La mesa tiene cinco inyectadoras desechables sin usar, un envase de alcohol y un pequeño contenedor de algodón. Los grandes protagonistas son la ampolla de 250 miligramos de Enanbolic, que es la testosterona inyectable que ahora se consigue en Caracas, y Denangel Meza, un hombre trans de 38 años.
“Estuve esperando cinco años por lo de la puya. Salí de la universidad y todavía esperando por la puyita. Hasta que, por fin, logré conseguirla e inyectarme el día de hoy” dijo Denangel Meza, minutos después de suministrarle a su cuerpo su primera dosis extra de testosterona en la vida.
El crecimiento del vello facial y corporal, el aumento de la fuerza y la masa muscular y, por supuesto, un cambio en su voz para hacerla más grave serán algunos de los efectos de comenzar su terapia hormonal masculinizante. Un tratamiento que para muchos otros hombres trans en Venezuela es un lujo que no pueden pagarse y que ningún centro u hospital público brinda de forma gratuita como sí sucede, por ejemplo, en México o Costa Rica.
El botón de “Voy a tener suerte”
La toma de esta dosis de testosterona no ocurre en un centro médico ni nada parecido. Denangel Meza partió aquella ampolla con la que soñó desde la universidad en el área de cocina de una oficina caraqueña y fue en el sofá de descanso de ese mismo espacio, en donde dio otro paso sólido en su transición de un cuerpo femenino a uno masculino.
La primera dosis de testosterona de Denangel Meza la recibió en una oficina caraqueña
Denangel Meza es afortunado. La primera inyección del cambio químico en su cuerpo lo dio de la mano de una enfermera que es amiga desde su niñez y acompañado por Joseph Soto y Julián Alejandro Ulloa, dos de sus cómplices en Transgresores, un colectivo venezolano de hombres trans.
Él estudió para ser agente aduanal, pero eso poco le sirvió para obtener los 50 dólares que cuesta comprar la caja de 10 dosis de testosterona en una tienda para fisicoculturistas ubicada en Chacao.
Meza necesitó levantar un pequeño emprendimiento de aves codornices y comerciar otros tantos productos para conseguir el dinero que equivalen a casi dos años completos de trabajo, si se habla de un empleado con salario mínimo calculado a la tasa oficial de cambio. Él contó con apoyo emocional y con la experiencia compartida de su círculo trans, pero no hubo ningún médico a su lado.
Desde el año 2009, los protocolos internacionales para esta clase de terapias hormonales fijados por la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos (Endocrine Society, por su nombre en inglés) marcan que el inicio debe producirse solo después de un examen sanguíneo completo y unos perfiles extras sobre lípidos, azúcar en la sangre y una medición de las enzimas hepáticas. Aparte de una exploración física médica para fijar un punto de control sobre el aspecto del cuerpo completo y el tamaño de los genitales propios de la feminidad como son las mamas y el clítoris.
Después de tres meses de inyecciones de testosterona, los hombres trans suelen experimentar la interrupción de su ciclo menstrual, un agrandamiento de su clítoris y un cambio en la hidratación vaginal, de acuerdo a los estudios científicos. Eso sin hablar del acné, el aumento de peso y la caída del cabello, que son considerados los efectos secundarios del incremento de testosterona en un cuerpo femenino.
Denangel Meza no tuvo que firmar esa mañana ningún consentimiento de entender los cambios y los riesgos que comenzaban con su nuevo tratamiento hormonal. En medio de la felicitación, nadie preguntó por la cartilla completa de los exámenes sanguíneos y tampoco por cuál será el endocrinólogo que haga el monitoreo de su terapia masculinizante que requiere inyecciones de testosterona cada 28 días. Todos allí sabían la respuesta: el acompañamiento médico más cercano seguirá de la mano de Internet.
La barrera del estigma
Ellos lo intentaron. Los tres hombres trans coincidieron en visitas médicas que incluyen la consulta en la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) y en Reflejos de Venezuela, que es una organización no gubernamental en defensa de los derechos de la comunidad Lgbti. Al igual que un centro médico privado que durante la década de los ochenta y los noventa tuvo una unidad precursora en la atención a las mujeres trans venezolanas.
