Ruso, comandante de la región N* 2 de Carabobo en 2014
Ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de secretario de Seguridad del estado Carabobo. Según el portal Poderopedia, estuvo al frente de los militares que “atacaron” a la población civil que protestaba entre febrero y mayo del 2014 en la ciudad de Valencia.
Maduro señalado de orquestar plan para reprimir a la disidencia en Venezuela
-General de División José Dionisio Goncalves Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo en 2014
-Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, estado Carabobo en 2014
-Teniente coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, comandante del Destacamento N*24 de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014
-Teniente Luis Amaya Chirino
-Sargento segundo José Urdaneta Urdaneta
-Sargento segundo Jhonny Mallarino Miranda
-Sargento segundo Luis Reyes González
-Sargento segundo Jorvy Pennaloza Ramírez
-Sargento segundo Roger Alejo Durán
-Sargento primero Johan Ramírez Hernández.
