Un grupo de cinco observadores electorales venezolanos se encontraba escondido en una habitación estrecha, apretada y temporal en Cúcuta, Colombia. Entre ellos había un panadero, un vendedor, un chef y un ingeniero y, juntos, fueron de los primeros exiliados políticos que huyeron a través de la frontera entre Venezuela y Colombia en los días posteriores a las elecciones del 28 de julio.
Todos ellos habían sido perseguidos por su papel como voluntarios de la oposición, que se unificó para derrotar al autoritario presidente del país, Nicolás Maduro.
Originalmente, María Corina Machado había sido la candidata presidencial del partido de la oposición, hasta que un alto tribunal venezolano le impidió postularse en enero. Entonces dio su respaldo a Edmundo González y lideró un partido unificado que comenzó a reclutar observadores electorales que se encargarían de recoger y validar los recuentos de votos de miles de centros de votación de todo el país.
“Centro por centro, centro por votación, recolectamos todas las actas”, dijo uno de los coordinadores de los observadores electorales, quien pidió que se le llamara Anthony. Tanto él como los demás entrevistados pidieron a The New York Times que no revelara sus identidades por su seguridad y la de las familias que dejaron en Venezuela.
A pesar de las contundentes pruebas recogidas y publicadas en internet por observadores electorales como Anthony, Maduro fue declarado vencedor de las elecciones nacionales. La oposición fue capaz de recoger los resultados del 83 por ciento de los centros de votación, y dentro de esos centros, González había ganado el 67 por ciento de los votos.
“Pedimos las actas. Dijeron, ‘¿Qué actas?’”, dijo Anthony, y añadió que los trabajadores electorales pro-Maduro intimidaron a los observadores electorales.
“La única oposición, en ese centro de votación, eran los dos testigos que yo tenía allá, y yo. Desgraciadamente, allí no dieron las actas”, dijo, y señaló que el 17 por ciento de los votos que faltaban procedían de centros de votación como el que acababa de describir.
Tras las protestas y los disturbios civiles que siguieron a las elecciones, el gobierno de Maduro y grupos de sus principales fuerzas paramilitares, a menudo denominados colectivos, iniciaron una campaña nacional de violencia y amenazas contra la oposición y sus partidarios. Maduro anunció la Operación Tun Tun, que comenzó a buscar a personas como Anthony para detenerlas y acusarlas de terrorismo, un cargo que, según Foro Penal, una organización de derechos humanos de Caracas, puede acarrear hasta 30 años de prisión.
A pesar de haber llegado al lado colombiano de la frontera, los voluntarios electorales entrevistados por el Times viven en un estado de ansiedad.
“Estamos en frontera”, dijo otro coordinador de observadores electorales que pidió que le llamaran Jerry. “No es seguro. Estamos a un paso de Venezuela. Y ellos son capaces de hacer cualquier cosa”.
Actualmente están en proceso de pedir protección de asilo político en Colombia, y han estado discutiendo cómo podrían llegar a Estados Unidos y pedir asilo allí si Maduro se aferra al poder para otro mandato de seis años.
Según las autoridades venezolanas, González huyó de Venezuela el 7 de septiembre, solicitando asilo en España después de que un alto tribunal emitiera una orden de detención contra él varios días antes. Estados Unidos, junto con otros muchos países, ha seguido presionando al gobierno de Maduro para que publique el acta electoral. También han pedido la liberación “inmediata e incondicional” de quienes han sido detenidos injustamente.
Hasta el 9 de septiembre, más de 1600 personas habían sido arrestadas o detenidas tras las elecciones de julio, según Foro Penal. De acuerdo a la organización venezolana sin fines de lucro Monitor de Víctimas, 23 personas han sido asesinadas.
