El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó pocos avances en el establecimiento de las cadenas de mando de las responsabilidades de las autoridades superiores por las violaciones graves de los derechos humanos que ha documentado en Venezuela.
La oficina, a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, presentó sus observaciones sobre Venezuela recopiladas en un informe presentado en el 44° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.
La oficina señaló que continuó su diálogo periódico con el Ministerio Público venezolano y que observó algunos avances en la actuación judicial, incluida la investigación de 79 casos documentados de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad y 18 muertes en el contexto de protestas.
Determinó, sin embargo, que no se ha dictado ninguna sentencia definitiva.
En el informe se indicó que el gobierno de Nicolás Maduro informó al alto comisionado sobre el número de miembros de cuerpos de seguridad acusados de homicidio, imputados, privados de libertad y condenados.
“El equipo de las Naciones Unidas en el país recomendó que el país siguiera esforzándose por garantizar que los delitos perpetrados por funcionarios públicos se investigaran de forma rápida, exhaustiva e imparcial y que los presuntos autores, incluidos los de la cadena de mando, fueran llevados ante la justicia”, señaló.
Subrayó que recomendó al país aplicar efectivamente un programa de protección de víctimas y testigos.
Preocupación por las sanciones
La alta comisionada de las Naciones Unidas expresó asimismo su preocupación por el impacto grave para los derechos humanos que ha tenido la imposición de sanciones unilaterales a Venezuela.
“Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaban las condiciones económicas adversas y humanitarias complejas preexistentes y afectaban también a los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos”, dijo.
“A pesar de las excepciones humanitarias vigentes, el excesivo celo en el cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales había agravado la escasez de medicamentos y limitado las importaciones de alimentos”, añadió.
Resaltó que Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, también informó que los venezolanos estaban sufriendo una crisis económica que había generado disfunciones, escasez de alimentos y medicamentos, retrasos en la distribución y las consiguientes violaciones de los derechos humanos
Ley de terrorismo para perseguir
El equipo de las Naciones Unidas en el país determinó que la definición de terrorismo de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es vaga y que podía utilizarse contra los defensores de los derechos humanos, que se enfrentaban a actuaciones penales basadas en pruebas poco sólidas o que persiguieran formas legítimas de participación pública.
Señaló que se han utilizado delitos relacionados con la delincuencia organizada y el terrorismo formulados con vaguedad para estigmatizar y criminalizar a la sociedad civil y a los medios de comunicación. Y agregó que recomendó que Venezuela publicara el mandato y la autoridad legal de los tribunales antiterroristas y adoptara todas las medidas necesarias para garantizar su independencia, imparcialidad y transparencia, así como su estricto cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
Reducción en la tasa de asesinatos
El informe del alto comisionado para los derechos humanos indicó que los datos disponibles indicaron una reducción de la tasa de asesinatos en el contexto de operaciones de seguridad o protestas entre abril de 2020 y abril de 2021. Esto después de que miles de personas murieron en supuestos enfrentamientos con las fuerzas del Estado en los últimos años.
Advirtió el organismo que las cifras siguen siendo elevadas y que la mayoría de los asesinatos se atribuyeron a miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; y la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana.
Resaltó que recomendó al gobierno de Venezuela revisar las políticas de seguridad para aplicar las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos, en particular restableciendo el carácter civil de las fuerzas de policía, haciendo investigaciones de antecedentes, restringiendo las funciones de la FAES y reforzando los mecanismos de supervisión interna y externa.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
El alto comisionado afirmó que existen motivos razonables para creer que muchas de las muertes constituían ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado. Y recordó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos llegó a la conclusión de que los agentes estatales habían cometido violaciones de los derechos humanos a gran escala y señaló a determinadas personas e instituciones.
“El Acnudh recomendó que el Estado parte implementara una reforma integral de las instituciones y políticas de seguridad para abordar de forma efectiva los problemas de derechos humanos y ofrecer reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. El equipo en el país formuló una recomendación similar”, expresó.
Dijo que también documentó casos de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales contra personas por su presunta participación en acciones para desestabilizar el gobierno chavista. Asimismo, instó a las autoridades a poner en libertad, y sin condiciones, a todas las personas detenidas de manera ilegal o arbitraria.
“Las investigaciones de la misión internacional independiente de determinación de los hechos revelaron procedimientos penales plagados de irregularidades cometidas por agentes judiciales y de la fiscalía en todas las fases del proceso, lo que equivalía a detenciones arbitrarias”, añadió.