“A mí lo que me molestó burda es que yo tenía que comprobar que era trans. No era suficiente con que yo fuera a un lugar médico a manifestar frente a un personal que quiero desarrollar un proceso de transición químico de género. ¿De verdad eso no es suficiente? Te estoy viniendo con esta perfomatividad de género, a decirte me llamo Joseph y me enuncio en masculino. Ese ejercicio, nada más, requiere demasiado coraje” aseguró Joseph Soto, un hombre trans de 27 años, quien no puede evitar alzar el tono de su voz, cuando recuerda su búsqueda de un endocrinólogo en Caracas.
Joseph Soto y Julián Alejandro Ulloa son miembros del colectivo Transgresores
Antes de que pudiera siquiera tener la explicación inicial sobre la testosterona y sus efectos, le obligaron a asistir a varias consultas psiquiátricas. Luego le pidieron llevar dos personas, una de su familia y otra de su ámbito laboral, que pudieran atestiguar que Joseph Soto actuaba como un hombre en su día a día. Sin pasar esa prueba, no podía recibir el tratamiento hormonal que buscaba para su transición.
El requerimiento de testigos que le hicieron a Joseph Soto solo es una muestra de la falta de un protocolo venezolano para la atención médica de las personas trans como sí existe en Argentina y en Uruguay. Estos documentos son claves para facilitar la inclusión y, a la vez, disminuir los niveles de estigmatización sobre una condición que apenas hasta el año pasado era considerada como una enfermedad mental.
La alcabala de los psicólogos
La transexualidad desapareció como una patología en la reciente actualización del “Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales”, mejor conocido como DSM-5, que es el manual editado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y es usado por los psiquiatras en todo el mundo.
Esta fue una conquista de la red de Stop Trans Pathologization que adelantó una campaña por la despatologización del mundo trans. Sin embargo, esta victoria es muy diferente a cuando la homosexualidad dejó de ser catalogada como una enfermedad mental por la APA en 1973 o por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990.
El diferencial más importante es que la transexualidad, como pocas condiciones, sí requiere de una gran participación de los médicos para guiar al paciente.
Como lo resumió la socióloga Beatriz Cavia, en su artículo de “La gestión de lo patológico: Itinerarios de la transexualidad”, hay una singularidad de las personas trans “en cuanto a los requerimientos médicos necesarios para gestionar las diferentes posibilidades de transformación de los cuerpos. Se señala la necesidad de la medicina para la salud transicional y la significación de las variaciones del género en niñez y adolescencia”.
La consulta con los especialistas en enfermedades mentales, sin embargo, aparece fijada como el primer punto de encuentro con la comunidad trans. “Sabemos que la expectativa no es verse ni con un psicólogo, ni con un psiquiatra. La intención de nosotros es hacer el acompañamiento, porque sabemos que las personas trans pueden tener algunas vulnerabilidades psicológicas producto del prejuicio, el rechazo y el acoso que han experimentado y que puede tener connotaciones negativas”, explicó Gilberto Aldana, psicólogo y director del Hospital José María Vargas.
El proyecto piloto de Unitrans
Aldana es uno de los siete integrantes de una unidad piloto que bajo el nombre de Unitrans espera convertirse en un nuevo modelo en Venezuela. Este servicio empezó a gestarse en octubre de 2018 y hoy ofrece una red entre psicología, psiquiatría, endocrinología, cirugía plástica, urología y trabajo social para brindar una asistencia pública especializada en la comunidad trans.
Juan Blanco y José Gregorio Álvarez son dos de los médicos de la Fundación Unitrans
El lunes 19 de agosto fue cuando este servicio público abrió, oficialmente, sus puertas para atender a un máximo de cuatro pacientes por día. Unitrans acaba de recibir la aprobación del comité técnico de este hospital público caraqueño para operar y se le asignó un espacio en la Sala 20 donde funciona urología, pero todavía está lejos de contar con un presupuesto propio asignado desde el Ministerio de Salud.
El urólogo José Gregorio Álvarez fue el promotor de Unitrans y su plan de financiamiento es la creación de una fundación que aún no está registrada, para captar fondos tanto del Estado venezolano como de otras organizaciones mundiales enfocadas en la comunidad trans.
“El objetivo no solo es tratar al paciente nacional, sino también al paciente internacional que lo amerite. Otra de las metas es que esto se convierta en un centro docente para otros médicos”, aseguró Álvarez, quien reconoce que atraer a otros pacientes trans interesados en la cirugía de reasignación de sexo, puede convertirse en una vía de ingresos para este proyecto en el mediano plazo.
