La política económica que ha aplicado Nicolás Maduro para detener la hiperinflación, que comenzó en noviembre de 2017 y se extendió hasta comienzos de 2021, tuvo tres ejes fundamentales.
En primer lugar, procurar la estabilidad del tipo de cambio mediante la venta de divisas en efectivo al sistema financiero; un aumento del encaje bancario que llevó, entre otras cosas, a la virtual desaparición del crédito; y una reducción brutal de los salarios reales de los trabajadores activos y pensionados.
Con relación al tema salarial, no parece haber discusión acerca de la necesidad de hacer justicia con los asalariados. Tal vez la discusión es cómo hacerlo y el monto del ajuste. Conviene destacar, primero que nada, que no se está solicitando un aumento, sino una compensación por el deterioro acumulado del poder adquisitivo.
El actual salario mínimo en Venezuela es inferior a US$ 6 mensuales y, si se suman los bonos que otorga el gobierno, la remuneración alcanza a US$ 12 mensuales, apenas el 3% del costo de las cualquiera de las canastas alimentarias que se estiman en Venezuela, en ausencia de cifras oficiales.
Ese salario mínimo fue decretado en marzo de 2022 y desde allí no lo han incrementado; sin embargo entre ese mes y diciembre de 2022 la inflación acumulada fue 244%. Ello sugiere que los salarios no causaron la inflación al menos en ese lapso, sino que más bien se rezagaron considerablemente.
Sí hay dinero para el aumento
La narrativa del gobierno es que no hay dinero para aumentar los salarios. Mis cuentas, basadas en cálculos razonables en medio de las tinieblas informativas de Venezuela, es que sí hay dinero para un aumento razonable, entre US$ 100 y US$150 mensuales.
Acá las cifras de lo que en 2023 recibiría el gobierno:
– Exportaciones petroleras netas, incluyendo las que comenzó hacer Chevron: US$12.000 millones.
– IVA: US$ 3.200 millones.
– Venta de gasolina: US$ 1.700 millones.
– IGTF: US$ 1.500 millones.
– Aduanas y otras contribuciones a las importaciones: US$ 800 millones.
– Otros impuestos y contribuciones parafiscales: US$ 1.000 millones.
– Exportaciones de oro y otros minerales: US$ 1.500 millones.
– Impuesto sobre la renta no petrolero: US$ 2.000 millones.
A estos ingresos hay que agregar aproximadamente US$ 5.000 millones en cuentas mantenidas en el exterior, para un total de US$ 28.700 millones.
Sobre la base de una nómina de 4.200.000 pensionados del Seguro Social y aproximadamente 1.200.000 empleados públicos activos, el costo laboral con un salario mínimo de US$ 150 mensuales sería un estimado de US$ 9.720 millones anuales, los cuales serían factibles de ser pagados, dado los ingresos esperados.
El gran problema es preservar el poder adquisitivo de los salarios en un contexto que no existe en Venezuela, donde no se debate un programa económico que propenda a la estabilidad y al crecimiento de la economía, de allí que habrá que diseñar un mecanismo de ajuste de las remuneraciones a la inflación o al tipo de cambio.
