El 20 de febrero, Rory Branker, periodista de 43 años, del sitio de noticias La Patilla, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Inicialmente fue conducido al centro penitenciario de El Helicoide, pero, horas después, su familia – que buscó al periodista en varias prisiones – no pudo localizarlo, y hasta ahora su paradero sigue siendo desconocido. Además, agentes del Sebin allanaron su residencia y confiscaron dos computadores portátiles.
La falta de garantías judiciales en el arresto y detención del periodista – sin acceso a un abogado, ni comunicación sobre dónde está recluido – es una señal alarmante, cada vez más frecuente, de cómo la criminalización del periodismo sigue en aumento en Venezuela.
La detención de Rory Branker es el acontecimiento más reciente de los continuos ataques contra La Patilla, un medio que ha sido objeto de múltiples ciberataques con los que pretenden dejar fuera de servicio su sitio web. Al día siguiente de la detención de Rory Branker, el sitio se cayó por razones que aún se desconocen. En 2022, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), amenazó directamente al medio en su programa de televisión afirmando: “Ahora, vamos por La Patilla”.
Además, Ana Carolina Guaita, otra periodista del medio, fue detenida en agosto de 2024 en circunstancias similares a las de Rory Branker, y liberada en diciembre del mismo año.
Los periodistas de La Patilla no son los únicos afectados. La persecución deliberada de reporteros se ha intensificado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Al menos ocho fueron detenidos por cubrir las protestas que siguieron a los resultados electorales. Cinco fueron liberados en diciembre, bajo estrictas restricciones judiciales, y tres siguen privados de la libertad: Luis López, Eleángel Navas y José Gregorio Camero. Todos ellos se enfrentan a cargos infundados de “terrorismo”, “incitación al odio” y “asociación para delinquir”, acusaciones que el gobierno ha utilizado en repetidas ocasiones para acallar las voces disidentes y que pueden conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
“La detención arbitraria de Rory Branker es un ejemplo más de la política sistemática de represión contra la prensa en Venezuela. Exigimos su liberación inmediata, la anulación de los procesos judiciales en su contra, y garantías de que no se mantendrá a los periodistas incomunicados. También pedimos la inmediata liberación de sus colegas Luis López, Eleángel Navas y José Gregorio Camero, quienes siguen encarcelados y privados de su derecho a un juicio justo”, expresó Artur Romeu. director para América Latina de RSF.
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