«Le amarraron de pies y manos, le ataron a un carro (vehículo) del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política del chavismo) y le arrastraron más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo a un centro de reclusión, donde fue torturado 24 días.
Las torturas eran literalmente macabras: le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con tenazas; le asfixiaron cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que le dañó gravemente los pulmones; le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; le golpearon todo el cuerpo con toallas mojadas; le hacían bañar a todas horas en orines y excrementos».
El Tribunal Penal Internacional (TPI) publicó el viernes testimonios, incluidas torturas, de 8.900 víctimas venezolanas, 630 familias y dos organizaciones, recopilados por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, que formarán parte de la investigación contra el chavismo por crímenes de lesa humanidad que sigue la Fiscalía. Relatos que resumen el horror sistemático contra detenidos y perseguidos, que incluye violaciones sexuales y hasta a un perro Rottweiler amaestrado por los agentes para morder en zonas íntimas.
Se trata de un paso trascendental de cara al proceso contra la élite de la revolución bolivariana, que ha coincidido además con una nueva muerte en sus cárceles, que ha levantado todas las sospechas: el suicidio de un funcionario bolivariano de primer nivel, Leoner Azuaje, que hasta el momento de su detención presidía Cartones de Venezuela y pertenecía al círculo de confianza de Hugo Cabezas, también capturado, que fungió como ministro de Presidencia tanto para Hugo Chávez como para Nicolás Maduro.
La purga anticorrupción en el seno del chavismo, ordenada por el presidente pueblo, no sólo suma más de 60 detenciones de dirigentes, militares, empresarios boliburgueses y jueces; también ha provocado la caída del todopoderoso zar del petróleo, Tareck El Aissami, cuyo paradero se desconoce un mes después de que comunicara su dimisión a través de las redes sociales.
SOSPECHOSA MUERTE
La sospechosa muerte de Azuaje cuando se encontraba en manos del Sebin ha oscurecido aún más una operación en la que se han vulnerado el debido proceso, las garantías y la presunción de inocencia, denuncia la organización de derechos humanos Provea. Según el fiscal chavista Tarek William Saab, el dirigente murió asfixiado «por constricción de cuello por ahorcamiento; se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido».
Fuentes vinculadas al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en cuya unidad de investigaciones se encontraba, mantienen que Azuaje sufría desde hace tres meses «pensamientos negativos» y que se despidió con varias cartas de sus familiares. Según esta teoría, se colgó de un tubo del cableado eléctrico con la ayuda de una cuerda confeccionada con una sábana y una manta. Azuaje se aprovechó de que su custodio habría ido a buscarle comida.
«¿Si sabían que supuestamente se encontraba en estado depresivo, cómo le meten en una celda solo, aislado, con tuberías en el techo y una sábana?», se interrogó al momento el ex fiscal Zair Mundaray desde su exilio en Colombia.
Las fotos filtradas del cadáver muestran también «el surco de ahorcamiento que parece cualquier cosa menos una sábana. ¿Y la histología? Si cuelgas un muerto también hace surco, sólo que sin reacción vital», alertó Mundaray.
El informe oficial no hace mención de otro tipo de lesiones, que sí ha destacado el periodista local Javier Mayorca, especialista en Sucesos. Según fuentes de la morgue de Bello Monte, donde se realizó la autopsia, el cuerpo presentaba signos de tortura: hematomas en la parte media y baja del abdomen, escoriaciones en la región intercostal derecha y antebrazos y signos de tortura en la planta de los pies.
TORTURAS CONSTANTES
Distintos organismos de Naciones Unidas han reiterado que se realizan torturas constantes en los centros de detención del chavismo. Otras víctimas mortales de estas prácticas fueron el concejal opositor Fernando Albán y el capitán de Marina Rafael Acosta.
El cuerpo sin vida del primero fue arrojado en 2018 desde un piso 10 de un edificio del Sebin, en un intento infructuoso de simular un suicidio. La autopsia demostró que tenía agua en los pulmones, producto de torturas.
Un año más tarde, a Acosta le presentaron ante el juez cuando ya agonizaba por torturas que le fracturaron 16 costillas, le rompieron el tabique nasal y un pie. El cuerpo del militar también presentaba quemaduras en ambas plantas y latigazos en espalda y muslos, además de múltiples hematomas.
El nuevo capítulo de violencia llega en el peor momento para Maduro, cuando todavía debe presentar una respuesta a la Fiscalía del TPI y cuando su aliado Gustavo Petro ha montado una conferencia en Bogotá con la intención de aliviar el pressing internacional en su contra.
