“Los hechos demuestran que una minoría de venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar o por una requisa, son un factor de inseguridad en nuestra ciudad”. Esta fue una de las frases que pronunció Claudia López, alcaldesa de Bogotá, este jueves, durante el homenaje al patrullero Edwin Caro Gómez, asesinado por un migrante, hecho que cayó como una bomba en la opinión pública.
De acuerdo con el informe de Policía y, con base en el relato entregado por David Carvajalino, el compañero del patrullero Caro, el ciudadano extranjero Wilkerson Hernández Sánchez fue quien disparó contra el uniformado.
Por esta razón, anoche, se le imputaron los cargos de homicidio agravado consumado, tentativa de homicidio -en el caso de Carvajalino- y porte ilegal de armas.
City TV tuvo acceso a la versión del patrullero que acompañaba a Edwin Caro. Según el agente, en la requisa que le hicieron a los dos hombres que se movilizaban en una moto les hallaron dos armas de fuego metidas en una maleta. “Me sacaron las pistolas y nos empezaron a hacer tiros”, contó Carvajalino.
Xenofobia vs. integración
Si bien la mandataria precisó en su intervención que los hechos ocurridos en el sector de El Nogal la tarde de este miércoles no eran para que se “genere ningún acto de xenofobia”, sus palabras produjeron todo tipo de reacciones. Sonó, especialmente, su posición al decir que “no es la primera vez, desafortunadamente, y lo hemos denunciado con el general Gómez en nuestros consejos de seguridad, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos”.
Inmediatamente vinieron las reacciones en las redes sociales. Una de ellas fue la de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien trinó: “En lugar de culpar por xenofobia a los venezolanos debemos diseñar programas sociales de trabajo para incorporarlos laboralmente”.
También se pronunció el concejal Carlos Fernando Galán, quien tuiteó: “No podemos permitir que continúe esa estrategia de la alcaldesa para evadir su responsabilidad en la política de seguridad, política que es un evidente fracaso”.
Incluso hubo resistencia dentro de su propio partido. “No se puede caer en el error de señalar el origen de quien comete un delito, termina asociándose como determinante del mismo, sin que haya razón para ello. Alcaldesa, sigamos trabajando en la integración con los migrantes”, publicó la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas (Alianza Verde).
Pero, ¿qué dicen las cifras? Según datos de la Secretaría de Seguridad en 2018 fueron capturados 2.457 venezolanos inmigrantes; en 2019, 4.830, y en 2020, 3.903.
De acuerdo con Migración Colombia Bogotá tenía al cierre del año pasado 337.594 migrantes venezolanos en su territorio. Si se considera entonces el número de capturados en hechos delincuenciales del año pasado, se tiene que sólo 1% está involucrado en el crimen.
Eso es una cifra mínima. Además, según la Secretaría de Seguridad, apenas 2% de los hurtos a personas en Bogotá tienen involucrados a migrantes. Esto, en cifras de 2020, por ejemplo, indicaría que de los 82.169 hurtos a personas denunciados, 1.645 involucrarían a migrantes.
Ahora, aunque la alcaldesa haya resaltado en esta y otras ocasiones que los delitos cometidos por migrantes estén caracterizados por una especial violencia, no hay cifras precisas que lo muestren, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Hugo Acero.
Para María Clara Robayo, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, las cifras son la gran incógnita. “Los datos deberían mostrar cuál es la gama y la diferenciación de delitos. Pero es una constante en la región ver cómo los gobiernos locales relacionan la criminalidad con migración sin tener las cifras oficiales”, dice Robayo, y diferencia dos tipos de comportamientos frente a los números: “En algunas ocasiones se instrumentaliza y en otras, como en Europa, se ocultan para no generar alarma social”.
Sin embargo, si en algo coinciden autoridades y analistas, es que la población migrante es vulnerable a la captación de bandas criminales que los instrumentalizan.
“Antes de la migración, Colombia tenía estructuras criminales sólidas que se mantienen cuando, luego, llega una migración importante, vulnerable, con pocas oportunidades. Aunque no hay estudios públicos al respecto de población migrante en diferentes sectores, sí es fácilmente previsible que este tipo de situaciones pudieran suceder. La persona termina siendo revictimizada”, indica Robayo.
Frente a esto, la alcaldesa ha sostenido en el pasado que los migrantes son atractivos para las bandas en la medida en que, por su condición irregular, no son fáciles de identificar y judicializar. Para Robayo, en parte esto podría ser abordado con el naciente estatuto.
Ahora, en el campo preventivo, hay que reconocer que Bogotá tiene una gama de programas para atención al migrante. “En la antigua administración, esta fue la ciudad que más generó programas y fue una institucionalidad para atender un número creciente de migrantes. Pero se ha quedado corta porque cada vez llegan más”, indica Robayo, y resalta que el asunto no se puede abordar solo a nivel Bogotá, sino a nivel metropolitano.
A los 340.711 migrantes que hay hoy en Bogotá se suman, de una forma u otra, los 26.448 de Soacha o los 8.596 de Chía, y los otros miles de municipios de Sabana Centro y Sabana Occidente.
Lo desafortunado es que, mientras llegan las acciones en materia de seguridad para colombianos y migrantes y las de protección a poblaciones vulnerables, la xenofobia pulula en redes sociales.
A raíz del asesinato del patrullero Caro, y de las posteriores declaraciones de la alcaldesa, el Barómetro de Xenofobia, una plataforma que sistematiza la información relacionada a la comunicación de la migración, detectó que “las publicaciones xenófobas incrementaron en un 576%”.
Llamó la atención que las publicaciones relacionadas con la integración hacia la población migrante aumentaron en un 1.152 por ciento.
