Súmate considera que cualquier decisión de convocar o diferir las elecciones previstas para este año 2020 corresponde únicamente al nuevo Poder Electoral, y solo debe hacerlo conforme al marco constitucional y legal con el fin de respetar el ejercicio del derecho político al sufragio garantizado en los artículos 5 y 63 de la Constitución de la República; y en la cual también debe contar con el consenso de todos los actores de la sociedad, en momentos cuando el país se encuentra en emergencia sanitaria por el brote de coronavirus Covid-19.
La ONG aclara a la opinión pública nacional e internacional, ante la información de una posible postergación de las Elecciones Parlamentarias dada a conocer el pasado 18 de este mes por Nicolás Maduro, que la convocatoria de los procesos electorales es competencia exclusiva del Poder Electoral y que estas declaraciones sólo refuerzan la tesis de la falta de independencia del actual ente Comicial, poniendo de relieve aún más, la impostergable necesidad de elegir un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial e independiente. Agrega, que con este tipo de actuación reitera un comportamiento que ha sido habitual por quienes han ejercido el control del poder político en los últimos 20 años, acostumbrados a imponer pautas a sus representantes en el directorio del CNE, logrando que estos hayan aprobado el adelanto o el diferimiento de algunas elecciones, e inclusive la eliminación de otras, como ocurrió con las Elecciones Municipales que correspondían en 2009 y las de los diputados al Parlamento Latinoamericano en 2015.
Ante esta situación, la Asociación Civil insiste que es urgente la elección de un nuevo Poder Electoral, asegurando que sus integrantes sean realmente imparciales e independientes, porque es la única institución con competencia constitucional y legal que podrá determinar el tiempo que se necesite para la ejecución de todas las actividades que involucran las Elecciones Presidenciales pendientes (porque fueron realizados el 20 de mayo de 2018 al margen de la Constitución y leyes electorales) y las Elecciones Parlamentarias previstas de acuerdo con la tradición electoral para el mes de diciembre de 2020 (por vencimiento del periodo de cinco años de los actuales diputados el próximo 5 de enero de 2021).
Para Súmate, es el nuevo Poder Electoral, con la legitimidad que emane de una elección en la Asamblea Nacional (AN) y como resultado de una amplia discusión nacional, el que deberá construir un cronograma claro y presentarlo ante el país considerando: 1) Evaluar el estado de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus en el país; 2) Definir los pasos necesarios para recuperar la plataforma de votación (producto de la destrucción por incendio de casi la totalidad de las máquinas de votación, los equipos de autenticación biométrica y las membranas utilizadas como boletas en las elecciones para integrantes de cuerpos deliberantes); 3) Permitir la actualización del Registro Electoral en Venezuela y en el exterior; 4) Reconstruir una por una las garantías electorales que permitan asegurar que los procesos sean justos, los resultados transparentes y que los ciudadanos sientan libertad en el ejercicio de su voto; 5) Invitar y promover la Observación Electoral nacional e internacional calificada e independiente; y 6) Asegurar a los ciudadanos que el resultado de la elección será el reflejo exacto de la voluntad popular. Sólo en este contexto, podrían convocarse las elecciones pendientes en Venezuela (Presidenciales y Parlamentarias), pero poniendo el foco en recuperar la confianza de los venezolanos en el voto como instrumento de cambio en democracia.
Por esta razón, la Asociación Civil hace un llamado a los diferentes factores políticos en la AN a no seguir posponiendo la elección de un verdadero árbitro electoral; y facilitar la labor del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) ya designado, con el fin de que continúe con las acciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) con esta finalidad, ya que el actual directorio del CNE debe ser relevado cuanto antes porque en su desempeño ha ocasionado graves daños a la credibilidad en el poder del voto y en las elecciones como vía de solución a los graves problemas que afectan al país.
La ONG recuerda el estado del proceso para la Elección de Rectores del CNE: primero se conformó la Comisión Preliminar de 11 diputados, el 5 y 12 de noviembre de 2019; posteriormente, tres meses después, el 26 de febrero de 2020, se llevó a cabo la elección de los 10 integrantes por la Sociedad Civil, con lo cual se conformó el CPE; y el 13 de marzo se dio la constitución formal de esta instancia. Ahora solo falta que el CPE cumpla con sus funciones de abrir el período de postulación de candidatos a Rectores del CNE, recibir y evaluar las credenciales y elaborar la lista de elegibles, para que por lo menos dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional le den un nuevo CNE a los venezolanos. Advierte, sin embargo, que a la fecha ya ha transcurrido más de un mes luego de la constitución del CPE y éste no ha reportado avances en el cumplimiento de sus funciones de convocar, recibir y evaluar las credenciales de los aspirantes a Rectores del CNE. Sugiere que puede cumplir con ellas en las próximas semanas, sin necesidad de transgredir las medidas sanitarias de protección personal recomendadas por la Organización Mundial de Salud; aplicando acciones novedosas, que se están ejecutando en algunos parlamentos del mundo, como reuniones a través de videoconferencias, llamadas de teléfono e incluso reuniones físicas, manteniendo el distanciamiento social.
Finalmente, Súmate reitera que sólo a través de la elección de un nuevo CNE independiente e imparcial se puede lograr que la discusión sobre los eventos electorales por venir se realice de manera transparente, explicando al país el estado actual del Sistema Electoral y construyendo un cronograma claro que muestre la ruta mediante la cual se podría: 1) Recuperar la confianza en el voto como instrumento de cambio; 2) Construir la certeza de que las elecciones reflejan la voluntad de los ciudadanos; 3) Asegurar las garantías electorales que permitan que los venezolanos recuperemos la legitimidad de las instituciones; y 4) Ganar el reconocimiento mundial, necesario para coordinar el apoyo que requiere la República en la atención de la crisis que atravesamos. Sólo así, podrían organizarse los comicios presidenciales pendientes y legislativos por venir, en el contexto de una amplia discusión nacional, que logre motivar la participación ciudadana electoral.
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