La defensora de Derechos Humanos Delsa Solórzano, alertó que el informe presentado este jueves por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela ante la ONU reveló un patrón de violaciones de DDHH que incluye, además de secuestros, torturas y violaciones sexuales, un método nazi para amedrentar a los detenidos.
En lo metodológico, Solórzano explicó que el informe se basa en la realización de entrevistas directas a los miembros y ex miembros del sistema de administración de justicia. Recordó que el régimen les impidió ingresar a Venezuela, a pesar de haberlo requerido.
«Destaca de manera especial la forma irregular e inconstitucional de designación de los Magistrados TSJ en el año 2015, cuando el PSUV perdió elecciones de la Asamblea Nacional y votaron por ellos mismos para pasar a ser Magistrados», indicó.
Asegura la presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz que a partir de ese momento se incrementa de manera absoluta la «politización del poder judicial para su utilización como instrumento de persecución política».
En el punto 73 del informe habla de cómo la persecución de la dictadura no se limitó a las figuras opositoras, sino también a su entorno cercano.
Según detalla el texto, analizado por Solórzano, en base a las entrevistas realizadas en el país, “agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos”.
En el caso de un acusado de participar en la Operación Gedeón, el informe cita el testimonio de un entrevistado que en su audiencia preliminar, agentes de la DGCIM “lo torturaron y le dijeron que aplicarían el Sippenhaft (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis)”.
Sippenhaft, traducido como responsabilidad familiar, se derivó como principio legal del derecho germánico de la Edad Media, pero fue adaptado por la Alemania nazi para justificar el castigo a parientes que poco o nada tuvieron que ver con los hechos de la acusación principal.
“Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta durante 32 días.”, revela el informe sobre el caso. Agrega además que en «113 de los 183 casos de detenciones [los] detenidos o sus representantes denunciaron: tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 67 de los 183 casos [los] detenidos comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato.”
Ante todo esto, – agregó Solórzano – resulta evidente, hoy más que nunca, que la CPI debe actuar de inmediato y ordenar el pase a investigación definitiva en el caso “Venezuela I”.
-Finalmente, como activista y defensora de los DDHH, agradezco la labor de los expertos independiente que realizaron el informe , así como su mística y compromiso y sobre todo, la valentía de las víctimas que se mantienen denunciando a pesar de tanto dolor.
Solórzano envió un mensaje a sus defendidos: «no nos vamos a rendir hasta obtener justicia. Desde Comisión de Justicia y Paz seguimos luchando, junto a las víctimas. Gracias igualmente a todo el equipo técnico de la Comisión por su arduo trabajo y a cada abogado y ONG por su estupenda labor».
Redacción El Tequeño
