Las fuertes lluvias del 4 de diciembre de 2019 causaron deslizamientos de tierra en el distrito de Bududa, en el este de Uganda, dejando 20 personas muertas. Un informe de la Cruz Roja estimó que 96 hogares se vieron afectados, con 49 casas destruidas y muchas personas desplazadas. Otras más, siguieron viviendo en zonas de alto riesgo que podrían «deslizarse en cualquier momento», alertó.
No fue el primero ni es el último desastre causado por inundaciones. Varias noticias dan cuenta de numerosos episodios que dejaron a varias personas muertas cuando sus casas quedaron sepultadas por deslizamientos de tierra tras las lluvias torrenciales.
En Uganda, el caso conocido como «Tsama William y otros 47», que llegó a la justicia en 2020 sigue pendiente.
Williams y otros sostienen que el gobierno de Uganda conocía el riesgo de desprendimientos de tierras en Bududa desde hacía muchos años, pero no había puesto en marcha ningún sistema de alerta temprana.
Los damnificados buscan reparación en la justicia, que incluya una declaración de que su derecho a la vida, a la propiedad, a la salud física y mental y a un medio ambiente limpio y saludable se violaron cuando se produjeron los corrimientos de tierra.
«Es probable que el distrito de Bududa sufra más deslizamientos de tierras en el futuro, debido a su historia de desprendimientos y a factores como el cambio en el régimen de lluvias y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático, así como la degradación del medio ambiente, y que, si no se reubica y reasienta de forma urgente a las personas afectadas, es probable que se produzcan más pérdidas de vidas y bienes, y que se vulneren los derechos humanos», reza su declaración jurada fundacional.
Las autoridades, por su parte, niegan su responsabilidad en lo sucedido. Julius Muyizi, abogado de la Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente, acusó, en cambio, a William y a otros residentes de la región del monte Elgon de haber contribuido a los corrimientos de tierra con sus malas prácticas agrícolas, el desmalezamiento y los cultivos mal hechos.
William y sus compañeros sobrevivientes aguardan el fallo judicial, pero podría ser un proceso largo; otro caso similar lleva más de una década en la justicia.
Sin embargo, como muchos otros afectados por fenómenos meteorológicos y catástrofes provocados por el cambio climático, William forma parte de un grupo de supervivientes que recurren a la justicia para que los gobiernos, las empresas, los particulares y las autoridades locales asuman su responsabilidad por los efectos del cambio climático.
Ambiente y Justicia
La jueza Lydia Mugambe, magistrada del Tribunal Superior y hace poco nombrada jueza del Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales, dijo a los funcionarios judiciales en una reciente capacitación que el poder judicial es crucial en cuestiones de medio ambiente. Su ponencia versaba sobre el papel de los magistrados a la hora de garantizar la justicia climática. Una de las preguntas era: ¿Pueden los particulares demandar al gobierno por el cambio climático?
«Creo que el papel de la justicia es muy importante en cuestiones de medio ambiente, y nosotros, como judicatura, deberíamos asumirlo con gusto», dijo. «Tenemos que cambiar nuestra mentalidad; tenemos que separar la política de las cuestiones reales cuando se nos presentan estos casos», acotó.
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Mugambe también señaló que los jueces deben comprender el papel de los litigios de interés público en asuntos de medio ambiente.
«Por mi experiencia en los tribunales, un caso puede presentarse directamente como litigio de interés público. Pero otros llegan como casos individuales. Pero por su naturaleza son de ‘interés público’. Así que, a la hora de resolverlos, ¿qué tipo de soluciones damos?», preguntó.
Los jueces podrían dar soluciones para los casos individuales que tengan el efecto de generar reformas, sugirió, de forma tal que no sea necesario otro proceso cuando aparezcan otros casos similares.
Como abogada y, posteriormente, jueza, Mugambe ha sido testigo de los daños causados contra bosques y masas de agua de Uganda, y ha leído sobre el cambio climático que asola a algunas comunidades.
Según ella, los magistrados deben interesarse por las nuevas leyes, como la recién promulgada ley de medio ambiente.
