En Venezuela se registraron 226 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2023, un 131 % más con respecto al mismo período de 2022, cuando se documentaron 98 casos, informó este viernes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos“, señaló la organización en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 105 casos, en febrero 63, y en marzo 58.
Del total de casos, 141 fueron de estigmatización, 51 de hostigamiento, 30 amenazas, tres ataques digitales y una detención arbitraria.
La ONG señaló que, en el primer trimestre, continuaron los “discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores”.
Asimismo, dijo que el 93 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y el 7 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron funcionarios públicos, en el 51 % de los casos, seguidos de los medios de comunicación (25 %), personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %), instituciones públicas (5 %), y organismos de seguridad (2 %).
“Al cierre del primer trimestre del año, la política de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos permanece vigente”, señaló.
El CDJ exhortó al Estado a garantizar un “entorno propicio y seguro” para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país.
“El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas“, añadió.
