José Raúl Mulino asumió este lunes como presidente de Panamá con la vista puesta en la migración y la economía, que depende en gran medida del canal interoceánico que atraviesa el país centroamericano.
Mulino, quien tomó posesión para el quinquenio 2024-2029, afirmó en su discurso tras asumir el cargo que Panamá “no será más de tránsito” de los migrantes sin papeles que tratan de llegar a Estados Unidos cruzando la selva del Darién desde Colombia.
“No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con él narcotráfico y él tráfico de personas. Ese dinero, producto de lucrarse de la desdicha humana, es un dinero maldito”, declaró.
Mulino ha propuesto repatriaciones masivas de migrantes irregulares y tiene previsto firmar este mismo lunes, durante los actos de investidura, un acuerdo de cooperación sobre este asunto con Estados Unidos.
Más de 195.000 migrantes, la mayoría venezolanos, han cruzado el Darien en lo que va de año y en 2023 se registró una cifra récord de 520.000, según datos oficiales.
En materia económica, el nuevo presidente de Panamá prometió sacar al país «del atolladero donde lo dejaron por los excesos, irresponsabilidad y malas decisiones del gobierno, más bien, la ausencia de gobierno».
Mulino se comprometió a «seguir acabando con los focos de corrupción del Estado» y dijo que «no habrá dinero público para botellas ni gastos indiscriminados» y «tampoco para contratos mal concebidos en beneficio de selectos grupos».
Delfín de Martinelli
Su llegada al frente del país puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos y, al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral, se comprometió a formar «un gobierno de unidad nacional lo antes posible».
«Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido», dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente indicó incluso en campaña que piensa «ayudar» al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el nuevo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
«Leal al expresidente»
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron «Stalin», según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en Derecho y Ciencias Políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un despacho de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la «cruzada civilista», un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de «mano dura», ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como «preso político», siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido «Cambio Democrático» con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido «Realizando Metas» que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es «quizás la figura más popular del país», Mulino «no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente», dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
«Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día», tuiteó Mulino en marzo.
El domingo de la jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del «Partido Revolucionario Democrático» (PRD), y con el sistema político en general.
Promesas en economía
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta «es una minoría consolidada», señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
«Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte», le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El nuevo presidente ofreció pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que «las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento» del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de «mano dura» de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el nuevo presidente empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
«En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones».
