Carlos López camina por el bosque nativo con tranquilidad. Se desplaza como si el monte le cediera el paso, y se va mezclando con esos árboles bajos, espinosos y enmarañados. Lo sigue un grupo de antropólogos, estudiantes, una fotógrafa… Con cámaras, GPS, celulares, mochilas y cuadernos. Avanzando a duras penas. Con las manos cubriendo los ojos. Con los pies trastabillando en las piedras del terreno.
Carlos López es nahuan de la Comunidad Indígena Kamiare-Comechingón Pluma Blanca, que habita en el monte que rodea el río Chavascate, entre Candonga y El Manzano, en las llamadas Sierras Chicas de Córdoba, en el centro de Argentina.
El objetivo de ese recorrido, en el que guía a un grupo de investigadores del Instituto de Antropología de Córdoba por el monte nativo, es cargar en un GPS las coordenadas de los límites reales del territorio de la Comunidad, para trazar un mapa preciso de sus dimensiones.
López conoce cada detalle del territorio, y va narrando el paisaje mientras avanza. Al llegar a la orilla del río, comenta que su verdadero nombre es “San Vicente” aunque ahora le dicen “Chavascate”. Y agrega: “Las aguas ya no están sanas, se mueren las viejas de agua, las mojarritas. Los que construyen al lado del río le quitan cauce o lo ensucian, y el explosivo que se usa en las canteras es muy dañino para el agua. Hay una cadena de problemas”.
Al seguir el recorrido, aparecen de repente grandes canteras en lugares escondidos en las sierras. López recuerda a muchos familiares y amigos que trabajaron en canteras similares de la zona.
“Las canteras se tragaron a mucha gente de acá, las condiciones de trabajo eran inhumanas. Desde los nueve años, me enfrentaba a los patrones por cómo hacían trabajar a la gente. Uno se crio viendo eso y viendo los desalojos de gente que había vivido toda la vida por acá en el monte”, cuenta.
Durante el relevamiento del territorio, también es posible observar desde lejos el crecimiento que tuvo en los últimos años el barrio privado de montaña que se construye en la naciente del río, a pesar de la orden judicial que obliga a paralizar las obras, porque el lugar está catalogado como zona de máxima protección por la Ley de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba.
En el medio del monte
El territorio de Pluma Blanca colinda al norte con el proyecto de barrio privado de montaña Villa Candonga, de la empresa Ticupil SA, y al oeste con Canteras El Sauce. Y son los representantes de estos intereses mineros e inmobiliarios los que vienen hostigando a la Comunidad con el afán de obligarlos a abandonar el territorio.
“La lucha viene de hace muchas generaciones, porque la generación anterior a la mía ya venía sufriendo todos estos ataques por parte de gente que quiere quedarse con las tierras que pertenecían y pertenecen a las comunidades indígenas. Acá había muchísima gente y se la fue acorralando, obligándola a irse”, dice López.
En este marco, el mapa que se obtuvo luego del relevamiento del territorio fue una herramienta necesaria para que Pluma Blanca hiciera frente a una audiencia pública para frenar una orden de desalojo que pesaba sobre la Comunidad.
Con ese mapa, más un informe científico donde se relevaron evidencias de la presencia ancestral de la Comunidad en la zona y la movilización de las propias comunidades indígenas de Córdoba, se logró detener por el momento la orden de desalojo.
Sin embargo, la historia sigue. López explica: “Algo no está yendo bien en el tema de la Justicia. Los que tienen que controlar no se hacen presentes, y los que quieren comprar y vender todo, los que quieren hacer del monte un country, te buscan por un lado y por el otro para sacarte de tu tierra. Ellos destruyen lo sagrado y después, lo demás, no vale nada”.
En el informe científico, elaborado por el Instituto de Antropología de Córdoba y el Museo de Antropologías, de la Universidad Nacional de Córdoba, se consignaron datos sociohistóricos que destacaron el valor patrimonial de la zona y remarcaron “la importancia de generar estrategias de cuidado a los bienes culturales y arqueológicos, a las personas y demás seres vivos que habitan el territorio, resguardando las memorias y el monte nativo”.
El equipo científico expresó también su preocupación por las amenazas y atropellos que sufren quienes integran la Comunidad Pluma Blanca.
“Esta comunidad es sometida permanentemente, y desde hace casi una década, a las más variadas formas de violencias sobre el cuerpo de las personas que la integran, en su territorio y viviendas, en los animales y flora que los rodean, a manos de particulares que obran bajo intereses espurios, con el fin de expulsar a las personas del territorio”, indica el informe.
Asimismo, el informe le dio un marco general a la problemática de Pluma Blanca: “En toda Argentina reconocemos procesos de despojo, desarticulación y desterritorialización de las comunidades indígenas, situación que revela las condiciones históricas de desigualdad que atraviesan al menos desde el proceso de formación del Estado nacional, durante la segunda mitad del siglo XIX”.
No obstante, el documento también rescata la importancia de los procesos identitarios en que se hallan las comunidades.
