Especialistas en derechos humanos han calificados las actuaciones exprés del régimen de Nicolás Maduro como acciones que buscan esquivar las acciones de la CPI.
El régimen de Nicolás Maduro ha comenzado a hacer justicia de forma rápida en casos que estaban engavetados desde hace varios años buscando quedar bien ante la comunidad internacional y, especialmente, ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En los últimos meses, y durante los últimos días de diciembre, el Ministerio Público comenzó a condenar a distintos funcionarios, especialmente de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, implicados en distintos asesinatos. Pero no se está actuando sobre las cadenas de mando, sino sobre individuos.
Raúl Cubas, defensor de derechos humanos y fundador de Provea, dijo a TalCual que «si el Gobierno venezolano quiere cumplir con el memorando de entendimiento con la CPI debe no solo investigar los casos donde la responsabilidad directa recae en funcionarios de bajo rango que ejecutaron las acciones directas de la represión. Mientras la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el poder Judicial no comiencen con la investigación y juicio a los altos responsables de la cadena de mando militar y civil, eso no es una buena señal y se puede sostener un poco en el tiempo porque dará una clara respuesta de que privilegian la impunidad sobre la justicia».
Familiares de víctimas de crímenes cometidos por el Estado venezolano han pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que las investigaciones y castigos recaigan sobre las cadenas de mando, también.
Pero dentro del territorio la mira de la justicia solo incluye a algunos funcionarios, individuos asumidos por las vocerías oficiales como «casos aislados», o manzanas podridas dentro de un campo bien sembrado. Aun así, se insiste en que las instituciones están actuando como constancia ante las investigaciones iniciadas por el sistema de justicia internacional de que no hace falta sino priorizar la «cooperación» entre organismos y dejar que los casos se resuelvan en la controlada jurisdicción interna.
Durante su último balance, el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, designado por la extinta constituyente, informó que durante sus cuatro años y poco más de tres meses de funciones, 210 funcionarios policiales y militares han sido condenados por violaciones a los derechos humanos; es decir, solo 25,6% de los efectivos que llegaron a juicio fueron encontrados culpables de violar estos derechos fundamentales.
El pasado 14 de diciembre, mediante nota de prensa, el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal de Barinas dictó medida de privación judicial preventiva contra dos efectivos de las FAES por presuntamente estar involucrados en delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles y alevosía y simulación del hecho punible.
Los funcionarios fueron identificados como Erick Alberto Martínez Aragoza y Avit Adrián Botia Navarro, quienes fueron encontrados como responsables de los asesinatos de José Raúl Altuve y Anyelo Jona Villanueva en la población de Canaguá (Barinas) en un supuesto enfrentamiento.
El día del asesinato, los funcionarios de las FAES llamaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para notificar que Altuve y Villanueva habían muerto en un «enfrentamiento».
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