Los cuerpos de los caninos hallados en un contedor en Los Teques fueron llevados por los funcionarios del Cicpc a la morgue del hospital Victorino Santaella, y posteriormente a la de Bello Monte, en Caracas, para determinar las causas exactas de muerte.
Una inspectora de la UPA Guaicaipuro, quien pidió resguardar su identidad, indicó a El Diario que en las revisiones superficiales hechas por veterinarios de la unidad, no hallaron ningún tipo de señal de violencia o maltrato. Tampoco hay indicios de que hayan sido envenenados.
La inspectora sospecha que los perros pudieron haber muerto por enfermedad, pues en uno de los cadáveres se observó una coloración amarilla en las encías, prueba de una condición hepática previa. Aclara que las autopsias en la morgue podrán determinar si se trató de alguna enfermedad contagiosa que afectó a toda la manada.
Confirmó que todos los nueve perros eran domésticos, de razas como poodle, chiguagua, cocker, bulldog inglés, schnauzer y pastor malinois, entre otros. Destacó que todos eran cachorros, siendo los más grandes observados en el video, de un estimado de seis meses de edad. “Probablemente la situación se les fue de las manos y los perros se murieron sin que pudieran hacer nada. Son razas muy costosas como haber sido algo deliberado”, comentó.
La protectora de animales opinó que, a su juicio, puede tratarse de un caso proveniente de un criadero de perros o un consultorio veterinario clandestino. Como pruebas argumenta que se encontraron vías intravenosas en algunos cuerpos, así como el mismo adhesivo usado por muchos profesionales, incluidos los de la UPA. También que las bolsas estaban marcadas con etiquetas con el peso de los animales, nombres, y diferentes fechas como el 23 de octubre de 2021 o el 13 de noviembre. Razón también por la cual los cuerpos mostraban haber sido refrigerados por varios días.
¿Cuál es la pena por el asesinato de animales en Venezuela?
La funcionaria de la UPA indicó que ya el Ministerio Público, en coordinación con el jefe de la Delegación Municipal Los Teques del CICPC, Oswaldo Jiménez, realizan todas las investigaciones pertinentes para encontrar a los responsables del hecho. Aunque se determine en las autopsias que la muerte de los caninos haya sido por enfermedad, aclara que por la forma en que fueron desechados y la negligencia en su asistencia, se puede considerar como un acto de crueldad animal muy grave.
De acuerdo con la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, en su artículo 73, las sanciones para infracciones muy graves que contemplen crueldad animal se pagan con entre 71 y 100 unidades tributarias (UT). Esto aplica para cualquier caso de maltrato que lleve a la muerte del animal, esterilización o sacrificio sin dolor practicado sin control facultativo o el comercio ilícito de animales domésticos. También contempla otros delitos como la organización de peleas para perros o su uso para tráfico de drogas.
No obstante, dada la situación económica actual de Venezuela, la sanción resulta insignificante, al equivaler apenas a una multa de entre 1,42 a 2 bolívares. En este sentido, la Fiscalía puede optar por aplicar el artículo 478 del Código Penal para buscar una sanción mucho más acorde. Este establece: “El que sin necesidad haya matado un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo inutilice, será penado por acusación de la parte agraviada, con arresto de ocho a cuarenta y cinco días”.
En caso de tratarse de un establecimiento clandestino, el artículo 72 de la Ley de Protección de la Fauna fija multas de entre 40 y 70 UT (Bs. 0,8 a 1,4). Esto bajo los conceptos de evaluación y control sanitario de animales por personas sin acreditación, y prescripción o aplicación de tratamiento médico sin estar facultado legalmente.
Foto: Jordan Flores
