El edificio, una mole gris retocada con un par de torretas de estética medieval, es como un enorme palacio construido con bloques de Lego. Situado en uno de los cerros que rodean el pequeño pueblo de El Paraíso, en Copán, cerca de la frontera con Guatemala en el occidente de Honduras, el palacete es hoy uno de los testigos mudos del poder que alguna vez tuvo en este lugar Alexander Ardón, alcalde entre 2006 y 2014, y uno de los hombres que fue aliado del ex presidente Juan Orlando Hernández en la construcción de su operación de narcotráfico.
Ardón es uno de cuatro testigos que el gobierno de los Estados Unidos utilizará durante el juicio a Hernández, programado para el 18 de septiembre de este año en una corte de Nueva York, según un documento judicial introducido en el distrito sur de la ciudad el 22 de marzo pasado del que Infobae tiene copia. En el documento, el fiscal Damian Williams pide al juez del caso, Kevin Castel, que se juzgue en un solo proceso al ex presidente y a Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre y ex director de la policía hondureña durante el gobierno de Hernández, a quien Estados Unidos también acusa por delitos de narcotráfico.
Otro de los testigos es Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe de la banda de narcotraficantes Los Cachiros y también preso en Estados Unidos. Los otros dos, de acuerdo con dos oficiales hondureños que colaboran con la justicia estadounidense desde mediados de la década pasada en investigaciones relacionadas a Hernández y otros narcotraficantes, son otro capo llamado Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y Hugo Ardón, primo del ex alcalde Alexander Ardón, también conocido como Chande.
Lo que Chande Ardón tiene que contar sobre Juan Orlando Hernández puede ser particularmente dañino para la causa del presidente, según dijo uno de los oficiales consultados, quien es un militar que trabajó en contrainteligencia policial en el occidente hondureño durante la década pasada y fue uno de los primeros en descubrir las relaciones entre los narcos de la zona y la operación política del entonces presidente.
Cuando Ardón era el dueño y señor de los caminos que se abren desde El Paraíso hacia las montañas del Parque Nacional Cerro Azul al noreste y de ahí hacia los departamentos de Zacapa e Izabal en Guatemala, el alcalde se convirtió en una especia de leyenda local. El pueblo era, en boca de los investigadores hondureños que seguían la pista al alcalde Ardón, una minicapital del narco, una colección barroca de edificios remodelados y lujos extravagantes construidos por el alcalde.
Ardón construyó en aquella época el palacete gris, dice un investigador hondureño que trabajó con autoridades estadounidenses en la persecución del político narco, para “desde ahí mantener el control de todo el pueblo, desde la entrada”. El alcalde, a quien en Copán se le sigue llamando “Chande”, también intentó hacer, en el edificio de la alcaldía municipal, una réplica de la Casa Blanca de Washington. Y, en efecto, mandó a construir una fachada neoclásica al edifico, además de un helipuerto en la azotea. Instaló, también, un costoso equipo de videovigilancia desde el que controlaba toda la plaza central del pueblo y los alrededores.
Cuando quería hablar con algún forastero lo mandaba a traer en carro o en helicóptero para despachar los asuntos pendientes en la alcaldía. Un periodista local, quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, explica los métodos de Chande Ardón.
Un día, en 2012, cuenta el comunicador, recibió una llamada en su casa. Le llamaba el alcalde de El Paraíso, Alexander Ardón. En aquellos tiempos, el rumor de que Chande era uno de los capos del narcotráfico de la zona era ya un lugar común en Copán. Ya para entonces, por lo bajo, policías y periodistas locales le atribuían muertes y venganzas, pero nadie se atrevía a decir algo o a mirar a la cara al alcalde de El Paraíso, quien también era uno de los hombres fuertes del Partido Nacional, en el poder desde que un golpe de Estado sacó, en 2009, al entonces presidente Manuel “Mel” Zelaya.
El periodista había andado, días antes, cubriendo un evento en una finca cerca de Nueva Ocotopeque, a unas cuatro horas en carro de El Paraíso. Era un evento social, de empresarios y agricultores locales que se habían reunido para agasajar a uno de ellos. Ahí se habló de política y del poder creciente de Ardón, quien, se dijo en el evento, se había convertido en uno de los financistas de Juan Orlando Hernández, uno de los delfines del Partido Nacional que entonces era presidente del Congreso Nacional y ya preparaba su salto hacia la presidencia del país.