Los jueces deberían plantearse preguntas cruciales:
«¿Qué aportan estas leyes y convenciones? ¿Cómo podemos utilizarlas en nuestras sentencias? ¿Qué tipo de remedios podemos aplicar cuando se nos presenten estos casos? ¿Son remedios significativos para la protección del medio ambiente? ¿Evaluamos el contexto del caso que se nos presenta para tener en cuenta todos los factores?», sugirió Mugambe.
La capacitación en la que participó fue organizada por la organización no gunerbnamental en defensa del medio ambiente, Greenwatch.
Leyes ambientales y Defensa
Greenwatch afirmó que es fundamental que todas las personas de Uganda sepan que tienen derechos medioambientales, y que pueden gozar de ellos plenamente mediante el acceso a la información, la justicia y la participación pública.
Samantha Atukunda Mwesigwa, directora y asesora jurídica de Greenwatch, dijo a IPS que la formación de magistrados es fundamental porque hay varios litigios ambientales en la justicia.
«Es importante tener un Poder Judicial bien informado y equipado cuando se trata de aspectos climáticos, y en particular de justicia climática», explicó Mwesigwa.
Uganda se sumó a la tendencia mundial de litigios climáticos en los que las víctimas del cambio climático citan en sus argumentos violaciones de los derechos humanos y constitucionales.
La reciente publicación “Global Trends in Climate Change Litigation: 2021 snapshot” (Tendencias globales en materia de juicios de cambio climático: panorama 2021) reconoció el papel crucial de los jueces en el contexto de la justicia climática. Su formación fue una de las áreas de mayor preocupación.
Además, el 28 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica en la que pide a la Corte Internacional de Justicia -principal órgano de justicia de la ONU- que emitiera una opinión consultiva para aclararar cuáles son las obligaciones de los gobiernos en virtud del derecho internacional cuando se trata de abordar el cambio climático.
El Juez Richard Buteera, presidente adjunto del Tribunal Supremo de Uganda, coincidió con la importancia de la formación porque los jueces están a la vanguardia de las leyes medioambientales.
«Tenemos que equilibrar las necesidades humanas por ahora, pero mantener el medio ambiente para el futuro. Porque en el esfuerzo por mantener el medio ambiente, estos conflictos tienen que ser resueltos por los tribunales. Y la formación deja clara la posición de la ley», explicó Buteera, anteriormente director de la Fiscalía Pública de Uganda.
Cada vez que una nueva cohorte de jueces recibe formación, hay que tener en cuenta una gran cantidad de información. Algunos magistrados conocen algunas cuestiones en materia de acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París de 2015, pero como el cambio climático y el derecho no son temas cotidianos en sus despachos, algunos se muestran escépticos al respecto.
Por su parte, Bridget Ampurira, abogada de Greenwatch, participó en la formación que comenzó en 2019.
Por supuesto, hay magistrados que expresarán su escepticismo respecto del cambio climático y de la justicia climática. Así que nos señalarán y cuestionarán la realidad del cambio climático. Pero hay quienes han visto y se han dado cuenta de que es un problema real», explicó.
Se han formado más de 120 jueces. Según Ampurira, se pueden observar los avances que tuvieron en cómo tratan los casos que se les presentan.
«Puedo decir que, en términos de proceso judicial, hubo una gran mejora en la atención prestada a los casos de cambio climático».
¿Quién es responsable según el Derecho internacional?
El difunto juez del Tribunal de Apelaciones, Kenneth Kakuru, todavía considerado uno de los máximos responsables del derecho medioambiental en Uganda, solía plantear preguntas cada vez que se dirigía a sus colegas jueces.
¿Quién es confiable según el derecho internacional?
El difunto juez del Tribunal de Apelaciones, Kenneth Kakuru, todavía considerado uno de los máximos exponentes del derecho medioambiental en Uganda, solía plantear preguntas cada vez que se dirigía a sus colegas.
«¿Es responsable el gobierno por no cumplir las obligaciones de los acuerdos internacionales? Por ejemplo, hemos visto a niños intentando atravesar una inundación. La inundación se lleva a un niño. ¿Quién es responsable si el gobierno no cumple con sus obligaciones?», preguntó Kakuru.
«Nos lo debemos a nosotros mismos y a los ciudadanos de este mundo; se lo debemos a aquellos de quienes heredamos este hermoso lugar. Se lo debemos a nuestros hijos y a sus hijos, y a los que aún no han nacido. El momento es ahora, pues mañana puede ser demasiado tarde», añadió.
