La ONG Foro Penal informó este martes en su más reciente informe que el régimen de Nicolás Maduro mantiene 245 presos políticos en Venezuela.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, detalló que 232 son hombres y 13 son mujeres. Mientras que 118 son civiles y 127 son militares.
De igual forma, el activista y defensor de derechos humanos, destacó que entre este grupo hay 127 militares y un adolescente.
Según la ONG Foro Penal, desde 2014 se han registrado 15.775 detenciones políticas.
Renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela
Organizaciones de derechos humanos pidieron a principio de mes la renovación, por al menos dos años, de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada a finales de 2019 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El próximo mes se discutirá si esa instancia debería continuar trabajando.
“Para nosotros ha sido un gran aliado. El más importante mecanismo de verdad que tenemos sobre las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas a partir del año 2014. Por eso nos parece muy importante para las víctimas”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, en rueda de prensa.
Expresó que las organizaciones, víctimas y familiares esperan que se logre justicia y que las autoridades de Venezuela sigan tomando decisiones para evitar aparecer en los informes de la misión. Agregó que a partir de esas investigaciones de los expertos el gobierno de Nicolás Maduro se ha visto obligado a iniciar algunas causas judiciales que estuvieron congeladas durante mucho tiempo.
En un informe publicado el año pasado, la Misión de Determinación de Hechos reveló la falta de independencia judicial en Venezuela y la complicidad de las autoridades en los abusos que se estaban cometiendo. Los expertos presentarán próximamente una tercera investigación, en la que se profundizará sobre las cadenas de mando y se incluirán las graves violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
En la rueda de prensa participaron Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch; Beatriz Borges, directora de Centro de Justicia y Paz; Clara del Campo, encargada de campañas para Suramérica de Amnistía Internacional; y Elvira y José Gregorio, los padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana durante una protesta opositora en 2017.
