Desde el inicio del régimen chavista la disidencia y el pensamiento crítico han sido declarados enemigos de la revolución. Era de esperarse… los autoritarismos necesitan de una población sumisa, controlable y crédula del discurso oficial para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, las universidades se mantienen hasta el día de hoy como uno de los pocos reductos que le quedan a la democracia en Venezuela. El asalto a las universidades libres ha tenido diversas expresiones, pero todas bajo la misma lógica:
- La violencia: La toma del Rectorado de la UCV el 28 de marzo del año 2001 buscando con la fuerza lo que no lograron con la razón. Esta estrategia sería replicada el 30 de abril de 2019 con la también fracasada toma del rectorado de la UDO. Durante años también existieron -y permanecen hasta hoy en algunas casas de estudios- grupos armados, usualmente encapuchados pero también plenamente identificados, que generaban caos y zozobra en las universidades. Ambas expresiones violentas han fracasado en sus pretensiones de arrodillar a la universidad ante el pensamiento oficial.
- La asfixia presupuestaria: Desde el año 2007 las universidades públicas venezolanas han recibido exactamente la misma cantidad de dinero para sus gastos de funcionamiento. Consideren que -según la calculadora de inflación de Econométrica- la inflación acumulada desde ese momento hasta hoy es de 15.689.673.179%. Para el año 2019, la UCV recibió apenas el 32% de lo requerido -y muchas universidades recibieron incluso menos-. En términos reales, la Universidad Central dejó de contar en 2019 con 2.981 millones de dólares para cumplir con su elevada misión. Esto se traduce en el cierre de servicios, deterioro de la infraestructura, incapacidad de actualizar bibliotecas, laboratorios y aulas de clase, reducción de las actividades de investigación y extensión y en general, reducción de la calidad educativa de la universidad y de la calidad de vida de los estudiantes, profesores y trabajadores.
- La represión: Desde el 12 de febrero de 2014 hasta la fecha el régimen de Nicolás Maduro ha detenido a más de 15.000 personas por razones políticas, muchos de los cuales han sido miembros de la comunidad universitaria. Según la ONG Aula Abierta, nada más entre abril y julio de 2017 fueron detenidos arbitrariamente 339 estudiantes y 17 profesores universitarios. Sin contar las cifras de asesinados y torturados, las cuales también corresponden en su mayoría a estudiantes universitarios. Todo esto, por ser los universitarios los pioneros y líderes de las legítimas protestas pacíficas que han repudiado en la calle los desmanes de la dictadura.
- La intervención legislativa: En el año 2009 la Asamblea Nacional aprobó una Ley Orgánica de Educación (LOE) que contraviene los principios establecidos en la Constitución Nacional en materia educativa. El punto de afinque del chavismo ha sido el llamado «voto paritario» que le permitiría a los trabajadores administrativos y obreros votar en igualdad de condiciones en las elecciones universitarias, derecho reservado por la Constitución a la comunidad académica: estudiantes, profesores y egresados. Sin mencionar como mediante esta ley han tergiversado, instrumentalizado y descalificado a la educación en todos sus niveles.
- La imposición en la admisión: En el año 2015 se impuso el llamado «Sistema Nacional de Ingreso» que despojaba a las universidades del derecho a elaborar su propios mecanismos de ingreso, que permitían seleccionar a los estudiantes de acuerdo a su vocación, habilidades y destrezas y le otorgaba al Ejecutivo Nacional la asignación del 100% de los cupos universitarios, los cuales distribuía por mecanismos geográficos, socio-económicos y políticos, variables que en nada predicen el éxito en una carrera universitaria. Con esto, durante cuatro años las universidades han recibido un caudal de jóvenes estafados, a quienes les prometieron una carrera universitaria pero no les ofrecieron una educación media que los capacitara para enfrentarla con éxito.
- La intervención judicial: Desde el año 2011 el TSJ ha suspendido elecciones de autoridades, de representantes estudiantiles, gremiales y sindicales en las casas de estudio del país. Amparándose en argumentos írritos que parecen más chantaje que jurisprudencia han impedido la renovación de rectores, decanos, presidentes de Federaciones de Centros Universitarios, de Asociaciones de Profesores y de Sindicatos. Las más recientes habrían sido las sentencias emanadas a propósito de las elecciones estudiantiles en la UCV en 2017 y la UC en 2018. En el caso de las elecciones de autoridades, fueron suspendidas con el argumento de que los reglamentos electorales de las universidades no establecen el voto de trabajadores administrativos y obreros, cosa que si bien está acorde con la Constitución y la Ley de Universidades, contraviene lo establecido por la LOE chavista.
