La Unión Europea (UE) ha decidido imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos importados de China, con el objetivo de equilibrar las condiciones de competencia en el mercado automovilístico. Según la Comisión Europea, estos aranceles van desde un 17.4% hasta un 38.1%, lo que se suma a los aranceles existentes del 10% que el bloque impone a los vehículos importados.
El anuncio de la Comisión Europea se produce en medio de una investigación iniciada en octubre, con el objetivo de determinar si los precios de los vehículos eléctricos chinos están artificialmente bajos debido a los subsidios, lo que podría perjudicar a los fabricantes de automóviles europeos. Sin embargo, la Unión Europea debe equilibrar la protección de su industria automovilística con el cumplimiento de sus compromisos para “greenar” (hacer ecológica) su economía, que incluyen la prohibición de la venta de nuevos automóviles de gasolina y diésel a partir de 2035.
Esta medida ha recibido críticas de China, que ve al bloque como un mercado vital y en crecimiento para su industria automovilística. El Ministerio de Comercio de China ha acusado a la Unión Europea de “crear y intensificar tensiones comerciales”, y ha afirmado que este movimiento perjudicará a los consumidores europeos.
El impacto en los fabricantes de China
Aunque la decisión es un golpe para el gobierno chino y los fabricantes de vehículos eléctricos en el país, algunos analistas creen que los principales fabricantes chinos, como BYD, todavía tendrán espacio para crecer en Europa, incluso con el arancel adicional. Según Gregor Sebastian, un analista sénior del Grupo Rhodium, BYD ya está construyendo una fábrica en Europa y es probable que exporte de manera rentable a la UE incluso con aranceles del 17%.
Sin embargo, otros fabricantes chinos, como SAIC, se verán más afectados por esta medida. Según Sebastian, SAIC se encuentra en una situación “desastrosa”, ya que enfrenta un arancel adicional del 38.1%.
Esta decisión de la Unión Europea refleja los esfuerzos del bloque para proteger su industria automovilística frente a la competencia extranjera, especialmente en un momento en que la transición hacia la movilidad eléctrica está en pleno desarrollo.
