La campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela estuvo marcada el domingo por denuncias de la oposición sobre detenciones de dirigentes y activistas políticos.
El dirigente opositor Perkins Rocha denunció en una rueda de prensa la detención de ocho personas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en los estados de Carabobo, Monagas, Anzoátegui y Portuguesa.
Refirió que entre los detenidos se encuentran la dueña y dos ayudantes del camión que usaron la dirigente opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González para un recorrido el sábado por las calles de Valencia. Agregó que los detenidos fueron presentados ante los tribunales acusados, entre otros cargos, por “supuestas lesiones a funcionarios públicos” y actos de “extorsión”.
Rocha, del Comando Nacional de Campaña de Vente Venezuela, movimiento político al que pertenece Machado, hizo un llamado a los miembros del Consejo Nacional Electoral para que atiendan esa situación tras señalar que “bajo sus hombros descansa la responsabilidad de que los jugadores compitan transparentemente”.
“Estamos viendo una escalada en la represión” no sólo de dirigentes políticos y comandos de campaña, sino de “personas que lo único que han hecho es ofrecernos sus servicios”, afirmó, por su parte, Machado al cierre de un acto proselitista en Universidad Central de Venezuela en apoyo a la candidatura de González.
González, candidato de la coalición opositora, y Maduro, quien busca su tercer mandato, son los que mayor probabilidad tienen de ganar los próximos comicios presidenciales, frente a otros ocho postulantes con pocas opciones, y muchos de los cuales representan a organizaciones políticas cercanas al gobierno, según analistas.
Machado, quien debió ser reemplazada por González ante una inhabilitación política, calificó la situación como violatoria de “todos los términos de una competencia justa” y alertó a los veedores internacionales sobre la situación.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, dijo a The Associated Press que algunos de los detenidos no han podido contactar con los abogados para ejercer su defensa. Según el Foro, hasta el 8 de julio se reportaban 287 “presos políticos”.
El Ministerio Público no se ha pronunciado hasta el momento sobre las últimas detenciones denunciadas. Sin embargo, el fiscal general, Tarek William Saab, había acusado el viernes a dos empresarios detenidos el 10 y 11 de julio, entre ellos, Ricardo Albacete, de ser parte de un acto de “sabotaje contra el sistema eléctrico para irritar a la población y desestabilizar las elecciones presidenciales”.
Más temprano, durante el acto proselitista ante cientos de estudiantes congregados en la Universidad Central, Machado aseveró que son “una generación que nació y creció en tiranía, pero que va a disfrutar la libertad”.
“Han arriesgado su vida, han perdido compañeros, han visto a muchos partir y aquí están de pie y decididos a dar todo”, destacó.
González, por su parte, rememoró ante los estudiantes su paso por esa institución donde se formó como diplomático y cuestionó la situación de precariedad de casa de estudios.
El encuentro se realizó pese a que horas antes se divulgó un comunicado del rectorado de la Universidad Central negando la autorización para el acto previsto en el lugar, argumentando la necesidad de preservar la condición de patrimonio mundial de la Ciudad Universitaria y asegurar las condiciones de seguridad necesarias para el campus.
El campus de la llamada Ciudad Universitaria de Caracas —que alberga más de 90 edificios, estadios, caminos techados, grandes plazas y obras de reconocidos artistas como el pintor y litógrafo húngaro Victor Vasarely y el escultor estadounidense Alexander Calder— fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
Los profesores universitarios, sobre todo los mejores calificados, se han sumado a la fuga de cerebros, ahuyentados por tener en su mayoría ingresos cercanos al salario mínimo mensual —4.741 bolívares equivalentes a 130 dólares— como consecuencia de presupuestos deficitarios.
