En un entorno carcelario marcado por el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos, y la violencia de género, las mujeres privadas de libertad en Venezuela son constantemente sometidas a tratos inhumanos que van desde la tortura física y psicológica, hasta la negación de atención médica adecuada.
Fuentes extraoficiales, cuya identidad será reservada por temor a represalias, informaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre la deplorable situación intramuros que padecen al menos 70 mujeres detenidas arbitrariamente en el marco de la represión postelectoral en Venezuela, y que actualmente permanecen recluidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, ubicado en el estado Miranda.
Según la información recopilada, las mujeres estarían siendo recluidas en grupos de 10 personas en cada celda, y solo les dan un tobo o balde de agua para que todas puedan satisfacer sus necesidades básicas y de higiene. No reciben una alimentación balanceada y suficiente, pues únicamente estarían consumiendo pasta con mortadela.
Durante el día son presuntamente maltratadas por la directora del recinto, quien les echa agua fría y las califica y estigmatiza como “terroristas”, además de torturarlas porque continuamente les afirma que pasarán mucho tiempo en privación de libertad.
Por su parte, para ingresar al centro, las mujeres visitantes son sometidas a requisas de naturaleza invasiva, ya que deben desnudarse y agacharse para que una custodia revise sus partes íntimas. Igualmente, son obligadas a cumplir con unos parámetros de vestimenta como franela o camisa blanca, pantalones tipo jean y sandalias.
Asimismo, se han reportado diversas irregularidades en el proceso judicial seguido en contra de estas mujeres, pues en muchos casos no se han podido encontrar expedientes de las detenidas ni registros en el sistema correspondiente. Esta falta de documentación resulta inaceptable, especialmente cuando las personas detenidas ya han sido presentadas ante un Tribunal en función de control, por lo que el mismo debería disponer de un expediente que refleje las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Al requerir información, la respuesta recibida ha sido: “aún estamos a la espera de la lista de personas presentadas”, sin ofrecer una respuesta clara a los abogados y familiares sobre el estado procesal de los casos.
En ese sentido, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría de Venezuela de la CIDH, la Relatoría sobre los DDHH de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, la Relatoría de los derechos de las mujeres de la CIDH, el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.
Por último, es importante destacar que el sistema de justicia representado por los jueces de ejecución, fiscales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y el Ministerio del Servicio Penitenciario, ha demostrado una complicidad alarmante en la tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia las mujeres detenidas arbitrariamente durante las protestas postelectorales. Esta red de actores, lejos de proteger los derechos fundamentales de estas mujeres, ha perpetuado su sufrimiento y vulnerabilidad, convirtiéndose en cómplices de una represión injusta e inhumana. Habrá justicia.
