Un mes ha pasado desde el 5 de enero, ese día histórico en el que el país pasó a tener un escenario con tres asambleas. Una situación a la que se llegó, de acuerdo con especialistas, debido al desespero del régimen de Nicolás Maduro.
Todo indica que a la cúpula chavista no le ha funcionado la figura del desacato, impuesta desde 2016 al Parlamento, ni la asamblea nacional constituyente, que desde agosto de 2017 ejerce funciones legislativas al atribuirse facultades supraconstitucionales.
“La ANC no tiene legitimidad, ni credibilidad. El régimen tuvo que recurrir a este subterfugio y a esta trampa (la del 5 de enero) para poder asumir el Parlamento porque al final a la ANC nadie la ve como un órgano que pueda tener equivalencia con la AN”, señaló Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Una Asamblea Nacional: dos directivas
El domingo 5 de enero se juramentaron dos directivas para la AN. Una en el Palacio Federal Legislativo, tomado desde primeras horas por la Guardia Nacional Bolivariana y sin contar con el quórum requerido. Esta es la del parlamentario Luis Parra, que desde ese día usurpa funciones del presidente legislativo.
La segunda es la legítima, juramentada alrededor de las 6:00 pm en la sede de El Nacional, electa por el voto de 100 diputados. Está presidida por Juan Guaidó, también presidente encargado de la República. Lo acompañan los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.
“Todo esto es parte de la incomodidad y la presión que ha significado para el régimen no tener el control de la AN. Es la reacción ante su necesidad desesperada de volverse a hacer con el control del Parlamento, cosa que no ha logrado, incluso, con este último movimiento”, indicó Félix Seijas, analista político y director de la encuestadora Delphos.
Para él, estas acciones –la ANC y la directiva de Parra–, que “han aumentado el costo” a la cúpula gobernante, se deben a que no ha podido realizar negocios internacionalmente.
“La Asamblea ha sido una puerta de tranca para que el régimen libremente pueda moverse y avanzar en su consolidación hegemónica en el poder”, subrayó.
No obstante, estas maniobras no han surtido efecto, dado que tanto la ANC como la directiva de Parra carecen de legitimidad y reconocimiento internacional. “Ellos no pueden endeudarse con ningún país, ni siquiera con los rusos. Independientemente de lo que intente hacer la ANC o Parra, a nivel internacional no tiene efecto alguno”, precisó.
Caos institucional
Las tres asambleas –la legítima, la usurpadora y la constituyente– han operado en este mes. Guaidó designó una nueva junta directiva para Telesur, presidida por Leopoldo Castillo, nombró a Tomás Guanipa embajador ante Colombia y aprobó aumentar el crédito al Fondo Especial de Litigios a 20.000 millones de dólares.
También designó una comisión técnica para que garantice el adecuado funcionamiento de estos recursos, integrada, entre otros, por Yon Goicochea y Gustavo Marcano.
Por su parte, Parra creó dos comisiones. Una para investigar los recursos otorgados por Estados Unidos, en la que incluyó a los diputados opositores Ángel Medina y Enrique Márquez, sin consultarles. Otra, para “sacar a la Asamblea del desacato”, en la que cumpliendo con una supuesta equidad, incorporó a Stalin González y Carlos Prosperi.
Mientras tanto, la ANC ha adoptado cuatro medidas que crean impacto en la sociedad. La primera, es un proyecto de ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el que se incorpora a la Milicia en el órgano castrense. También aprobó un Código Orgánico Tributario, una Ley Orgánica de Aduanas y Comercio Exterior, y una Ley de Cartera Única Productiva Nacional.
Los analistas consideran que estas medidas aumentan “el clima de conflicto” y el “caos institucional” en el país. “Cada quien lo que se está es preocupando de ver cómo ocupa el poder. No hay un entendimiento”, dijo Daniels.
Para Seijas, las medidas de la ANC y de Parra buscan generar confusión y desmoralizar al opositor. “Hablamos de un régimen autoritario, que se salta cotidianamente las reglas y viola la constitución. Lo que hace con la ANC y Parra es continuar violando la Constitución. No es algo nuevo, continúa haciendo lo que han venido haciendo a lo interno”, añadió.
El camino al CNE
Hasta este viernes la Asamblea Nacional legítima recibió los recaudos de los miembros de la sociedad civil que conformen el Comité de Postulaciones Electoral. Este avance se realizó sin la participación del PSUV ni de Franklyn Duarte, vicepresidente de Parra, que llamó a la oposición al diálogo para “evitar la omisión legislativa”.
“La AN legítima está haciendo cosas, es muy importante porque elimina el discurso de la omisión legislativa. Eso le quita al TSJ el argumento de que no se está tomando ninguna decisión para que él pueda nombrarlo”, señaló el defensor de los derechos humanos.
Pese a esto, Daniels abogó por un acuerdo entre los principales partidos opositores –Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo– y el chavismo. Recordó que el PSUV ni la oposición cuentan con las 2/3 partes que exige la Constitución para nombrar a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
“Es necesario un acuerdo. Mientras tengamos el CNE parcializado y sumiso al poder Ejecutivo que tenemos nadie va a poder decir vamos a elecciones con unas garantías mínima”, subrayó.
Sin condiciones, la abstención
Seijas afirmó que el régimen dará pasos cuidadosos con respecto a las elecciones parlamentarias previstas para este año, debido a su necesidad de obtener “algo de legitimidad internacionalmente”.
En este sentido, su objetivo es claro: desactivar, desmoralizar y generar desconfianza en los votantes opositores. “Quiere hacerles sentir que no vale la pena pelear para que no peleen y ellos puedan tener la victoria sin menor esfuerzo, siendo minoría”, manifestó.
Esto pone a la oposición en un dilema. De acuerdo con Daniels, la desconfianza puede ser tanta que “aunque se llegue a un acuerdo, con garantías, la gente no vaya a votar porque ya no cree en la fuerza política”.
“Eso sería lo peor que nos puede pasar como sociedad, sería entregarle el último poder público democrático que queda al régimen”, advirtió.
Los analistas coinciden en que la asamblea legítima debe trabajar por condiciones “de manera activa, decidida y unitaria, en compañía de la sociedad civil”. Esto, indicaron, permitirá que exista un expediente para avalar su negativa a participar en unas posibles elecciones, si no se dan las condiciones.
“Si no hay mínimas condiciones, no quedara más remedio que llamar a la abstención. No es que debemos ir a elecciones como sea, hay que ir a elecciones con garantías”, enfatizó Daniels.
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