Una dura realidad para las personas venezolanas que están en tránsito migratorio reveló un informe realizado por la Procuraduría General de la Nación. El documento, llamado Situación de la población migrante en el Tapón del Darién y Cúcuta, alerta que persisten problemáticas como trata de personas, xenofobia, explotación sexual y laboral de menores de edad, microtráfico y abandono estatal entre la población migrante conocida como los caminantes.
Desde principios de 2021, la Procuraduría General de la Nación monitorea la situación a través de su delegada para los Derechos Humanos y procuradurías regionales y provinciales, con el fin de identificar necesidades de protección internacional, riesgos contra sus vidas y dificultades de acceso a servicios, emitir recomendaciones, y vigilar la respuesta institucional.
Atención en crisis
En un comunicado de prensa, la entidad precisó que al departamento de Norte de Santander, cuya frontera con Venezuela se extiende por al menos 500 kilómetros, ingresan en promedio 23.000 venezolanos diariamente por los tres puentes fronterizos existentes, según cifras reportadas por Migración Colombia (septiembre de 2022). Muchos viven en Venezuela, pero estudian y trabajan en Colombia; otros hacen parte del éxodo constante de ciudadanos de ese país en busca de una nueva vida acá o hacen tránsito hacia otros lugares; cerca del 25% se encuentran en situación migratoria irregular.
Durante su visita, en septiembre de 2022, pocos días después de que los gobiernos de Colombia y Venezuela decidieran reabrir las fronteras tras 7 años de cierre, el equipo la Procuraduría se encontró con la clausura inminente del Centro de Atención Sanitario Transitorio(CAS) ubicado en Los patios, municipio cercano a Cúcuta, en la ruta que toman los migrantes en su camino hacia el centro del país.
Allí se venían atendiendo, bajo la coordinación de la Secretaria departamental de Fronteras y con el apoyo de entidades estatales y organismos internacionales, al menos 200 caminantes diariamente, dando prioridad a adultos mayores, mujeres gestantes y lactantes, persona en condición de discapacidad y familias con niños; ofreciéndoles alojamiento durante 72 horas, en las cuales se les brindaba alimentación, atención psicosocial y en salud, asesoría legal frente a su situación migratoria y transporte humanitario para continuar su camino hasta las afueras del departamento.
El CAS se había consolidado como una solución efectiva a problemáticas como explotación laboral, trata de menores de edad, xenofobia esclavitud sexual, entre otras, que persisten en la zona, por lo cual la Procuradora Margarita Cabello denunció públicamente la situación y convocó a la institucionalidad para mantener el centro en funcionamiento o, de no ser posible, mitigar el impacto causado por su cierre.
Una selva de ilegalidad
Para los cerca de 160 mil caminantes que atravesaron en 2022 las 575.000 hectáreas que comprenden la selva conocida como El Tapón del Darién, límite natural entre Colombia y Panamá, rumbo a estados Unidos, los encuentros con serpientes venenosas, pumas y caimanes que allí habitan fueron el menor de sus problemas, la verdadera amenaza fueron los grupos armados ilegales, cuyas mafias controlan el tránsito de migrantes y ejercen toda clase de violencias contra ellos, como trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, incluida la mano de obra infantil, mendicidad y trabajo doméstico.
La Procuraduría pudo establecer que en los municipios de la zona (Urabá antioqueño y chocoano) permanecen grupos familiares con niños hasta por 10 días, a la espera de poder continuar su camino hacia centro y Norteamérica; sin recursos económicos, salud o alimentación, por lo que se han multiplicado los cuadros de desnutrición entre los menores de edad.
También conoció denuncias de las comunidades sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes involucrados en trata de menores para poder comer, así como afectaciones al orden público a causa de presuntos hurtos, prostitución y drogadicción.
A esto se suman los abusos por parte de las compañías privadas de transporte fluvial que están cobrando tarifas exorbitantes a los migrantes por los trayectos que deben recorrer hasta la frontera y una situación de salubridad pública en los municipios ante la falta de condiciones para preparar sus alimentos, aseo personal y brindar cuidados mínimos a su salud.
Una vez conocida la situación en el territorio, el Ministerio Público ha sostenido reuniones con diferentes entidades gubernamentales encargadas de la atención al migrante (ICBF, Cancillería, Ministerios de la Igualdad y Equidad, Comercio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte Fuerza Pública y Migración Colombia), para alertar sobre las diferentes situaciones y establecer compromisos tendientes a resolver la crisis.
Ante la magnitud de los hallazgos en las dos regiones fronterizas, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos emitió 48 recomendaciones a 12 entidades del orden nacional, departamental y municipal, para contribuir con la solución de esta problemática.
Además, planea realizar en los próximos meses una nueva visita a terreno con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas por las entidades responsables para enfrentar la crisis migratoria.
