Emir Ramírez huyó antes de que sus padres, un hermano y un tío murieran presuntamente a manos de uniformados venezolanos. A salvo de las balas, en el municipio colombiano de Arauquita, describe con rabia las fotos de su familia asesinada, algunos con botas y armas desconocidas para él. “¿Por qué los asesinaron?”, preguntó impotente este comerciante de 26 años. Ramírez defiende sin reservas la inocencia de los suyos, una familia colombo-venezolana. “¡No eran guerrilleros (…) Eran las personas más humildes del mundo!”.
El 21 de marzo cuando estaban en la casa familiar en La Victoria, en el estado fronterizo de Apure, estallaron combates entre fuerzas oficiales de Venezuela y guerrilleros.
Pese a que el conflicto colombiano ha ardido siempre en sus narices, nunca antes los pobladores habían vivido algo parecido, relató.
Ramírez temió por la vida de su esposa y huyó con ella en canoa por el río Arauca hacia el lado colombiano, donde tiene más familia y un hijo de siete años. En vano intentó persuadir a sus padres de acompañarlo.
Unas 5.000 personas también llegaron a Arauquita para estrenarse como refugiados de la violencia, forzados a malvivir bajo carpas en coliseos, en plena pandemia.
Hasta el 1 de abril el ministerio de Defensa chavista había informado de 9 “terroristas” y 4 uniformados fallecidos, así como más de 30 detenidos.
El régimen de Nicolás Maduro culpa a su vecino de descuidar los 2.200 km de frontera y permitir la expansión de grupos armados.
Pero Colombia y la oposición venezolana aseguran que Caracas pretende con esta ofensiva ayudar a guerrilleros disidentes colombianos en la lucha que libran con otra facción por el control del narcotráfico. Ambos grupos se marginaron del pacto de paz de 2016 con las extintas FARC.
Investigación en curso
El jueves 25 cayeron los familiares de Emir. Y la misma noche, un conocido le mostró en el celular fotos de los cuerpos de su padre Emilio (42 años de edad), su madre Luzdary (40 años), su hermano Uriel (17) y su tío Yanfran (22), vestidos de verde militar y armados.
“La primera foto que yo veo es la de mi mamá, con una pistola al lado tirada en el piso. Con unas botas que, ¡por favor!, unas botas dizque de guerrillera”, recuerda incrédulo.
En la siguiente imagen, su padre yace con botas, pantalón verde y “una pistola al lado”. Ramírez se desespera mientras avanza en la descripción. “Y veo otra foto de mi hermano con una granada al lado. Diecisiete añitos que él tenía”.
La AFP verificó que las fotografías no aparecieran en registros anteriores al 26 de marzo, y dos de sus fotógrafos revisaron que no fueran manipuladas.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, ordenó una investigación sobre presuntas “retenciones arbitrarias, agresiones y saqueos” durante la ofensiva. Pero no ha respondido a un pedido de la AFP sobre el caso de los Ramírez.
En Arauquita la versión de Emir cobra fuerza.
Cuatro personas que también huyeron y aseguran haberlos conocido los describen como una familia de campesinos “sin historias” (líos). Sus testimonios coinciden en que fueron fuerzas especiales uniformadas de negro las que irrumpieron en La Victoria.
¿Cuerpos manipulados?
Una mujer de 25 años que pidió ser llamada Carla, por temor a ser identificada, reconstruye los días que precedieron la muerte de los Ramírez.
“Empezamos a sentir unos tiros horribles, atroces. Los niños gritaban, se metían por debajo de las camas (…), luego el helicóptero bajó y pude ver que era una persona uniformada”, afirmó.
Carla aseguró que conocía a la familia asesinada hace cinco años: “Eran unas de las personas más humildes que yo pude haber distinguido”. A Emilio “nunca le vi una actitud agresiva, nunca lo vi portando un arma”.
La AFP pidió a Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal en Colombia, su opinión sobre las imágenes de la familia abatida. Este experto forense investigó ejecuciones de civiles a manos de militares colombianos que los hacían pasar por guerrilleros en el megaescándalo conocido como “falsos positivos”.
Para el analista forense, los cuerpos fueron dispuestos para que aparecieran “boca arriba, con un arma pegada a la mano” en un mismo “patrón de simulación”.
En el caso de Uriel, el adolescente de 17 años, se ve una granada cerca. Pero una mancha de sangre en su costado evidencia que “lo arrastraron” y que su brazo “tiene una fractura en el húmero”, causada probablemente en vida, lo que impedía que pudiera agarrar el objeto.
Tanto la ONU como diferentes ONG han denunciado graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública en Venezuela.
Los cuatro cuerpos fueron enterrados en Arauquita. Emir espera el resultado de la necropsia mientras clama: “¡Quiero justicia, quiero que se limpien los nombres de ellos!”.