Continúa la formación de magistrados, pero siguen sin resolverse los casos en la justicia ugandesa.
Casos vinculados al clima en la justicia ugandesa
Uno de esos casos es el conocido como «Nisi Mbabazi», presentado por Kakuru en 2012, antes de ser nombrado juez. Presentó una demanda en nombre de los hijos menores supervivientes de víctimas de un desastre natural.
Los demandantes alegaron que el artículo 237 de la Constitución ugandesa convierte al gobierno de Uganda en fideicomisario público de los recursos naturales de la nación -incluida su atmósfera- y que los artículos 39 y 237 exigen al gobierno preservar esos recursos de la degradación para las generaciones presentes y futuras.
Y citando múltiples ejemplos de daños y pérdida de vidas a causa de fenómenos meteorológicos extremos, alegaron que el gobierno incumplió su deber constitucional.
Justicia climática negada
Ya pasaron 11 años y aún no hay una sentencia por ese caso. Algunos activistas califican la larga espera de una injusticia contra las víctimas del cambio climático.
Ampurira dijo que uno de los retos a los que se ha enfrentado Greenwatch ha sido el retraso con la justicia o un sistema judicial plagado de aplazamientos. «Así, uno se encuentra con que un caso que debería tardar un año en resolverse, tarda 10 años».
También sugirió que el gobierno ugandés debía crear un tribunal medioambiental, como los creados por Kenia, para agilizar los casos «Porque decimos que justicia que tarda es justicia negada. Kenia cuenta con dos foros especializados para dirimir asuntos medioambientales.
El 16 de julio de 2023, el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Kenia otorgó una indemnización equivalente a 13 millones de dólares estadounidenses por los efectos en el medio ambiente y la salud en una comunidad, debido al envenenamiento por plomo de una fundición cercana que reciclaba baterías.
Fue el primer caso en Uganda en el que las víctimas de desastres ambientales demandaron al gobierno, pidiéndole que cumpliera varios artículos del Acuerdo de París de 2015, así como otros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la que Uganda es Estado parte.
Por su parte, Peter Kibeti, testigo de muchos desprendimientos en Bududa, aseguró en diálogo con IPS: «No están relacionados en modo alguno con la destrucción de árboles. Pero se han debido a las fuertes lluvias. El agua penetró en el suelo, provocando el derrumbe de las laderas».
«Todavía tenemos muchos árboles en Bududa. Por mucho que digan que debemos plantar más árboles, también son arrancados por los corrimientos de tierra. No puedo creer que la tala de árboles provoque desprendimientos porque las lluvias torrenciales debilitan el suelo», añadió.
Y Yazidhi Bamutaze, profesor asociado del Departamento de Geografía, Geoinformática y Ciencias Climáticas de la Universidad de Makerere, dijo a IPS que no se puede culpar únicamente a la pérdida de vegetación y a la cubierta arbórea en Bududa de los desastres causados por los corrimientos de tierra.
«Hemos tenido casos anteriores, y es una combinación de factores lo que lleva a que se produzcan deslizamientos de tierra en esa zona. Las pendientes son bastante pronunciadas. En algunas zonas superan los 80 grados. También hay factores climáticos, sobre todo las precipitaciones. Si miramos los datos, nos damos cuenta de que llueven más de 1500 milímetros», explicó, dando cuenta de la multiplicidad de causas de las catástrofes.
Casos en la justicia climática internacional
A nivel internacional, el número de casos vinculados al cambio climático aumentó a más del doble, pasando de 884 en 2017 a 2180 en 2022, según el Informe sobre Litigios Climáticos Mundiales de ONU Medio Ambiente: “Revisión Global 2023″,
Esa tendencia incluye casos presentados en nombre de «niños y jóvenes menores de 25 años, incluso niñas de tan solo siete y nueve años en Pakistán e India, respectivamente, mientras que en Suiza, hay demandantes que presentan su caso basado en el impacto desproporcionado del cambio climático en mujeres mayores».
El número de casos indica que aumentan los vínculos entre los derechos humanos y el cambio climático, la protección de los sectores más vulnerables y «el aumento de la responsabilidad, la transparencia y la justicia, obligan a gobiernos y empresas a perseguir objetivos más ambiciosos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático», añadió.
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