El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, advirtió de «irregularidades» en el juicio al diputado venezolano Juan Requesens, acusado junto a otros 16 detenidos por el atentado a Nicolás Maduro, en agosto de 2018.
«La UE lamenta que el juicio no haya logrado hasta ahora dar las garantías adecuadas de transparencia y el debido proceso legal», indicó una portavoz de Borrell a través de un comunicado. En el mismo, Borrell afirmó que el arresto de Requesens ya constituyó una «clara violación de su inmunidad parlamentaria como miembro electo de la Asamblea Nacional de Venezuela».
Además, lamentó que «se haya denegado una vez más a sus diplomáticos el acceso como observadores a las audiencias de estos casos», lo cual «vulnera la legislación venezolana sobre la publicidad de las audiencias».
Borrell recordó que «irregularidades similares se observaron por desgracia» en el proceso contra Roberto Marrero -jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país, Juan Guaidó-, que permanece detenido desde el pasado 21 de marzo.
«Venezuela tiene una responsabilidad especial, como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos. Venezuela debe defender el pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales», subrayó Borrell.
Liberación de los presos políticos
Por otra parte, aseguró que la UE anima a las autoridades venezolanas a hacer cumplir las garantías legales y las disposiciones constitucionales relacionadas con el derecho a un juicio justo.
Según indicó, las autoridades de Venezuela deberían también «garantizar un proceso transparente contra todos los detenidos y liberar a todos los prisioneros políticos».
A su juicio, las autoridades venezolanas deberían igualmente colaborar con la Oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para el cumplimiento de su mandato, y en concreto consideró que se le debería conceder un «acceso sin restricciones» a todos los prisioneros políticos y sus juicios relacionados.
Requesens fue detenido el 7 de agosto de 2018 por funcionarios del cuerpo de inteligencia del país, mientras Maduro lo acusaba en transmisión obligatoria de radio y televisión del atentado en su contra.
