Al menos 288 agresiones a defensores de derechos humanos han sido documentadas en Venezuela en lo que va del año 2023, según informó este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), que responsabiliza al Estado por estos ataques.
La abogada Mariana Romero, integrante de la organización no gubernamental, explicó, además, que entre 2017 y 2022 se registraron 2.050 agresiones, entre las que figuran las amenazas e intimidaciones, el hostigamiento, la promoción de leyes restrictivas y los ataques digitales contra activistas y agrupaciones sociales.
“Y, solo en lo que va de este año, nos preocupa el aumento significativo de estas agresiones, con 288 agresiones (contra) la defensa, promoción y exigencia de derechos”, sostuvo Romero durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI).
La jurista cree que el Estado “no tiene una intención real de cumplir” con las 328 recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a Venezuela en el examen periódico universal del año pasado, varias de ellas relacionadas con la necesidad de proteger el espacio cívico y a quienes defienden los derechos humanos.
Por el contrario, aseguró, el régimen de Nicolás Maduro “profundiza el cierre del espacio democrático”.
“A pesar de que la comunidad internacional tiene su mirada en Venezuela y ha exigido un entorno seguro (para el trabajo social), la respuesta del Estado sigue siendo continuar con la criminalización, la represión y el control social”, subrayó.
La ONG ha pedido al Estado venezolano generar “mecanismos efectivos” para el “pleno y libre” ejercicio de acciones de defensa y acción humanitaria.
Libertad sindical
Por otro lado, un total de 51 gremios y ONG de Venezuela exigieron el cese de “políticas y medidas que afectan” a la libertad sindical y al derecho de asociación, y pidieron la liberación de dos sindicalistas detenidos en el estado amazónico de Bolívar (sur) luego de exigir mejoras laborales en la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
“Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhorte al Gobierno (a) que cese las políticas y medidas que afectan el derecho de asociación de los trabajadores, el ejercicio de libertad sindical y se abstenga de seguir usando el sistema de justicia como instrumento de represión contra el movimiento sindical”, dijo el grupo en un comunicado difundido por la ONG Provea el pasado 15 de junio.
El grupo afirmó que, en lo que va de año, 21 trabajadores de Sidor han sido sometidos a procesos penales “por el solo hecho de exigir sus derechos laborales”. En este sentido, reiteraron la exigencia de “libertad plena” para los dos sindicalistas detenidos, además del “cierre de todos los procesos penales contra trabajadores que ejercen su legítimo derecho a la protesta”.