Alguien contó a Ardón que quizá se había hablado de más en la finca. Por eso la llamada al periodista. El alcalde dijo al comunicador que quería verlo en El Paraíso, que viajara hasta Santa Rosa de Copán, la capital departamental de Copán, y que de ahí alguien lo llevaría al pueblo. El periodista obedeció: “Si Chande llamaba había que ir; ya sabía que si no iba me encontraría…”
De Copán, el periodista viajó en helicóptero hasta El Paraíso. Chande Ardón lo recibió sin demasiados aspavientos y le ofreció un negocio. Necesitaba, le dijo el acalde, publicar varios anuncios de la municipalidad en una radio regional, como la que el comunicador dirigía. Buena plata. El periodista entendió: era el precio del silencio; no contar lo que había oído en la finca de Nuevo Ocotepeque. Aceptó.
Alexander Ardón era, en aquellos días en que despachaba desde su palacete y la alcaldía con fachada neoclásica, uno de los poderes criminales más violentos de Copán y, a diferencia de otros narcos hondureños, como las bandas de Los Valle y Los Cachiros, era un miembro del Partido Nacional. Su influencia no hizo más que crecer.
En el caso contra Juan Orlando Hernández, los fiscales estadounidenses se refieren a Ardón solo como CW-2 (Cooperating Witness 2 o testigo cooperante 2). Dicen: “Era un alcalde de un pueblo hondureño entre 2006 y 2014 y un traficante de gran escala en Honduras… CW-2 traficaba cantidades masivas de dinero con, entre otros, Tony Hernández (hermano del presidente), y pagaba sobornos a Juan Orlando para asegurarse de que las actividades de narcotráfico de CW-2 estarían protegidas”.
El nexo del Chapo Guzmán
Alexander Ardón se entregó a las autoridades estadounidenses en febrero de 2019 en Guatemala, después de varios meses de negociar las condiciones con la Administración Antidrogas, la DEA. Desde entonces, la información que el ex alcalde ha dado a la fiscalía de Nueva York, donde han sido juzgado ya varios narcotraficantes hondureños, ha sido esencial. Lo fue, por ejemplo, en el juicio contra Tony Hernández, el hermano del presidente, quien fue el nexo inicial entre la operación política de Juan Orlando y los narcotraficantes.
Fue Ardón el que dijo que él estuvo en una reunión, en Copán, en la que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo del Cartel de Sinaloa, entregó a Tony un millón de dólares para que Juan Orlando protegiera los envíos de cocaína del mexicano que pasaban por Honduras.
“CW-2 testificará que, en 2013, (Mauricio) Hernández Pineda (otro de los funcionarios hondureños acusados de narcotráfico) fue con Tony Hernández a reuniones en las que El Chapo preguntó a Tony Hernández si podía proveer protección continuada a los cargamentos del Cartel de Sinaloa en Honduras. Tony Hernández le dijo a El Chapo que, si Juan Orlando ganaba la presidencia, Tony podía dar seguridad (a la droga de Sinaloa)”, dice el documento de los fiscales estadounidenses.
Ardón era, según su propio testimonio, uno de los nexos más importantes de El Chapo y el Cartel de Sinaloa en Honduras. El alcalde era, además, socio de la banda de los Valle Valle, una familia de El Espíritu, Copán, una aldea aledaña a El Paraíso, que también tenía tratos con el sinaloense. En 2014, dos de los hermanos Valle fueron capturados en un operativo del que Juan Orlando Hernández no fue informado y también fueron enviados a Estados Unidos.
Durante el juicio del ex presidente, se espera que Ardón cuente cómo, en 2009, utilizó dinero del narcotráfico para financiar la campaña de Hernández al Congreso Nacional y, luego, la que lo llevó a la presidencia del país. Otros testimonios recogidos en el caso contra el ex presidente dan cuenta de que Hernández pidió a Ardón que ya no compitiera para la alcaldía de El Paraíso para no exponer al Partido Nacional; a cambio ofreció protección a los envíos de cocaína del alcalde.
“Con el apoyo de Juan Orlando, CW-2 fue más atrevido en el tráfico de drogas, y se alió con Tony Hernández. Entre 2010 y 2012, CW-2 y Tony Hernández distribuían entre dos y tres envíos de cocaína al mes usando helicópteros, aviones, barcos y camiones para transportar la droga”, dicen los fiscales estadounidenses.
