La Sección para la Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó este viernes 20 de abril su informe sobre las solicitudes de 8.900 víctimas venezolanas, donde –a partir de los testimonios– se identifican al menos nueve delitos de lesa humanidad.
Dentro de los testimonios recabados por esta instancia de la CPI se señalaron los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, torturas, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos.
Por la falta de justicia, las víctimas apoyan abrumadoramente que se reanude la investigación por parte del fiscal de la CPI, Karim Khan, «incluso más allá del alcance actualmente previsto, de todos los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el contexto y alcance temporal completo de la Situación Venezuela I».
En su último escrito, publicado el 1° de abril, la Fiscalía de la CPI señaló que la administración de Nicolás Maduro no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad están siendo investigados, juzgados y realmente sancionados dentro del territorio.
El fiscal Karim Khan basó su declaración en que el Estado venezolano no posee la estructura legal para juzgar estos presuntos crímenes de lesa humanidad, tampoco investiga a la cadena de mando (solo se limita a perpetradores) y tampoco juzga los delitos en base a persecución, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, privaciones arbitrarias de libertad, violación o abuso sexual, sino que las acusaciones se cambian o «diluyen».
En los testimonios entregados a la CPI, y sobre los cuales el Estado venezolano no podrá obtener información detallada, se repiten de forma recurrente las descargas eléctricas, amenazas de abuso sexual y violaciones, colgamientos, golpes y asfixia.
Estas formas de tortura fueron relatadas por víctimas y sus familiares en la serie documental La república que tortura, publicada por TalCual en diciembre de 2020 y que expone una exhaustiva investigación que devela patrones de violaciones a derechos humanos en el país, a partir de casos de presos políticos y presos comunes.
A continuación, se transcriben fragmentos de los testimonios entregados a la CPI sobre torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual a los que fueron sometidos venezolanos por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como otros cuerpos de seguridad.
«La desaparición forzada es como una tortura, como una espina dorsal que siempre te pincha, nunca superas la incertidumbre del “no saber”. […] Para mí es muy importante saber qué pasó con mi padre. No espero que siga con vida, esa esperanza la perdí hace tiempo, pero sí quiero que nos digan qué le pasó y, si está muerto, que nos digan dónde están sus restos y por qué lo mataron. Me gustaría saber la verdad sobre lo que pasó y me gustaría tener un lugar donde llevarle flores».
«Lo desnudaron y le ordenaron a un perro rottweiler que le mordiera los testículos».
«Unos desconocidos tocaron el timbre de mi casa, yo no abrí la puerta, entonces entraron a mi casa. Eran un grupo de hombres del SEBIN, me golpearon, me escupieron, me tiraron del pelo, me dijeron que me violarían, me pegaron con una pistola y amenazaron con matar a mi familia porque yo era ‘un maldito fascista de la oligarquía‘. Luego me amarraron y robaron el dinero y los suministros. A raíz de estos repugnantes hechos uno de ellos se bajó los pantalones y amenazó con violarme, me orinó encima y me dijo que le dijera [a nuestra líder] que era una terrorista fascista, y que si seguíamos conspirando contra la revolución nos iban a matar».
«[La víctima] fue secuestrada [por] un gran número de funcionarios del SEBIN quienes lo amarraron de pies y manos, lo amarraron a un carro del SEBIN y lo arrastraron por más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo al [Redactado] donde lo fue torturado durante 24 días. […] Las torturas eran literalmente macabras; le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con tenazas; lo asfixió cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que le dañó gravemente los pulmones; le aplicó descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; golpear todo su cuerpo con toallas mojadas; lo hacía bañar a toda hora en orines y excrementos […]».
«Me desnudaron, me colgaron las manos y me arrojaron baldes de agua que la mayoría de las veces me caían en la cara. Me soltaron y me hicieron enjuagar la ropa solo con agua. En una ocasión me llevaron a una habitación donde solo había un viejo escritorio de metal pegado a una pared y una vieja silla de metal en medio de la habitación. Me esposaron las manos a la silla con dos juegos de esposas, tomaron un palo eléctrico que se usa para ganado y lo conectaron con un cable largo a un enchufe en la pared. Me lo colocaron varias veces en el pecho, me tiraron agua en los pantalones, precisamente en los genitales, y me descargaron electricidad en los testículos, por lo que no pude contener la vejiga y oriné con mucha fuerza por el susto. Todavía tengo en mi cuerpo las cicatrices de las quemaduras actuales. Falsificaron un documento judicial en el que decían que estaba condenado a muerte y me llevaron a una habitación y me hicieron parar en un banco de plástico, me colgaron del cuello, me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas que no pude responder. Los golpes fueron tan fuertes que una de las patas de la banca se rompió, así que me colgaron y perdí el conocimiento, todavía tengo las cicatrices en el cuello. Me trasladaron a un área con otros presos y les dijeron a los detenidos que yo era un violador, entonces me llevaron, me golpearon y abusaron de mí obligándome a practicar sexo oral. […]»
«Otra forma particular en que los uniformados ejercieron torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en mi contra fue de carácter vicario, es decir, maltrataron a mi familia para hacerme sufrir. Mi esposa […] era constantemente abusada sexualmente bajo la amenaza de que si no lo toleraba no la dejarían verme […]. Así, muchas veces la obligaron a desnudarse, le abrieron la cara interna de los muslos, le hicieron tocamientos indecentes (violencia sexual), y en una ocasión incluso la obligaron a quitarse la compresa menstrual para ‘verificar que no tenía objeto oculto’, lo que fue tremendamente humillante y ofensivo para ella […]. Había una ocasión en que fue aún peor porque obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y a su abuela y querían desnudar a mis hijos».
«La víctima trató de escapar pero no lo logró, la agarraron […] Una bolsa plástica negra de basura la rociaron con insecticida y le taparon la cabeza con ella tratando de asfixiarla […]. Fue golpeada brutalmente por estos hombres, al punto que cayó al suelo, y cuando dos trabajadores intentaron intervenir para ayudarla, los mataron en el lugar, con fusiles, para impedir que ayudaran [a la víctima]. […] Ella continuó siendo golpeada por estos hombres, quienes también le quemaron la mano, la sacaron a rastras de la casa, la llevaron a uno de los establos donde fue violada salvajemente por hombres, quienes continuaron golpeándola brutalmente; pensaron que la habían matado a golpes, así que la tiraron. […] La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por los graves desgarros genitales provocados por las violaciones, se le desprendió parte de la mandíbula y los dientes por el brutal golpe, y tenía fracturas de cadera y problemas de columna».
«[La víctima], quien era menor de edad al momento de los hechos, fue detenido por la DGCIM […] por su presunta vinculación con actos terroristas […]. [Fue detenido] en un centro de detención de menores, en aislamiento y sin recibir visitas. [Sufrió] daño físico y psíquico por estar incomunicado [y] después de su liberación huyó a [Redactado] […] donde vivía en la calle y sin documentos de identidad».
