La ONG Transparencia Venezuela señaló que este año el Tribunal Supremo de Justicia adelantará más jubilaciones anticipadas a jueces, abogados asistentes, secretarios y alguaciles, a pesar de que el poder Judicial ya “gasta más en mantener a sus otrora funcionarios que en los permanecen laborando en los distintos juzgados del país“.
El pasado 14 de diciembre la Sala Plena del TSJ aprobó la resolución 2022-007 contentiva de las “Normas que regularán los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los jueces y juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, salvo los del Tribunal Supremo de Justicia”.
Esta resolución tendrá un año de duración y es la sexta que ha emitido el TSJ en la materia desde 2009, destacó Transparencia Venezuela.
Una de las razones esgrimidas por el TSJ para estas jubilaciones fue que “la evaluación y la adecuación del ingreso y egreso del talento humano de que dispone” es fundamental para “el fomento de la eficiencia en la atención del ciudadano”.
Para Transparencia, la decisión de la Sala Plena de adoptar este tipo de jubilaciones anticipadas es llamativa, debido a que la presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez, admitió que las finanzas del Poder Judicial tienen limitaciones debido a la asignación del Ejecutivo.
“El máximo juzgado tiene previsto gastar este año un 10% más en pagar pensiones que en los salarios de sus funcionarios activos. Esto, a pesar de que los últimos duplican a los primeros”, insistió la ONG. Según el presupuesto nacional, el TSJ tiene en nómina a 11.068 jubilados y 25.153 funcionarios activos.
