Si algo caracteriza al ejercicio de la política de alto nivel, es el reconocimiento del otro, independientemente de sus convicciones ideológicas. La tolerancia hacia ese adversario con iguales y legítimas pretensiones de alcanzar el poder a través del voto, garantiza a los ciudadanos de cualquier sociedad, una convivencia armónica, pacífica y, sobre todo, democrática.
Con base a esta premisa que se entrelaza con la aplicación del concepto de soberanía, donde el Estado cuenta con la autonomía y el derecho de ejercer su autoridad, tanto en lo interno como en lo externo, resulta inaceptable que ciertos sectores partidistas continúen promoviendo la injerencia extranjera al solicitar mayores sanciones económicas contra Venezuela y en el más irracional de los casos, aupar una intervención armada para ponerle punto final a la crisis actual.
El Estado no es sinónimo de gobierno. El Estado comprende el sistema político establecido en nuestro país, en el cual cohabitan las fuerzas armadas, los cuerpos policiales, los poderes públicos (legislativo, ejecutivo, judicial, moral y electoral); e integrado además por la sociedad civil, constituida por los partidos políticos, la iglesia, los sindicatos, las escuelas, la familia, la estructura económica, el aparato productivo y todas aquellas organizaciones e instituciones que envuelven la existencia cotidiana de la comunidad.
En regímenes democráticos, el Estado podría albergar a muchos períodos de gobierno, todos insertos en el poder ejecutivo, el cual está sujeto a un conjunto de leyes que, de ser transgredidas y violadas por parte de sus gobernantes, se convierte en ilegítimo.
Cualquier sector que forme parte del Estado tiene sus responsabilidades bien demarcadas para trazar el porvenir de la nación. El conflicto político que atraviesa Venezuela, agudizado por el resquebrajamiento económico y el auge de los antivalores, no puede ser el equivalente a un cheque en blanco, utilizado lastimosamente por individualidades o parcialidades que le dan luz verde a otros países para que nos castiguen con sus sanciones y sean seducidos, además, con la dantesca opción de abrir fuego.
Los venezolanos estamos en la obligación histórica de resolver nuestros propios asuntos. El diálogo, guste o no, es la vía más saludable, desde todo punto de vista, para materializar los acuerdos pacíficamente. Raya en lo infantil e irracional que un panorama político, económico y social tan delicado como el nuestro, que ha hundido la calidad de vida del venezolano durante dos décadas, pueda resolverse de la noche a la mañana. El diálogo implica un proceso, cuyos pasos deben darse con firmeza y cautela.
Aplaudimos cada avance que ha arrojado la Mesa de Diálogo Nacional en materia electoral y económica, donde todas las compuertas siguen abiertas para que participen y se involucren quienes que conformamos el Estado venezolano.
A pesar de las descalificaciones que buscan satanizar la figura del diálogo, estamos seguros que la balanza sigue inclinándose cada vez más por la ruta electoral de parte de la ciudadanía, en aras de lograr un cambio para nuestro país. Una masiva participación en un proceso comicial libre de vicios y con un árbitro renovado que garantice el respeto de la voluntad popular, acabará con esas posturas dogmáticas y radicales que tanto daño y atraso nos han causado.
Expresamos nuestro apoyo a la Mesa de Diálogo Nacional por haber rechazado las medidas económicas del gobierno de los EE.UU. contra Venezuela debido a que impactan dramáticamente en la población. Y también, porque respalda las sanciones recaídas sobre altos funcionarios del gobierno al haber incurrido en prácticas desleales y nocivas.
Recordemos que, en materia petrolera, las sanciones de Washington han perjudicado la producción, venta, adquisición de tecnología, transporte, propiedad de activos y cuentas en el extranjero; asimismo, han ocasionado severas distorsiones en la explotación y venta de oro, el financiamiento externo, el empleo de la banca corresponsal para el comercio internacional, la compra de bienes y servicios en el mercado internacional y el refinanciamiento de la deuda externa.
Entre las consecuencias sociales más graves de estas sanciones destacan la agudización de la escasez de medicamentos, desabastecimiento y carestía en los alimentos, deterioro de los servicios públicos, aumento de pobreza, hambre, miseria; caída sustancial de los salarios, pérdida de empleos y acentuación de la migración al exterior.
Un estudio de J. Sachs y M. Weisbrot del Centro para la Investigación Económica y Política con sede en Washington, estima que desde el inicio de las sanciones a mediados del 2017 hasta el 2018, han fallecido más de 40 mil personas por el déficit de medicamentos y alimentos.
El destino de Venezuela lo deciden sus ciudadanos. Ya basta de anteponer los intereses particulares a las necesidades reales de la población. No se trata de un sencillo juego de mesa. Estamos reinventando el presente de las futuras generaciones.
Venezuela no está para perder tiempo, tengamos fe, confianza y heesperanza. Esto tiene solución.
Johel Orta Moros@JohelOrtaM
