Proponer un pacto antinflacionario entre los sectores público, privado y los trabajadores, como respuesta a la elevada y persistente inflación en Venezuela, pareciera encontrarse fundado en alguna de las siguientes tesis: (1) causación multilateral, es decir que todos y cada uno de dichos actores tienen responsabilidad e incidencia sobre el fenómeno inflacionario; (2) que la inflación constituye un fenómeno o un problema de acción colectiva susceptible de un arreglo “institucional”.
Este enfoque económico heterodoxo, más allá de su buena intención, adolece de premisas débiles, lo que no significa que no pueda contribuir (una vez atacadas las causas de origen y persistencia de la inflación) a encauzar el tema de expectativas en Venezuela.
En este sentido pasemos a analizar las debilidades de una propuesta de este tenor:
Primero, carece de micro fundamentos asomar o imputar causalidad e intencionalidad de la inflación en agentes económicos particulares, tanto en el caso de empresarios como trabajadores. Por definición, cualquier ajuste de los precios por parte de estos agentes resulta puntual y no sostenido a lo largo del tiempo y/o intertemporalmente (no constituiría una acción racional).
Segundo, el passthrough que empresarios y trabajadores hagan de la inflación de costos hacia sus precios dependerá de la elasticidad de la demanda. En este sentido, salvo que la demanda sea perfectamente inelástica, resultará imposible -racionalmente hablando- que empresarios y trabajadores realicen un passthrough completo de la inflación hacia sus precios. Lo que realmente ocurriría es que empresarios y trabajadores verían pinzar sus “márgenes”.
Tercero, el efecto multiplicador del gasto de sueldos y salarios pagados por una empresa es, en el mejor de los casos, parcialmente interiorizado por esta última. Así las cosas, difícilmente podría pedírsele a un agente económico racional que conceda subsidios para el consumo de productos ofrecidos por otras empresas, independientemente que se haga vía aumento de los salarios de sus trabajadores o vía rezagos en los ajustes de los precios reales de sus productos.
Cuarto, un tema de naturaleza absolutamente empírica, pocas veces mencionado por quienes promueven este tipo de pactos, es que los trabajadores deben sacrificar el ajuste de sus remuneraciones con una eventual pérdida de su valor relativo a lo largo del tiempo e independientemente de su nivel de productividad. Este tema empírico y seguramente heterogéneo a lo largo de distintos sectores económicos no resulta menor.
Quinto, en el caso que se asome una especie de problema de “acción colectiva” o de externalidad producto de la recursividad en el alza de los precios, el origen del problema podría obedecer a que los ajustes de precios al alza constituyen, individualmente, una estrategia dominante que eventualmente arrojaría un equilibrio de Nash ineficiente como sería exacerbar la inflación (especie de Dilema del Prisionero).
Sin embargo, un pacto voluntario sin un cambio en los pagos que implique un nuevo esquema de incentivos creíbles y ejecutable, parece un saludo a la bandera.
Todo lo anterior sería agravado por el hecho de que para el gobierno financiar inorgánicamente el gasto público parece ser una acción deliberada que hace del ajuste de los precios, por parte de empresarios y trabajadores, cuando menos un ajuste de precios relativos frente a la moneda abundante e inorgánica.
Sexto, en Venezuela en numerosas ocasiones se ha pretendido que los particulares encuentren respuestas a problemas de provisión de bienes públicos y soluciones individuales para males públicos que escapan del ámbito de sus acciones. Así ha ocurrido con los problemas de seguridad, salud pública, educación básica y ahora nos conminan a hacerlo con el tema inflacionario.