Y aún así, llegamos al 2019 y nuestras universidades públicas, autónomas, libres y democrática se mantienen de pie, formando a profesionales de altísimo nivel científico, cívico y humanístico. A pesar de todos estos ataques, las universidades siguen siendo espacios para el debate político, la propuesta cívica y la construcción de la democracia y la libertad que nos han sido arrebatadas, dotando al país de profesionales en todas las áreas del conocimiento y de líderes sociales y políticos que han orientado a la sociedad venezolana en sus luchas.
El 27 de agosto de 2019 se publicó en la página web del TSJ de la dictadura la sentencia 324 de su Sala Constitucional, mediante la cual ordenan convocar las elecciones de autoridades en la UCV y demás universidades nacionales. A continuación presento algunas ideas sobre la situación generada a propósito de la publicación de esta sentencia, para que puedan nutrir el debate de la comunidad universitaria ante la pregunta que todo ciudadano debe hacerse cuando las cosas no andan bien: ¿Qué debemos hacer?
- El fondo: El Tribunal Supremo de Justicia que emite la sentencia carece de legitimidad. Es una instancia compuesta por magistrados express cuyo nombramiento contravino todos los procedimientos establecidos en la legislación venezolana y que en su ejercicio ha servido como brazo ejecutor de la dictadura, en su afán de controlar y doblegar a todas las personas e instituciones del país. Sin embargo, el desconocimiento oportuno debió haber sido a las sentencias que suspendieron elecciones durante años, como hicimos los entonces estudiantes de la UCV a principios del 2017. En este momento el dilema aparece entre realizar las tan anheladas y demandadas elecciones a propósito de la puerta que abre este TSJ, lo que implicaría reconocerlo, o desconocer la sentencia y seguir sin las elecciones que tanto hemos exigido.
- Una puerta que se abre: Durante ocho años la comunidad universitaria ha exigido el ejercicio de su legítimo derecho a elegir a sus autoridades universitarias. En el caso de la UCV, las autoridades actuales fueron elegidas para un período de 4 años y ya han cumplido 11 años en funciones. Creo que no hace falta profundizar en el daño que produce dejar a una persona permanecer demasiado tiempo en el poder. Las universidades merecen, exigen y claman una renovación de sus autoridades que permita renovar sus estructuras, dinamizar su día a día y pasarle el testigo a una nueva generación de universitarios. Desde el 2008 todos los que hemos exigido estas elecciones, hemos recibido la misma respuesta: «No se pueden hacer porque el TSJ las suspendió». Ahora que eso ya no es impedimento, ¿qué argumento tendrán ahora quienes tanto repitieron esta frase?
- La violación a la Constitución, la Ley de Universidades y los reglamentos internos: Reconocer los mecanismos electorales que ordena la sentencia del ilegítimo TSJ implicaría desconocer la Constitución (Art. 109), la Ley de Universidades (Art. 30, 31, 32 y 65) y los reglamentos electorales de cada una de las universidades, para pasar a obedecer la tan enfrentada Ley Orgánica de Educación (Art. 34.3) y al propio Tribunal que ha violado todos los principios del derecho y la justicia. Las universidades se han negado a que actores de la comunidad universitaria no relacionados al ámbito académico (personal administrativo y obrero) formen parte de quienes toman la decisión de elegir cargos fundamentalmente académicos: rectores, vicerrectores, secretarios y decanos. Si bien a lo largo de estos años han surgido propuestas y contrapropuestas para destrancar la situación de las universidades con respecto a quiénes votan y cuánto valen sus votos, no se ha logrado un acuerdo. ¡Y qué dañino sería para la comunidad universitaria que la solución a una discusión interna venga dada por la sentencia de un agente externo!
- La Autonomía: La Constitución de la República consagra la Autonomía Universitaria como «principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes y egresados de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la nación» y establece que «Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento, y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley» (Art. 109). Más claro no canta un gallo. Para proteger los objetivos supremos de la universidad ningún otro poder, sea este político, económico o religioso, debe interferir en sus asuntos internos. Es por esto que las universidades han estado en la mira: Por su postura incómoda ante los que promueven el pensamiento único y la reducción del ciudadano a un simple peón de un sistema que lo controla. Las universidades, como el conocimiento, liberan, generan libertad, y ésto sólo lo pueden hacer en cuanto sean libres y no permitan que desde afuera les ordenen como funcionar, o como y cuando elegir (o no elegir) a sus autoridades.
