El régimen chavista de Venezuela está buscando inversionistas privados para inyectar fondos en empresas estatales vitales pero paralizadas, décadas después de apoderarse de ellas en nombre del socialismo.
Por Regina García Cano | The Associated Press
El lunes, el régimen tiene la intención de ofrecer participaciones del 5% al 10% en empresas que van desde proveedores de servicios de telefonía e internet hasta un productor petroquímico. En otro país, esas industrias podrían ser objetivos atractivos para los inversores, pero quedan dudas sobre quién estaría dispuesto o podría asumir una posición minoritaria en las empresas venezolanas que han sufrido años de negligencia y mala gestión.
Se suma al misterio la falta de detalles proporcionados por el chavismo sobre la venta, incluido el precio que busca para las acciones de las empresas y en qué mercado de valores podrían cotizar. Algunos especulan que la medida podría ser un primer paso para devolver las empresas a manos privadas.
“Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas”, dijo Nicolás Maduro durante un evento televisado el miércoles. “Necesitamos tecnología. Necesitamos nuevos mercados y vamos a seguir adelante”.
Es una marcada desviación del predecesor de Maduro, el difunto expresidente Hugo Chávez, quien nacionalizó muchas empresas en su intento de transformar el país sudamericano en un estado socialista. Entre las empresas que mencionó Maduro se encuentran CANTV y su filial Movilnet, la productora Petroquímica de Venezuela y un conglomerado enfocado en el sector minero.
El interés, sin embargo, puede estar limitado a inversores con vínculos con el régimen o aquellos con apetito por el riesgo.
El país aún se encuentra bajo sanciones económicas impuestas por EE. UU. y otros países que impiden que los inversores puedan canalizar dinero a las empresas estatales de Venezuela. Y los porcentajes anunciados por Maduro no darían a los inversores privados poderes de decisión para emprender cambios muy necesarios dentro de las corporaciones.
A principios de siglo, Chávez llevó a cabo una serie de tomas de control en los sectores de electricidad, telecomunicaciones, gas natural y petróleo. Pero el gobierno realizó inversiones mínimas en algunas de estas empresas, lo que las ha dejado brindando servicios deficientes.
Los cortes de energía de varios días son comunes en todo el país. Millones de hogares no tienen acceso al agua o el servicio es intermitente. Los servicios de Internet y teléfono son deficientes.
Tanto los partidarios como los contrarios al chavismo se quejan de los servicios básicos deficientes en todo el país, incluso si no se acercan las elecciones. Pero los economistas señalan que el régimen necesita mejorar algunos de esos servicios incluso si está un poco antes de las elecciones de 2024.
“Sin duda estamos viendo un cambio de paradigma que en gran medida es forzado por las circunstancias pero también impulsado en gran medida por la supervivencia política”, Luis Prato, economista senior de la firma Torino Capital. “Desde junio de 2014, con esta caída significativa en los precios del petróleo, la administración de Maduro comenzó a ver una caída en los ingresos petroleros. Luego, pasamos por un período de 2014 a 2019 de control de precios, de un estado más interventor”.
Pero a medida que el Estado perdió la capacidad de generar riqueza y crecimiento, dijo Prato, “comenzó a abrir espacio para la participación del sector privado”.
Venezuela todavía se encuentra bajo una prolongada crisis social, económica y humanitaria que se atribuye a la caída de los precios del petróleo, las sanciones económicas y dos décadas de mala gestión por parte de los regímenes socialistas. Pero el chavismo ha tomado medidas para aliviar algunas de las presiones económicas, incluso renunciando a sus largos y complicados esfuerzos para restringir las transacciones en dólares estadounidenses a favor del bolívar local, cuyo valor ha sido borrado por la inflación.
Algunas acciones de CANTV cotizan desde hace mucho tiempo en la Bolsa de Valores de Caracas, la bolsa más antigua del país. Maduro durante el anuncio de esta semana dijo que las empresas estatales cotizarían en las “diversas bolsas de valores” del país sin especificar.
Pero hasta el viernes, Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, no había recibido ninguna información de las ventas de acciones previstas. Dijo que el proceso para registrar las otras empresas y, finalmente, enumerarlas es largo y requiere la divulgación de documentos financieros.
“Se necesita todo el tiempo que desee para que la colocación sea exitosa. No sabría decirte un tiempo determinado”, dijo Pulido, y agregó que para el lunes no se podría estructurar una oferta en la Bolsa de Valores de Caracas.
El gobierno estableció su propio intercambio en 2010. Un portavoz del régimen no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre los intercambios que pretende utilizar.
Prato dijo que es probable que el régimen use su propio intercambio o un sistema digital separado por ahora, pero que tendría resultados limitados.
Henkel García, director de la firma Econométrica con sede en Caracas, dijo que las empresas requieren inversiones importantes para mejorar la calidad de sus servicios, que eran mucho mejores antes de que fueran nacionalizados. Pero advirtió que el país carece de un mecanismo para supervisar los procedimientos contables y de información financiera de las empresas, por lo que es imposible garantizar que la inversión privada en las empresas estatales se gastará adecuadamente.
Ese componente que falta, dijo, crea un escenario similar a las reformas postsoviéticas en las que se privatizó una gran cantidad de empresas estatales.
“Si esto realmente es el inicio de la venta total o la entrega total de estas empresas, que para mí es un escenario probable, habría que preguntarse a quién se las entregaría porque tenemos episodios como el ruso, en que estas empresas que alguna vez pertenecieron al estado terminaron en manos de personas cercanas al gobierno”, dijo Henkel. “Entonces, es un fenómeno complejo que se podría decir que abre la puerta a algo positivo, pero con la debilidad institucional que tenemos y con la falta de árbitros creíbles, bueno, quizás no termine de la mejor manera”.
