Varios presidentes latinoamericanos y representantes de organizaciones de DDHH rechazaron la validación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de los resultados de las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron como vencedor a Nicolás Maduro.
Varios presidentes latinoamericanos y representantes de organizaciones internacionales defensoras de DDHH dijeron este jueves que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela consolidó un fraude electoral al convalidar los resultados de las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
Los primeros en levantar la voz al respecto fueron los mandatarios de Chile y Uruguay, luego se sumaron los de Paraguay y Guatemala.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que el TSJ terminó de “consolidar el fraude”, dijo que su país “no reconoce” lo que calificó de “falso triunfo autoproclamado de Maduro” y sostuvo que la sentencia está signada por la «infamia».
“No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, escribió en su cuenta en X.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno de Maduro confirmó “el fraude”.
“Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en la defensa de la causa venezolana”, expresó en X.
Santiago Peña, presidente de Paraguay consideró «inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos»; mientras que Bernardo Arévalo, de Guatemala, afirmó que «el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude».
La oposición venezolana denunció que la Sala Electoral del TSJ validó un “fraude electoral” usurpando funciones del Poder Electoral y calificó de “nula” la sentencia, tras un opaco peritaje liderado por el TSJ, considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, luego de que Maduro introdujo un recurso para “investigar, certificar y validar” los resultados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero, tres semanas después del proceso, no ha divulgado los resultados desglosados.
La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
El Consejo de DDHH de la ONU recordó este jueves que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha alertado sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del TSJ y el CNE.
Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Right Watch (HRW), dijo que la decisión del TSJ es un “burdo intento por encubrir judicialmente el fraude electoral” y subrayó que es un organismo que “no es imparcial ni independiente”, por lo que aseguró que la comunidad internacional debe seguir exigiendo una verificación creíble por parte de un “tercero imparcial”.
WOLA, una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, también instó a la comunidad internacional a continuar solicitando una verificación “transparente e independiente” y a respetar la voluntad del pueblo venezolano.
“La decisión del TSJ de respaldar los resultados del Consejo Nacional Electoral sin la evidencia necesaria demuestra su falta de independencia e imparcialidad”, dijo Carolina Jiménez, presidenta de WOLA.
Distintas organizaciones, entre ellas el Centro Carter, que envió una misión técnica para las elecciones presidenciales que ha sido cuestionada por el gobierno, había descartado que el organismo pudiera ejecutar una verificación independiente.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Brian Nichols, advirtió esta semana que “exigirá cuentas” a quienes permitan el “fraude electoral” y la represión en Venezuela. De acuerdo a fuentes consultadas por la agencia Reuters, Washington podría imponer sanciones a funcionarios venezolanos y sus familiares.
Los resultados electorales causaron masivas protestas que, en algunos casos, terminaron en actos violentos. De acuerdo al balance oficial 25 personas murieron y al menos 2000 han sido detenidas, muchas acusadas de terrorismo.
Varios países, entre ellos Brasil y Colombia, que han adelantado esfuerzos, hasta ahora infructuosos para destrabar la crisis política en el país, han pedido la publicación de “todas las actas originales” y la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Además, han expresado preocupación por la creciente “represión”.
El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que en principio sería confidencial y que finalmente fue publicado, expuso que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles. El gobierno afirmó que el documento está “plagado de mentiras”.
