Este 23 de enero, cuando se celebran 65 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los trabajadores del sector público de Venezuela han convocado a marchar en todo el país para exigir el aumento de todas las tablas salariales que incluye a los jubilados y pensionados.
La convocatoria está precedida de manifestaciones que se han dado desde que comenzó el año en un intento de presionar al régimen de Maduro para que se haga un ajuste tanto a maestros como a trabajadores del sector salud, los peores pagados de América Latina, con 6 dólares al mes.
Maestros, enfermeros, médicos, obreros pertenecientes a la gigantesca nómina estatal, han visto sus ingresos mermados en medio de una altísima inflación, que cerró con más de 300 % el año 2022, según estimaciones privadas.
El salario mínimo base en Venezuela no llega hoy a los 10 dólares mensuales al cambio. Y un empleado público puede llegar a unos 30.
Entonces, los trabajadores demandan que sus pagos se equiparen a la canasta básica, calculada en unos 470 dólares, y que además se indexen al valor del billete estadounidense, en medio de la dolarización de facto que vive el país desde 2018.
“El año 2023 comenzó con las numerosas protestas y exigencias de los maestros. Estos exigen unas mejores condiciones al régimen de Nicolás Maduro aunque, hoy por hoy, siguen sin ser escuchados. el pasado 15 de enero, Día del Maestro, la profesión vive una situación alarmante”, señaló el Sindicato Unitario del Magisterio en un boletín difundido en Twitter.
“La protesta nacional del magisterio no solo es una reacción en rechazo a un salario que está en el umbral de la pobreza extrema, sino a un cúmulo de situaciones anormales“, añadió.
En la última semana se han registrado protestas en casi todas las regiones del país, en las que miles de trabajadores, la mayoría del sector público, exigen aumentos salariales pues el sueldo mínimo -cuyo monto es fijado por el régimen- es de unos siete dólares al mes, mientras que una familia necesita 50 veces ese monto solo para comer.
