La detención de dos venezolanos este martes 27 de junio en un control policial ubicado en la zona de Gosieweg, Willemstad, provocó la indignación de representantes de la comunidad venezolana en Curazao, que exigen al gobierno de la isla que tome medidas para evitar el maltrato, la discriminación y la persecución contra los migrantes.
Crónicas del Caribe | Pedro Pablo Peñaloza
“Los discursos del gobierno de integrar a nuestra comunidad en la vida social de Curazao, no dejan de ser un engaño reiterado y demuestran la poca importancia que se le da a la grave situación que vivimos los venezolanos en la isla”, denunció a través de una carta pública Natalia Josefina Molina Rodríguez, miembro de la diáspora criolla en Willemstad.
En otro operativo policial este martes 27 de junio detuvieron a un venezolano llamado Ramón Antonio Mavo Pérez, de 40 años de edad, albañil y líder de una organización deportiva local. Mavo Pérez fue capturado en su lugar de trabajo junto con otros migrantes. La esposa de Mavo Pérez, Yulimar del Carmen Palencia Gutiérrez, de 39 años de edad, está en un centro de reclusión desde hace siete meses, luego de que tratara de ingresar a la isla en un lancha que zarpó desde el estado Falcón.
Molina Rodríguez destaca que estos dos venezolanos ahora privados de libertad “tienen derecho a la información y a aplicar para una protección como en cualquier país del mundo, sin tener que pasar por un proceso administrativo y judicial que atropella y decide automáticamente deportarlos sin considerar sus argumentos y su situación de inmigrantes o refugiados”.
Amnistía Internacional señaló en febrero de este año que las autoridades de Curazao “continúan negando protección a las personas venezolanas, entre ellas niños y niñas, y las siguen deteniendo automáticamente en condiciones inhumanas”.
Aunque en su informe Amnistía Internacional reconoce que la administración del primer ministro Gilmar Pik Pisas ha dado “pequeños pasos para mejorar la situación de los derechos humanos de los venezolanos que buscan protección”, apunta que “sigue siendo difícil acceder a este procedimiento porque las autoridades no garantizan el acceso a la información y a la asistencia jurídica, especialmente a las personas detenidas por motivos de inmigración”.
La Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos (Pacuhr, por sus siglas en inglés) manifestó en abril su preocupación ante la posibilidad de que la reapertura de las fronteras con Curazao y Aruba, “pudiese generar aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular, constituyendo una inobservancia del Ordenamiento Jurídico Internacional”.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) estima que unos 14 mil venezolanos residen en Curazao, lo que representa prácticamente el 10% de la población total de la isla. R4V calcula que ya el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo supera los 7,3 millones.
Cansados
“¿Hasta cuándo hay que demostrar que la mayoría de nuestra comunidad huimos de un país en crisis y que buscamos mejor calidad de vida y tranquilidad en otros territorios?”, pregunta en su carta Molina Rodríguez, quien condena el hecho de que medios de comunicación y voceros oficiales de Curazao tachen de “ilegales” a estos ciudadanos, pues el término solo contribuye con la estigmatización de los venezolanos radicados en la isla.
“¿Hasta cuándo tenemos que sentirnos como delincuentes en las calles por el solo hecho de ser venezolanos y no tener residencia legal, lo cual también es producto de las lamentables políticas públicas en materia de inmigración, en donde pocos venezolanos han logrado obtener un estatus migratorio que les garantice esa tranquilidad a ellos y a sus familias?”, prosigue Molina Rodríguez en su misiva.
Ante la ausencia de un marco legal sólido y políticas públicas que ofrezcan garantías a estas personas, subraya que “nuestros jóvenes, mujeres y hombres son explotados en puestos de trabajo por más de 10 horas al día sin poseer ningún tipo de beneficio social”; al tiempo que “nuestros niños en las escuelas viven atemorizados junto a sus padres por no tener seguridad jurídica en cuanto a documentación legal que los respalde”.
Soluciones
“¡Basta ya del doble discurso y la mentira de integrar a nuestra comunidad y hacer todo lo contrario con estas detenciones arbitrarias que vulneran el derecho al libre tránsito y a la libertad de nuestros hermanos venezolanos!”, protesta Molina Rodríguez, quien demanda la liberación de los venezolanos detenidos y que se les respete “su derecho a un proceso de solicitud de asilo como dictan las leyes internacionales”.
Por último Molina Rodríguez solicita a los gobiernos de Curazao y Países Bajos, así como a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), trabajar de forma mancomunada en la definición de políticas públicas “que beneficien, apoyen y protejan a nuestra comunidad”, y reformar las leyes migratorias con la finalidad de cesar el hostigamiento contra los migrantes.
