El régimen de Maduro rechazó las acusaciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que señala en un nuevo informe presentado este lunes que la inteligencia civil y militar del país cometen crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante abusos dictados «desde el más alto nivel».
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, destaca las «violaciones» de derechos humanos en Venezuela cometidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En este sentido, la administración de Maduro expresó, mediante un comunicado, «su más categórico rechazo a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022».
Según el Ejecutivo, con este mecanismo creado en 2019 «a partir de una cuestionada resolución, promovida por un reducido grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, se muestra patente el doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía» de Estados que «no se someten» al control «anhelado por algunas potencias».
El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares – algunas clandestinas – de la DGCIM, así como 51 en centros de detención del Sebin.
Aunque Valiñas no citó nombres en su comparecencia ante el Consejo, el informe apunta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como responsable último de los abusos, y al vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, por su «influencia» en el Sebin.
El documento también señala al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al anterior (2014-2018), Carlos Alberto Calderón, así como al número dos en ese periodo, Ronny González.
En el caso de la DGCIM, menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Para el Ejecutivo, el informe, que «no tiene sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país», pretende «seguir atacando» a Venezuela como parte de la «estrategia criminal de cambio de régimen que se impulsa desde el Gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo».
Además, consideró que estos «mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas» alientan a sectores «extremistas a reincidir» en la violación «masiva» de los derechos humanos y a la desestabilización del país.
La Administración de Maduro advirtió de que tomará «las medidas políticas y diplomáticas pertinentes» frente a cualquier intento de de prolongar el mandato de este mecanismo «contra las legítimas instituciones venezolanas» en lo que consideró una «violación de la Carta de las Naciones Unidas» y las resoluciones de la ONU.
