La nueva directiva de Pdvsa, encabezada por el sancionado funcionario chavista, Tareck El Aissami, inició los preparativos para ejecutar el enésimo plan para “restructurar” a la debilitada industria petrolera de Venezuela, según un documento filtrado que deja atrás la retórica socialista promovida por el fallecido Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.
lapatilla.com
Ante la severa escasez de gasolina, a causa de la corrupción chavista, los nuevos representantes que sustituyen a la infame directiva de Manuel Quevedo se han planteado revitalizar a Pdvsa con una mayor participación del sector privado en la mayoría de sus activos.
Sin embargo, ante la proliferación de las sanciones económicas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), los inversores extranjeros como la estatal rusa Rosneft han decidido culminar sus negocios en el país.
Un destino similar podrían correr grandes firmas estadounidenses como Chevron Corp. o Halliburton, cuyas actividades se han visto sensiblemente reducidas con las últimas licencias del Departamento del Tesoro, las cuales a duras penas les permiten mantener sus activos hasta una más que probable salida de Venezuela, si es que no cae el régimen chavista instaurado arbitrariamente en el Palacio de Miraflores.
Por si fuera poco, la “nueva” gestión chavista en Pdvsa, denominada por el propio Maduro como la “Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque”, también estudia retirar progresivamente el subsidio de la gasolina venezolana, la cual fue por mucho tiempo la más barata del mundo.
“El Estado debe desmontar el subsidio sobre combustible consumidos en el mercado local, fijando precio internacional a detal de los mismos, una tasa de cambio regida por el BCV y un tabulador donde se especifique el porcentaje de subsidio mes a mes, el cual debe disminuir desde el 100% actual hasta un valor que iría en función del pulso social y la realidad económica del país”, reza el texto filtrado.
Un último aspecto a destacar es que la comisión encabezada por El Aissami propuso modificar arbitrariamente diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos, entre otras, una tarea exclusiva del Poder Legislativo liderado por el presidente encargado Juan Guaidó, y que de ninguna manera puede ser reemplazado por la Asamblea Nacional Constituyente, establecida irregularmente en 2017.
