La ciudadanía permanece dividida en torno al grado de acogida que debería ofrecer al más de millón y medio de personas que han llegado al país huyendo de la crisis en Venezuela.
El presidente de Colombia, Iván Duque, promulgó en marzo del año pasado el Estatuto Temporal de Protección para migrantes de origen venezolano. La medida, excepcional en la región en medio del éxodo de personas que escapan del Gobierno de Nicolás Maduro, permite a aquellos que que se acojan un periodo de 10 años para adquirir una visa de residente. La iniciativa fue aplaudida por organismos internacionales y otros países, que consideraron que Duque marcaba con el camino a seguir. En el interior del país, sin embargo, la visión es diferente. Poco más de un año después de su aprobación, una encuesta realizada por 40dB para EL PAÍS muestra que una mayoría (52,5%) de la ciudadanía colombiana está en contra de esta medida. Un 42,4% se muestra de acuerdo (con apenas un 12,9% que señala un apoyo fuerte).
La sociedad colombiana se mantiene dividida respecto a las facilidades que el país debería dar a los migrantes en general (no solo venezolanos). Un 48,3% está bastante o muy de acuerdo con permitir reunificaciones familiares, frente a un 47,2% que no. Algunos más considerarían apropiado que puedan acceder a los mismos derechos y beneficios (54%) o a un puesto de trabajo (58%) que los nativos. Pero en todos los casos alrededor de cuatro de cada 10 apoyan poco o nada estas aproximaciones y en ninguno llega al 20% los que las apoyarían “mucho”.
Esta polarización en torno a la cuestión migrante se ha agudizado profundamente en los últimos años. Entre 2017 y 2021 Colombia pasó de albergar a menos de 100.000 ciudadanos venezolanos a más de millón y medio. En este tiempo, la opinión del colombiano medio sobre los recién llegados pasó de ser tibia o indecisa a escalar hasta más del 60% de desaprobación, según la encuesta bimensual de Invamer. A este cambio paulatino de la norma social han ayudado ciertas voces desde los medios y la política, como la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que, pese a su origen ideológico en el socio-liberalismo inclusivo, ha lanzado mensajes muy polémicos, proponiendo incluso la creación de un comando de policía especial para delincuentes migrantes. El pasado mes de diciembre, López se retractó tras una sentencia judicial.
En contraste, el presidente Iván Duque, pese a proceder de un partido con una fuerte vena conservadora, apostó por la acogida. Pero no lo hizo de manera inmediata. A finales de diciembre de 2020, en plena pandemia, su Gobierno pretendía excluir a los venezolanos en situación irregular de la entonces muy esperada vacunación contra la covid.
Estos vaivenes entre la élite política colombiana corresponden a la propia división de la opinión pública, entre el mantenimiento de la norma social y la pulsión xenófoba, favorecida por la incapacidad del Estado colombiano de cumplir de manera eficiente con las urgentes demandas de millones de personas que salen de su país en condiciones precarias, en muchos casos de extrema necesidad, hacia el primer punto de acogida posible. Colombia, un país con fuertes lazos históricos y familiares hacia Venezuela, es el destino más obvio, así sea como primera parada, hacia un futuro menos sombrío para todos ellos.
Para leer la nota completa, pulsa aquí