“En Córdoba asistimos, de un tiempo a esta parte, a producciones de las propias comunidades comechingonas-kamiare que se proponen darle no sólo valor sino también visibilidad pública a las memorias familiares y comunitarias, dialogando con archivos, fuentes y documentos oficiales y disputando así discursos hegemónicos que hasta aún hoy los invisibilizan, cuestionan y preterizan”, precisa.
Más abajo en las sierras
Para los pueblos que están al pie de las sierras, donde parte de la población es indígena, el emprendimiento de barrio privado de montaña Candonga también acarrea tragedias, aunque de distinta índole.
Agua de Oro, El Manzano y Villa Cerro Azul se abastecen del agua del río Chavascate y, para ellos, la construcción de un barrio en la naciente del río amenaza la provisión de este bien común.
Pero, por sobre todas las cosas, los vecinos cuestionan que se construya un barrio privado en una zona donde es ilegal hacerlo, ya que el proyecto está emplazado en Zona Roja Tipo I, que la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba determinó como de conservación del bosque a perpetuidad y de prohibición de cambios de uso del suelo.
Los vecinos y vecinas también cuestionan el acaparamiento del agua en el nacimiento de la cuenca y que Ticupil SA utilice el patrimonio histórico nacional de la Capilla de Candonga como argumento de venta.
Constituidos como ‘Asamblea Vecinos del Chavascate’, denunciaron que el 5 de octubre del 2010, dos meses después de aprobada la Ley de Bosques que prohíbe la explotación del área, el exsecretario de Ambiente de la provincia, Raúl Costa, autorizó el proyecto “Emprendimiento Inmobiliario Turístico de Villa Candonga” solicitado por Ticupil SA.
La Asamblea presentó un recurso de amparo y denunció penalmente al funcionario, quien está condenado en otra causa similar.
A partir de ahí, la Asamblea siguió distintos caminos legales para intentar proteger los bienes comunes: se organizaron para investigar los detalles del caso y el ordenamiento hídrico y territorial para poder diseñar una estrategia de lucha de larga duración.
También realizaron acciones para dar visibilidad y sensibilizar a la comunidad sobre su lucha en defensa del ambiente: denuncias en medios de comunicación, actividades culturales, marchas, trabajo con las escuelas y actividades de concientización frente a la propia Capilla de Candonga, informando la situación a posibles interesados en adquirir lotes en la zona de conflicto.
“De algún modo, ese es un logro de la Asamblea Vecinos del Chavascate, pues, si el emprendimiento Villa Candonga no hubiera encontrado la oposición, tenacidad, constancia y negativa por parte de la población a su desarrollo, ya estarían todas las viviendas construidas. Hoy, según registros de la propia policía ambiental, hay entre siete y once casas construidas o en construcción, de un total de 311 que estaban previstas en el proyecto de barrio privado; lo que habla de menos de un 10% en el avance del proyecto total”, explican desde la Asamblea.
“De todas formas, tal cual habíamos denunciado en las diversas acciones, esto ha tenido una gran influencia en la cuenca del Río Chavascate, en cuanto a la merma notable del caudal del río, lo que finalmente ha afectado a las poblaciones que en la cuenca baja se abastecen de ese bien común”, agregan.
Y advierten: “Ticupil SA es el paradigma de los emprendimientos inmobiliarios en la provincia de Córdoba: subidos a las cuencas medias-altas, atropellando el bosque nativo y, principalmente, vendiéndose como alternativas verdes y sustentables. A esto hay que sumar que sus ofertas van dirigidas a un sector de la sociedad acomodado, ya que no son viviendas sociales ni mucho menos”.
Los vecinos y las vecinas cuestionan también que Ticupil SA se apropió discursivamente de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Candonga, patrimonio cultural nacional. “Todas sus ventas y publicidades están asentadas en este bien común, es decir, lo utiliza publicitariamente”, explican los asambleístas.
El conflicto de Candonga se inscribe en un contexto más amplio que también involucra poblaciones vecinas como La Granja, Ascochinga, Saldán, La Calera, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, Río Ceballos y La Cumbre, que a propósito de la crisis hídrica registran agrupamientos sociales espontáneos de tipo asambleario, muy semejantes al de Candonga, que no solo critican la actual gestión, acceso y uso del agua por parte de empresarios privados sino que cuestionan la concepción eminentemente economicista y extractivista de los bienes comunes.
Y, por supuesto, el agua
En medio de los conflictos por el desmanejo del territorio y la ausencia de aplicación de las leyes, el Gobierno de Córdoba empezó a realizar una obra de ingeniería para traer agua a los pueblos serranos.
El llamado “acueducto de Sierras Chicas”, que ya está ejecutándose, propone traer agua desde un acuífero de la localidad de La Puerta hasta los pueblos.
La Asamblea Vecinos del Chavascate denuncia los motivos de la obra.
