El Gobierno de Venezuela citó este miércoles a la Cancillería al cuerpo diplomático acreditado en el país para “explicar” la situación real en el contexto postelectoral y para mostrar “pruebas” de la “violencia” desata por la oposición tras las votaciones del pasado 28 de julio.
Al menos 50 diplomáticos escucharon por casi dos horas los argumentos del canciller Yván Gil y del fiscal general Tarek William Saab sobre teorías de golpe de Estado, ataques cibernéticos -25’000.000 millones de ataques diarios- y planes de Estados Unidos para generar violencia en el país y desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Entre los asistentes estaban los representantes de México, China, Turquía, Guyana y España. El embajador de Colombia en Caracas no estuvo en la reunión.
Según el fiscal Saab, suman 27 muertes en las protestas desatadas tras las elecciones, de las cuales dos fueron en accidentes de tránsito generados por los obstáculos en las vías. Ninguna, dijo Saab en el encuentro, es «atribuible» a los «cuerpos de seguridad del Estado».
En una larga intervención en la que hacía un recuento del golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, Saab también afirmó que los responsables de las muertes son «grupos delincuenciales» organizados por la oposición.
«Literalmente, de todas las víctimas, el 70 por ciento fueron asesinadas por los grupos delincuenciales. Voy a decir la primera gran conclusión. Ninguno (muerto) atribuible a cuerpos de seguridad del Estado, ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Porque no tenemos una sola denuncia», aseguró.
El fiscal no habló del número de detenidos en las protestas, que según las mismas autoridades son más de 2.200. Lo que sí mencionó fue el número de heridos: unos 190, de los cuales «aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares».
Canciller denuncia un golpe de Estado con participación del Tren de Aragua
Durante el encuentro de este miércoles, el canciller Yván Gil insistió en que no había necesidad de mostrar las actas de votación del 28 de julio para certificar la victoria de Nicolás Maduro porque “ya hay un dictamen del Consejo Nacional Electoral” y lo que hizo el mandatario fue acudir al Tribunal Supremo de Justicia para “corroborar” los resultados del CNE.
En la misma línea discursiva del fiscal, Gil aseguró que detrás del “golpe de Estado” que se intentó gestar en Venezuela estaban las bandas delictivas de “El Tren de Aragua” y “El Tren del Llano”, que -aseguró- fueron “contratadas por la oposición”.
«Las pruebas nos llevaron a que el Tren del Llano y el extinto Tren de Aragua realmente lo que estaban siendo era contratados por la oposición para iniciar un golpe de Estado», dijo el canciller, que no mostró pruebas de las acusaciones.
Dijo que, además de las protestas en rechazo al resultado electoral anunciado por el CNE, también hay un «aparataje que se ha desplegado en las redes sociales» para cuestionar la reelección de Maduro e incitar a nuevas protestas.
Gil, además, cuestionó que en la Organización de Estados Americanos se “obligara” a los países a firman una resolución contra Venezuela. Un texto aprobado por consenso el pasado viernes y en el que los países instaron al CNE a publicar las actas que dan cuenta de la votación y a frenar las violaciones a los derechos humanos en el país.
En el discurso, el representante de la política exterior venezolana también insistió a los embajadores que vieran “la verdad” de lo que estaba pasando en el país, el cual “estaba en paz”.
El peritaje del TSJ validará victoria de Maduro
En el encuentro con los embajadores, no obstante, no se habló del bloqueo a la red social X -que ya supera los diez días fuera del aire- y otras plataformas, ni se hizo mención a las detenciones arbitrarias en el país. Muchas de las cuales han quedado registradas en transmisiones en vivo, como es el caso de María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela -organización de María Corina Machado- en Portuguesa.
Saab sí mostró videos de las agresiones a oficiales y quema de recintos, así como el derrumbe de algunas estatuas, entre ellas las de Hugo Chávez. Para Saab, esto es un «acto criminal».
Tampoco se hizo mención al peritaje que realiza el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre las actas de votación que están en su poder y que hasta el fin de semana alcanzaba un 60 por ciento de avance, según información difundida por el Estado.
Para la oposición, se trata de un procedimiento ilegal porque es el Consejo Nacional Electoral el que debe pronunciarse sobre las elecciones y no el Tribunal Supremo.
En ese sentido, Enrique Márquez, excandidato presidencial y quien se negó a firmar un documento ante el TSJ que instaba a reconocer el resultado de la elección, presentó ante el organismo una recusación contra la presidenta del máximo tribunal, Caryslia Rodríguez, alegando que hay razones sustanciales que comprometen su imparcialidad y capacidad para desempeñar su papel en el proceso judicial relacionado con las elecciones del 28 de julio.
Márquez fundamenta su recusación en la vinculación de la magistrada con el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Nicolás Maduro.
“El CNE es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. Sin embargo, contrariando el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), esa institución no cumplió con los lapsos previstos y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral”, expresaron por su parte María Corina Machado y Edmundo González en un comunicado en el que denuncian el accionar del TSJ.
