La reciente deportación de dos presuntos militares desertores venezolanos por parte de Estados Unidos ha generado una ola de preocupación y escepticismo en torno a su situación legal y las posibles repercusiones para otros miembros de las Fuerzas Armadas.
El pasado 10 de febrero, 190 hombres fueron deportados a Venezuela en dos vuelos de Conviasa. Entre ellos, según Diosdado Cabello se encontraban dos militares calificados como «desertores».
Al respecto, Tamara Sujú, abogada y defensora de derechos humanos, cuestionó la veracidad de las declaraciones de Cabello. «Habría que ver primero quiénes son, dónde están, en qué circunstancias estaban, si son de la Fuerza Armada, si realmente son desertores», dijo.
“En Venezuela los oficiales de la Fuerza Armada no pueden pedir la baja porque los ponen como sospechosos número uno”, afirmó.
Sujú advirtió que estas declaraciones podrían tener como objetivo sembrar temor entre los miembros de las Fuerzas Armadas que consideren desertar. «He tenido llamadas, contactos de funcionarios, no solamente de desertores militares, sino de los cuerpos de seguridad, que estarían sumamente preocupados si esto sucediera», revela.
La situación también plantea interrogantes sobre el trato que recibirán estos supuestos desertores al regresar a Venezuela. Sujú expresa su preocupación y precisa que «si estas personas son desertores, si son perseguidos políticos, ¿Qué no les puede pasar en Venezuela?».