La construcción del narco-Estado
Los otros narcotraficantes y funcionarios que testificarán en el juicio a Juan Orlando Hernández ayudarán a los fiscales a construir el relato de cómo el ex presidente puso a todo el Estado hondureño al servicio del narcotráfico hasta convertirse, él mismo, en un capo. Así se desprende de los cientos de folios, testimonios y pruebas gráficas anexas al proceso contra Hernández, contra su hermano Tony y contra otros criminales de Honduras, a parte de los cuales Infobae ha tenido acceso.
Una de las estrategias de la defensa de JOH, como se conoce al ex presidente hondureño por sus iniciales, ha sido retrasar el juicio e intentar que se juzgue individualmente a Hernández y no junto a Bonilla Valladares, el ex jefe policial, como ocurrirá de acuerdo con lo previsto hasta ahora.
Los equipos de abogados de ambos imputados introdujeron mociones independientes ante el juez Kevin Castel para separar los juicios. La fiscalía se ha opuesto a la moción diciendo que “Juan Orlando, Bonilla Valladares y Hernández Pineda (el otro ex funcionario juzgado) conspiraron juntos como parte de una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas en el mundo. Juan Orlando utilizó su poder político, tanto como presidente de Honduras como presidente del Congreso, para canalizar a la fuerza pública de su país, al ejército y recursos financieros en apoyo a los narcotraficantes”.
Se trata, alegan los fiscales, de un solo esquema criminal en el que el ex presidente de Honduras era la cabeza.
Las pruebas que ofrecerá el gobierno, escribe el fiscal Damian Williams en su respuesta a la petición de los defensores de separar los juicios, mostrará que los roles de los acusados en la conspiración criminal se entremezclan y que JOH, Bonilla Valladares y Hernández Pineda “trabajaron juntos con objetivos comunes, métodos compartidos, y cometieron las ofensas alegadas como co-conspiradores”.
Se trata, explica un agente estadounidense que conoce de cerca el caso y habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, de que la fiscalía quiere construir una narrativa. “Es una narrativa muy poderosa que no es común en la persecución criminal en Estados Unidos. Es común que una fiscalía como la de Nueva York trabaje casos de grandes conspiraciones criminales, de narcotráfico u otros, como de corrupción en el caso del fútbol y la FIFA. Lo que no es común es que el jefe de todo sea un presidente, un jefe de Estado, por eso es más importante decir que hubo una conspiración y una empresa criminal que era el Estados mismo”, dice.
Otra de las estrategias de comunicación de la defensa, a través de la familia del ex presidente, ha sido presentar a JOH como un aliado de la lucha antinarcotráfico de Estados Unidos en Centroamérica, algo que decenas de funcionarios estadounidenses repitieron cuando Hernández era presidente. Uno de esos funcionarios es el senador republicano de Florida, Marco Rubio, quien se fotografió con JOH y lo calificó de “aliado incondicional” de Estados Unidos cuando ya la DEA investigaba el rol del hondureño en el narcotráfico en su país. Una de las casas de lobistas que Hernández contrató en 2020 para mejorar su imagen en Estados Unidos fue financista de la fallida campaña presidencial de Rubio en 2016.
Lo que hoy dice la fiscalía estadounidense en Nueva York desdice lo que el senador Rubio y funcionarios diplomáticos de Washington, como la ex encargada de negocios en Tegucigalpa Heide Fulton, dijeron alguna vez al calificar a Hernández de aliado.
“Juan Orlando Hernández, quien sirvió como presidente del Congreso Nacional de 2010 a 2014 y como presidente de Honduras de 2014 a 2022, usó su poder para permitirle a sus socios narcotraficantes operar con impunidad. Juan Orlando corrompió a la fuerza pública de su país, al ejército… permitió que se cometieran actos brutales de violencia sin consecuencias, protegió a sus socios de la extradición y aceptó millones de dólares de narcotraficantes para financiar sus campañas políticas”, describen los fiscales el mandato de JOH.
El documento fiscal también añade algo que los acusadores estadounidenses no habían dicho antes: con el apoyo de dinero del narcotráfico, dicen, Hernández cometió fraude para ganar su reelección presidencial en 2017.
