El martes 1 de agosto, seis sindicalistas presos políticos, fueron condenados a 16 años de prisión por el Tribunal 2° de terrorismo en Venezuela. Estas personas fueron acusadas de conspiración y asociación para delinquir por protestar y exigir derechos laborales y salarios justos a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Los condenados son Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortes, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo. Estos ciudadanos, junto con sus familiares y organizaciones de derechos humanos, sostienen que son inocentes y que fueron sometidos a un juicio injusto.
¿Quiénes son los nuevos presos políticos con sentencia?
Alcides Bracho es un profesor y artista plástico que antes de su detención era activista sindical en el magisterio venezolano y defensor de los derechos salariales del sector.
Gabriel Blanco, por su parte, era trabajador humanitario y defensor de los derechos humanos.
Emilio Negrín es presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial.
Reynaldo Cortes es secretario general regional del partido político Bandera Roja.
Alonso Meléndez, también militante de Bandera Roja, ejercía el activismo sindical antes de su detención.
Néstor Astudillo, otro militante de Bandera Roja, Luchador social activista de Charallave.
La Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas en Venezuela. Los trabajadores responsabilizan a este organismo de crear un tabulador para el pago de las nóminas, bonificaciones y primas, y afirman que la Onapre ha sido responsable de la disminución de sus ingresos al no cumplir con los términos acordados en las contrataciones colectivas.
¿Criminalizar la protesta?
Estas condenas han generado preocupación y críticas por parte de familiares de los sindicalistas, así como de organizaciones de derechos humanos. Se argumenta que estas personas han sido criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta y a la defensa de los derechos laborales.
El gobierno de Nicolás Maduro ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de organismos internacionales y de la sociedad civil. Esto debido a la represión y persecución de la disidencia política y de los defensores de derechos humanos en el país. La condena de estos sindicalistas se suma a la lista de casos en los que se cuestiona la imparcialidad del sistema judicial y la violación de los derechos fundamentales en Venezuela.
La lucha por los derechos laborales y salarios justos es una demanda legítima de los trabajadores en cualquier sociedad. La criminalización de los sindicalistas y la imposición de largas condenas de prisión solo contribuyen a la erosión de los espacios democráticos y al debilitamiento de la libertad de expresión y asociación en el país.
¿Y El Aissmi qué?
Mientras esta sentencia se dictamina contra 6 dirigentes de la lucha social, gremial y sindical, en las redes sociales se pregunta que es de la vida de Tarek El Aissami, expresidente de PDVSA. Recordemos que su entorno ha sido preso por estar involucrados en un desfalco al país. Este ha sido calculado oficialmente en casi 6 mil millones de dólares y extraoficialmente en más de 21 mil millones.
Así lo ha expresa el politólogo, psicólogo social, profesor universitario, expreso político y director general de Punto de Corte.
“Mientras condenan a los 6 #LuchadoresSociales Tarek El Aissami y todos los que han desfalcan al país siguen impunes. Luchar por salarios dignos es un crimen para el madurismo…”
