A la corrupción se le conoce como el abuso de poder público por parte de un funcionario para un beneficio particular, que no incube al país en general.
El profesor de derecho penal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Yván Figueroa, destaca que para estos actos delictivos hacen falta al menos dos personas.
Resalta que hay dos tipos de corrupción. La propia, en la que el funcionario pide dinero a una segunda persona para completar sus funciones legales. Es decir, cuando pide un pago económico por realizar una actividad de la que ya gana dinero.
La corrupción impropia se trata de casos en el que la persona principal gana dinero por realizar funciones ajenas a su cargo oficial.
Cabe destacar que dichos delitos se pueden reportar en todo ente público y son penados con años de cárcel.
Por su parte, José Araujo, secretario de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público, señala que el delito de corrupción engloba a todas aquellas personas que tienen la investidura de funcionarios públicos.
En el país existe una ley especial que regula las actuaciones de estos sujetos, conocida como Ley contra la Corrupción, reformada en el 2022. Dichas leyes también aplican para particulares según el grado de participación para la perpetración de estos casos delictivos.
Es importante mencionar que para que una persona sea acusada por este tipo de delitos, los bienes sustraídos deben pertenecer al Estado o al patrimonio del mismo.
Un hecho de corrupción puede ser desde el pago a un funcionario para agilizar un trámite civil o la desviación de fondos monetarios que pertenecen a un ente del Estado.
Condena por corrupción
Actualmente, la pena máxima está en el delito de apropiación o distracción de patrimonio público, con una sentencian de 10 años de prisión. No obstante, la gravedad del caso puede hacer que dicha pena aumente hasta 30 años.
Así lo declaró Rosnell Carrasco, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello en entrevista a Román Lozinski.
Carrasco expresó que “este tipo de delitos en materia de corrupción o contra el patrimonio público pueden ser perseguidos siempre. De acuerdo a la ley venezolana no tienen beneficios procesales”.
Puntualizó que, depende del grado de comisión del delito, la pena podría ir desde 8 a 30 años. La pena máxima en el país cuando se trata de delitos graves.
En este contexto, el Ministerio Público (MP) realiza experticias telefónicas en relación con las tramas de corrupción dadas a conocer en los últimos días.
Informó que una mesa técnica junto con cinco fiscales nacionales, autoridades de la Policía Anticorrupción y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) investigan los hechos.
El fiscal general, Tarek William Saab señaló que no descarta que ocurran nuevas detenciones, según refiere una nota de prensa de la Fiscalía.
