El régimen prepara una nueva olla para el 4 de agosto por el cumplimiento de los 4 años del caso del supuesto dron, donde presuntamente se buscaba asesinar a Nicolás Maduro. En el marco de esta maniobra política, la dictadura habría ordenado culminar el juicio del dron, luego de 4 años, y ahora pretende juzgar a 17 personas, sin que se haya demostrado responsabilidad en los hechos ocurridos.
El abogado venezolano y ex fiscal Zair Mundaray denunció en sus redes el caso. “La dictadura ordenó al Sistema de Justicia culminar luego de 4 años, el juicio del llamado caso del dron, el mismo en que el Ministerio Público ya ofreció la condena a Maduro de forma pública desde hace varias semanas… Para complacer al poder pretenden sacrificar a 17 personas”, sostuvo.
El juicio y el caso en general han tenido múltiples vicios desde sus inicios. A las personas señaladas del presunto hecho se le ha practicado torturas brutales para obligarlos a emitir declaraciones autoincriminatorias. Los mismos funcionarios que participaron en las torturas, declararon en calidad de testigo en el juicio oral y público, lo que permitió su identificación por parte de los acusados.
Otra de las irregularidades del caso fue que la mayoría de los detenidos fueron acusados por los mismos delitos, es decir, no hubo individualización de conductas. Además, la detención de los acusados ya es a todas luces arbitrarias, pues han transcurrido 4 años desde el inicio del juicio y los acusados no han tenido una sentencia firme. El propio Código Orgánico Procesal Penal, recientemente reformado por el propio régimen, en su artículo 230, prohíbe que la detención se prolongue por más de 3 años.
Por si fuera poco, el juicio no cumplió con lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano. El mismo carece de publicidad, ya que en principio se limitaba el ingreso a la Sala de Audiencias de personas autorizadas por el tribunal, lo que impedía que familiares, personal del cuerpo diplomático acreditado en la República y cualquier persona ingresara a la Sala. Además, aun cuando los funcionarios que declaran en el juicio manifiestan no recordarse, no saber lo que le preguntan o no tener participación relevante, el tribunal y la fiscalía buscan fijar los hechos a través de soportes escritos que se pretenden incorporar como prueba documental sin ser tales, y sin que hubieren podido ser controlado su contenido por la defensa.
Lo anterior constituye materia para declarar que el régimen busca a través de un montaje judicial condenar a inocentes por el supuesto caso del dron, lo cual sería una prueba más de la ausencia de Estado de derecho que existe en Venezuela, así como del patrón de uso de la justicia para perseguir y criminalizar a la disidencia. Los defensores de DDHH solicitan a la CPI documentar este nuevo atropello del régimen contra los DDHH de los venezolanos.
