La ONG Foro Penal denunció este martes que en Venezuela hay 240 presos políticos, dos menos que en su último reporte, publicado el pasado 1 de febrero.
La organización detalló en Twitter que, entre los presos, hay 227 hombres y 13 mujeres.
Agregó que, de los 240 detenidos, 108 son civiles y 132 militares. En la última semana hubo 2 excarcelaciones.
Hasta la fecha, 37 presos han sido condenados y 205 siguen a la espera de recibir una sentencia.
«Desde 2014 se han registrado 15.753 detenciones políticas en Venezuela», indicó el Foro Penal.
Asimismo, dijo que más de 9.000 personas siguen sujetas, «arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad».
El lunes, la ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia pidió que la Fiscalía investigue la posible responsabilidad de la cadena de mando en el homicidio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, por cuya muerte en 2019, mientras se encontraba preso, fueron condenados dos militares.
El director de la ONG, Alonso Medina Roa, explicó en una rueda de prensa que no se puede «afirmar que hay una sentencia con respecto a todos los autores», ya que solo se ha identificado la responsabilidad de dos funcionarios que fueron condenados el pasado viernes por homicidio y tortura.
En su opinión, es necesario «que se investigue la cadena de mando, entendiendo que los eventos… ocurrieron en una instalación militar», en la que «no ocurre algo que no sea del conocimiento de los superiores».
El Tribunal 12 de Juicio del Circuito Judicial de Caracas, luego de doce audiencias, condenó a 30 años de prisión a dos militares integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el oficial Estiben José Zárate Zoto y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía, por el homicidio del capitán Acosta Arévalo.
El abogado señaló que en el juicio se demostró que el capitán Acosta Arévalo murió «producto de las torturas», las cuales -aseguró- fueron descritas «de forma detallada por varios testigos», entre ellos médicos forenses y personal médico adscrito al Ministerio Público.
EFE