- El mecanismo del TSJ: Desde que el entonces «máximo Tribunal del país» suspendió las elecciones de autoridades universitarias en el 2011 ordenando que los reglamentos internos fueran adaptados a la LOE, se ha suscitado un intenso debate en las casas de estudio sobre el meollo del asunto: ¿Deben votar los trabajadores administrativos y obreros para elegir autoridades académicas? Para quienes hemos estado involucrados en el activismo universitario nos sonarán familiares las expresiones 1×1, 1x1x1, voto paritario, voto proporcional, y muchos otros. Sin embargo, este TSJ impone una nueva fórmula: el voto por sectores. La elección requería de cinco registros electorales: de estudiantes, profesores, egresados, trabajadores administrativos y obreros, y para ganar se requeriría, además de la mayoría absoluta de los votos, haber ganado en al menos tres de los cinco sectores. Algunos pudieran decir que es un punto medio de entre las alternativas que se han esgrimido desde el 2011. Algunos incluso sacan cuentas de que con este mecanismo el propio chavismo estaría condenándose a sí mismo a perder una vez más todas las elecciones en todas las universidades.
- La relación de fuerzas: Es bien conocido por todos que el régimen no ha podido ganar ninguna elección estudiantil, ni profesoral ni de autoridades universitarias. En todas las elecciones en las que han presentado candidatos han salido vergonzosamente derrotados. Con esto, un candidato unitario de los sectores democráticos de la universidad podría ganar sin problema una elección bajo el reglamento interno de las casas de estudio, pero también con la condición de ganar tres de cinco sectores que ha impuesto este TSJ. Ahora bien, con los trabajadores administrativos hay un poco más de matices: en algunas universidades han ganado siempre los dirigentes eminentemente universitarios, y en otras los representantes de la dictadura. En el caso de los trabajadores obreros la correlación de fuerzas cambia, siendo que mayoritariamente han ganado sectores oficialistas. Pero cabe acotar que los tiempos han cambiado. Los trabajadores universitarios han sufrido también los embates hambreadores y deshumanizantes de la dictadura y se han enfrentado frontalmente a la ella. El autoproclamado «presidente obrero» debería más bien temer el rechazo creciente entre sus «colegas» (sin ánimos de ofender a los trabajadores), en vez de estar tan confiado con que otorgándoles el voto podrá controlar las universidades venezolanas.
Pareciera que las alternativas se reducen a dos: hacer las elecciones o no hacerlas. Sin embargo, también en esto hay matices: Se podrían hacer las elecciones desconociendo los mecanismos impuestos, hacerlas como manda el TSJ, o no hacerlas en defensa de la autonomía y/o en desconocimiento del ilegítimo tribunal. Hacer las elecciones permitiría lograr la tan ansiada renovación de las autoridades, propinarle una serie de derrotas consecutivas a la dictadura y fortalecer el músculo universitario mediante la movilización de su comunidad, pero sería incoherente con la postura de desconocer a este TSJ y, dependiendo de las condiciones que acepte la universidad para contarse, los principios autonómicos y constitucionales. No hacer las elecciones mantendría a las casas de estudio coherentes y consecuentes con las banderas de lucha que han enarbolado, pero les impediría renovar las autoridades y pudiera exponerlas a alguna sanción o intervención mucho más frontal, considerando que muchas de ellas ya han -a los ojos de la dictadura- desacatado una sentencia previa y estarían reincidiendo en esta conducta.
En todo caso, en este texto no me he decantado ni por una decisión ni por la otra. Creo que sólo el debate y el acuerdo de la comunidad universitaria podrán atravesar victoriosamente esta nueva afrenta. Con firmeza, determinación y cohesión, cualquier decisión se tornará en una oportunidad para la universidad; pero una decisión tomada sin contundencia, sin el apoyo suficiente y sin el necesario debate, me temo que pondrá a las casas de estudio en un nuevo jaque mate.
No permitamos que eso ocurra. No se trata de una decisión jurídica, sino política. Y se trata de una decisión que involucra al presente y futuro de nuestra nación, porque nada tiene más futuro dentro de sí que la institución que se cuestiona, sueña, construye y alcanza una sociedad cada vez más justa y más humana, y eso es precisamente lo que le genera pánico a la dictadura.
Ing. Hasler I. Iglesias Y.