“El haber destrozado las cuencas con políticas públicas, como fue, por ejemplo, autorizar un loteo como el de Ticupil SA, ha provocado un deterioro en los caudales de ríos, arroyos y vertientes, que las poblaciones están sintiendo de manera acelerada. La solución propuesta es traer agua de abajo para arriba, con un gran esfuerzo energético, en vez de arriba para abajo, por gravedad, como ocurría antes», explican.
Y añaden: «Con el agravante de que, supuestamente, se está pinchando un acuífero confinado, sin que tengamos la certeza de cuánta es la cantidad de agua con la que cuenta, para que se va a utilizar y cuál es la capacidad de recarga del mismo. Tampoco se sabe si el agua puede cumplir con requerimientos de salubridad mínimos como para que sea consumida por seres humanos, animales y plantas”.
Además, denuncian: “Detrás de este acueducto están los desarrollistas inmobiliarios, los empresarios megacanteriles y los negocios agroindustriales de nuestra región. El destino es poner los escasos bienes comunes que nos quedan, en este caso el agua, a disposición de sectores concentrados de la economía y no asumir políticas que prevean nuestras sociedades a largo plazo”.
“El agua no es llenarnos el tanque”
Además del derecho al acceso al agua para uso personal y doméstico, las personas que habitan los pueblos serranos hacen un intenso uso del río como espacio identitario y de esparcimiento.
“Nosotros siempre sostenemos que el agua es algo más que eso, el agua no es llenarnos el tanque. Si a nosotros nos llenan el tanque de agua todos los días, incluso aunque fuera potable, pero nos matan el río, nos están matando el eje de los pueblos”, afirma Lucía Castellano, de la Asamblea Vecinos del Chavascate, en el documental titulado El río es la respuesta.
Y agrega: “El río tiene un intenso uso social, turístico. Los pueblos de la vera del río, de la cuenca de Chavascate y de muchas de las cuencas de las Sierras Chicas, son pueblos turísticos y lo que el turismo viene a buscar es paisaje, no viene a buscar unas piedras y el tanque lleno de agua. Entonces, cuando hablamos de agua, no es solamente el elemento líquido que está dentro del tanque, es el río como un ser vivo, el río como parte de un ecosistema que nos incluye. Por esto creemos que las soluciones no vienen del lado de la obra de ingeniería.”
En contraposición al modo de habitar de los pueblos serranos, en los barrios privados el estilo de vida se basa en el acaparamiento de los bienes comunes y un sentido estético copiado de otros lugares del mundo.
Pero, ese estilo de vida produce daños irreparables al medioambiente; así lo explica el biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, Joaquín Deón: «Los barrios privados nacen con un desarrollo urbanístico que ‘Miamiza’ el paisaje (siguiendo un estilo como si fuera Miami en Estados Unidos): hacen enormes piletas, introducen especies exóticas y construyen canchas de golf, tenis o de fútbol con pasto sintético».
Es, añade, «un desarrollo urbanístico violento con cercos eléctricos, guardias de seguridad, calles de uso restringido y trabajadores que en esos barrios cada vez tienen empleos más precarios. Al mismo tiempo se encargan de cercar todos esos espacios para interrumpir la circulación de los corredores biológicos y ahí las corzuelas, los zorritos, las comadrejas, muchas aves, pierden su conectividad entre un espacio y otro”.
Deón explica además que en las construcciones modernas cada vez se utilizan materiales más procesados, más lejos de los materiales que da la tierra.
“Los proyectos que se construyen en barrios privados tienen procesos de construcción cada vez más escindidos del territorio en que se localizan. Por ejemplo, se usa cada vez más el ladrillo de cemento y no el ladrillo común a base de barro; se usan plásticos, polímeros. En áreas de puro monte avanzan loteos que transforman la tierra en algo rentable y para eso se utilizan incendios para cambiar rápidamente el uso del suelo, grandes máquinas para desmontar, enormes procesos de parquización”, detalla.
El biólogo agrega que “se construyen alrededor de unas 300 viviendas al mes en los valles serranos, que en su mayoría son parte de un proceso de especulación inmobiliaria: se invierte para esperar que alguien alquile o compre a un precio exorbitante con respecto al que costó hacer esa vivienda, en general construida en un tiempo récord con una explotación de mano de obra muy grande»
«Además, las construcciones de los barrios privados consumen enormes cantidades de energía para desarrollar megadiseños, viviendas enormes para pocas personas”, alerta.
A su juicio, “esto hace que ese modo de vida sea completamente violento para el hábitat de las sierras. Los incendios y las inundaciones provocadas por estos emprendimientos hacen que a su vez baje el valor de la tierra y cambie el uso del suelo de grandes territorios, y ahí aparece el capital para desarrollar nuevos barrios privados o condominios».
«De golpe, grandes empresas multinacionales del sector inmobiliario están invirtiendo en la venta y alquiler de inmuebles en Córdoba. Se prioriza el negocio urbano, pero no la seguridad social, la seguridad urbana, la seguridad ambiental en esos territorios. Hay una desconexión entre la política pública y el desarrollo urbano”, concluye Deón.
IPS