La Fundación Unitrans estimó en 8.000 dólares el costo final de una vaginoplastia, que es la cirugía para construir una vagina para las mujeres trans. Este precio supone un factor competitivo, si se considera que en Colombia esta misma operación se cotiza en 15.000 dólares, mientras que en los Estados Unidos puede superar los 30.000 dólares.
La visita a Caracas del urólogo Maurice García es parte importante de los costos en ese presupuesto inicial, dado que Álvarez solo ha participado como asistente en un par de vaginoplastias. García es director del Programa de Salud y Cirugía para Transgéneros en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles (Estados Unidos), que fue fundado en el año 2017. Allí García ha estado a cargo de más de 1.000 operaciones de reasignación de sexo.
Esta cirugía final ya no es tan solicitada como antes. Muchos trans ahora se cuestionan qué tanto necesitan llevar sus cuerpos al modelo canónico y tradicional de cómo debe lucir una mujer o un hombre y en la actualidad, solo optan por cambios estéticos menores.
“La secuencia de las cirugías era muy dogmática antes y nosotros estamos abiertos. Las cirugías se van a hacer de acuerdo a la necesidad de cada paciente, ya sea de mamoplastia, feminización facial o contorno corporal. Vamos a trabajar con urología solo al momento de realizar las vaginoplastias”, afirmó Juan Blanco, jefe de la unidad de Cirugía Plástica en el Hospital José María Vargas.
Blanco apuntó que las cirugías de cambio de sexo antes eran muy dogmáticas
Si quieren o no llegar a un cambio de sus genitales será una decisión individual, pero a todos se les abrirá una historia médica que llevará dos nombres: aquel que eligieron de acuerdo a su identidad de género y ese otro que les fue dictado al momento de nacer. Como el hospital es público está obligado a cumplir esa condición, porque en Venezuela aún no existe ninguna legislación que les garantice el cambio del nombre a la comunidad trans.
Hacer la diferencia
La lucha global de Stop Trans Pathologization es porque el cambio de nombre legal para las personas trans se haga sin pedirles un informe médico o psiquiátrico. Esto supone una mejora de aquellos viejos preceptos que en los noventa obligaban a un cambio genital completo como requisito indispensable para la solicitud legal de un nombre, que fuera congruente con su identidad de género.
“Venezuela fue el primer país en la región en reconocer la identidad de las personas trans en el año 1977 y después hubo una sentencia (de la antigua Corte Suprema de Justicia) en el año 1982 de Alirio Abreu Burelli. Desde entonces, hubo alrededor de 150 reconocimientos de identidad de género, básicamente, por rectificación de partidas, por amparo, por vías de error material. Hubo varias fórmulas legales hasta el año 1998 y allí se detuvo todo”, recordó la abogada Tamara Adrián.
Adrián es profesora universitaria de derecho, es la primera diputada trans en la Asamblea Nacional y es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Profesional Mundial para la Salud del Transgénero (Wpath), pero su propia transición se evidencia con dos placas de agradecimiento en su oficina. En una aparece como madrina de una promoción universitaria y en otra aparece como padrino bajo el nombre de Tomás Adrián, ese mismo nombre legal que le toca usar para las transacciones bancarias y las taquillas de migración en los aeropuertos del mundo.
La petición formal de cambio de nombre de Tamara Adrián fue introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia en 2004 y solo tuvo que esperar 12 años para que su caso fuera admitido. Hoy es miembro del Poder Legislativo y todavía espera que se emita una sentencia en su caso.
“Sé que tengo que hacer la diferencia donde yo pueda”, responde casi como un mantra, cuando se le pregunta si sus compañeros diputados están listos para impulsar una ley que asegure un cambio importante en la política pública venezolana enfocada en la comunidad trans.
Denangel Meza, Joseph Soto y Julián Alejandro Ulloa también hacen la diferencia, primero con sus otros compañeros en el colectivo. Se comparten guías médicas que consiguen en Internet, se intercambian links de videos sobre cómo apoyar al grupo familiar, se acompañan en los días oscuros y siguen un protocolo para cuidarse entre ellos en el largo proceso de su transición. Porque si alguna certeza tienen es que “aquí contar con un apoyo médico es impresionante. Además cuesta mucha plata”, como dijo Ulloa.
