El pasado viernes #25Abr, la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Contratación Colectiva del Ministerio de Educación, convocó una mesa de trabajo en la Inspectoría de Trabajo para abordar los reclamos por la suspensión de salarios que ha afectado a trabajadores obreros, administrativos y docentes nacionales durante los últimos seis meses.
La comisión, integrada por Dinorah Marchán, Andrés Orellana, Oswaldo López, María Camejo, Marisel Colmenares, Pedro Martínez, Marvis Misler y el asesor laboral José Echeverría, indicó que los afectados señalan que las suspensiones se han aplicado sin procedimientos administrativos disciplinarios en ninguno de los casos, lo que constituiría una violación a sus derechos laborales y a la estabilidad prevista en las leyes.
La asesora legal del Ministerio, presente en la reunión, explicó que los problemas se deben a fallas técnicas y que los trabajadores afectados serán reincorporados a nómina de forma paulatina.
Sin embargo, se admitió que algunos trabajadores que ingresaron a la plantilla en el último año han sido excluidos de sus labores, lo que equivale a despidos sin las garantías legales correspondientes.
La asesora legal se comprometió a revisar estos casos específicos y ofrecer respuestas en los próximos días, destacando la vigencia del decreto de inamovilidad laboral y el fuero sindical asociado a la discusión de la contratación colectiva.
Los trabajadores denuncian que las suspensiones han generado un daño irreversible a su patrimonio y al bienestar de sus familias, quienes ya enfrentan la carga de salarios deprimidos que no garantizan derechos constitucionales como la alimentación y educación.
«Respetamos el derecho superior del niño, pero recordamos que los hijos de los trabajadores también son amparados por este derecho y, con los bajos ingresos, no podemos costear lo que necesitan», afirmaron.
Finalmente, los trabajadores exigieron al Ministerio de Educación corregir las políticas y procedimientos aplicados, cumplir con sus compromisos legales y contractuales, y garantizar un sistema educativo funcional al 100%, destacando que esto solo es posible con un compromiso pleno del patrono hacia los derechos de los empleados.
Redacción El Tequeño
